Espionaje en Colombia

La trama de espionaje descubierta en el Ejército colombiano resulta incompatible con una institución al servicio de una democracia. Los informes conocidos el viernes documentan el seguimiento de más de 130 personas: periodistas, corresponsales extranjeros, opositores, políticos y el mismo jefe de despacho de Iván Duque, el presidente de la República, Iván Duque. La mera existencia de un aparato militar, por reducido que fuera, dedicado a interceptaciones ilegales cuestiona el control y la gestión de la institución.

Estos operativos, destapados por la revista Semana, se efectuaron entre febrero y diciembre, cuando el comandante del Ejército era Nicacio Martínez Espinel. El general, hoy en retiro, niega toda responsabilidad, pero tendrá que comparecer en la Fiscalía. Las denuncias están en fase de investigación. Pero las declaraciones de Duque y las decisiones del ministro de Defensa, Carlos Holmes, apuntan a una preocupante red de escuchas que llegó hasta el corazón del Estado. Once responsables de la cadena de mando han sido apartados de sus cargos.

Lo sucedido no puede quedarse en el terreno de las sanciones administrativas o de la actuación de la justicia, sino que debe ser una oportunidad para revisar a fondo la estructura del Ejército. No es la primera vez que Colombia afronta un escándalo de espionaje. Con Álvaro Uribe, a finales de la pasada década, el servicio de inteligencia del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) intervino las comunicaciones de decenas de opositores, magistrados y periodistas. El caso de las escuchas ilegales vuelve a asomar hoy, bajo nuevo semblante. El uribismo, que aglutina al sector más duro del partido que gobierna, el Centro Democrático, es precisamente la facción que más apoyo dio a Martínez Espinel y a quien fue su jefe, el exministro de Defensa Guillermo Botero.

Botero renunció en noviembre por ocultar un operativo contra las disidencias de las FARC en el que murieron ocho menores. Su gestión volvió al paradigma de la guerra, pese a que hace menos de cuatro años Juan Manuel Santos firmó la paz con aquella guerrilla, hoy desmovilizada y convertida en partido político, salvo algún grupo rebelde. La violencia y medio siglo de conflicto hicieron del Ejército una institución prácticamente inmune a la crítica. Pero las circunstancias ya no son las mismas. Según reconoce el actual ministro, los militares deben merecer su legitimidad ante la opinión pública. Denunciar, como ha hecho Naciones Unidas, el uso del espionaje para violar derechos humanos en lugar de protegerlos no supone ningún ataque a las Fuerzas Armadas colombianas. Todo lo contrario, significa defenderlas y abogar por su consolidación como engranaje esencial de la democracia.