Derechos humanos, cambio político y oportunidad para México

Desde 2017, soy relatora de la CIDH para los derechos humanos en México. En estos siete años he podido observar cómo, pese a las adversidades, México es un país que mantiene la apertura al escrutinio internacional y su compromiso con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Como comisionada relatora he sido testigo de primera mano de la digna lucha de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, sus familias y muchas organizaciones y colectivos que las acompañan en su búsqueda por justicia. Su empuje es de una fuerza vital: cuando mueven cielo y tierra para buscar a sus familiares; cuando reclaman por los feminicidios, por la inseguridad ciudadana, contra la impunidad, por sus territorios, por la libertad, por las infancias.

Se viene un tiempo de renovación democrática en México propicio para la reflexión en torno a los derechos humanos. El contexto electoral permite hacer balances y también mirar al futuro. En esta tarea, considero que el futuro de los derechos humanos en México debe atender prioritariamente la crisis de la desaparición de personas, la militarización de la seguridad pública y de tareas del Estado tradicionalmente desempeñadas por las instancias civiles, la protección frente a la inseguridad ante ciertos grupos de la población y –de modo transversal– la epidemia de la impunidad.

El reconocimiento de la crisis humanitaria de desaparición en México, con más de 100.000 personas desaparecidas, ha sido un paso fundamental para afrontar de modo serio esta grave situación. El reclamo de las familias y colectivos tuvo un eco poderoso y –bajo el liderazgo de la Comisión Nacional de Búsqueda– se reactivó el Sistema Nacional de Búsqueda y una serie de protocolos y lineamientos comenzaron a ser aprobados e implementados. Sin embargo, en los últimos meses todos estos avances se han visto debilitados por los cuestionamientos desde el alto gobierno al registro de personas desaparecidas y a las instituciones de búsqueda. Una política clara de búsqueda e identificación forense son tan necesarias como una estrategia preventiva de la desaparición y la reparación. Política y estrategia deben ser transexenales para reconocer los avances del pasado reciente y avanzar con determinación en próximas acciones.

La militarización en México es quizás el tema de mayor preocupación por su estrecha relación con el disfrute de los derechos humanos. La importancia de que la seguridad ciudadana se mantenga en instituciones policiales de tipo civil radica en que otros modelos militarizados han demostrado ser peligrosos. Cabe preguntarnos: ¿qué tan efectiva ha sido la militarización frente al crimen organizado? ¿las comunidades siguen desplazándose forzadamente por miedo? En los últimos años presenciamos reformas constitucionales y litigios ante la Suprema Corte sobre la Guardia Nacional que reflejan las tensiones sobre su naturaleza civil y policial. Es necesario sostener un diálogo plural y participativo sobre la política de seguridad que México necesita, orientada por los paradigmas de los derechos humanos.

La creación de institucionalidad y el desarrollo de protocolos y lineamientos para la protección de grupos en situación de exclusión, así como la emisión de sentencias que han garantizado la igualdad y no discriminación de los derechos sexuales y reproductivos, de las personas con discapacidad, de la movilidad humana, de la consulta previa, de la orientación sexual e identidad de género, entre otros, son avances importantes de los últimos años. Pese a este esfuerzo e impulso, México no ha logrado disminuir la violencia contra las mujeres. El país sigue siendo el más peligroso de la región para ejercer el periodismo y la defensa de los derechos humanos, superando el récord de asesinatos de personas que ejercen estas labores en el 2022. El desafío por una migración segura debe seguir construyéndose sin punitivismos y con el principal objetivo de garantizar el derecho a la movilidad humana.

El hacer frente a estos desafíos implica, entre otros, poner fin a la impunidad estructural en México. Acompañar casos de graves violaciones a los derechos humanos como Ayotzinapa refleja una crisis de impunidad profunda y enraizada en la procuración de justicia. La apertura de México permitió a la CIDH desplegar el máximo de sus mecanismos para coadyuvar con la investigación de modo independiente a partir del GIEI y desmontar la llamada “verdad histórica”, prestar asistencia técnica y apuntar desde el inicio donde debían centrarse las responsabilidades penales. Me llevo conmigo la resiliencia y la fuerza de las familias de los 43 estudiantes.

La estigmatización de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos se recrudece mediante el uso de discursos de altas autoridades que buscan desacreditar su labor. La criminalización de representantes jurídicos y periciales, como lo ocurrido en el caso de la masacre de San Fernando ejemplifican parte de esa macroestructura que busca evadir la justicia. Desmontar esas mal llamadas “verdades históricas” y romper “los pactos de silencio” en México son una agenda pendiente.

Acompañar a México desde mi rol como relatora ha sido un honor. Pensar en el futuro de los derechos humanos en México solo es posible siempre que las víctimas y sus familias sean su centro. Toda mi solidaridad con su lucha y su dolor. Saber que ahí estará su sociedad civil para defender los derechos humanos me genera esperanza.

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