Justicia restaurativa: Todos ganan

Como el juego de la pirinola, en el antiguo sistema de justicia penal mexicano todos perdían. Cualquier delito cometido tenía que castigarse necesariamente con prisión. Así, el Ministerio Público perdía tiempo integrando miles de averiguaciones previas por delitos menores en lugar de concentrarse en la investigación de casos graves. Los jueces perdían autoridad porque nunca llegaban a conocer a la persona que juzgaban, de carne y hueso, y muchas veces se veían obligados a imponer prisión en contra de su convicción, porque así se desprendía de un grueso expediente de papel integrado sin más y previamente, que tenía valor probatorio pleno. Los inculpados perdían porque, como estaban las cosas, muy poco podían hacer por defenderse (la presunción de inocencia no existía en la realidad), sus únicas opciones eran todo o nada, es decir, o salir absueltos, o terminar condenados, y por lo tanto ponían todos sus recursos en buscar la absolución, al costo que fuera, incluso por corrupción. Lo peor: las víctimas perdían porque casi nunca se les reparaba el daño y, cuando lo lograban, era después de costosos y tardados procedimientos legales. Así, la sociedad en su conjunto perdía la justicia que reclamaba. Todos, pues, perdían.

El sistema de justicia acusatorio que adoptó México a partir de 2008 apostó por lo contrario: porque todos ganen. Por lo tanto, se edificó sobre la base de que no todos los delitos tienen que castigarse necesariamente con prisión, sino atenderse a partir de la mejor solución para cada caso en particular, en donde la tarea principal es la protección de las víctimas, reconociéndoles sus derechos procesales y facilitándoles la reparación de los daños. Se adoptó así la llamada justicia restaurativa para que todos ganen: el Ministerio Público al descongestionarse de miles de casos que pueden resolverse tempranamente por acuerdos reparatorios y entonces concentrarse en la investigación de casos complejos. Los jueces, al recuperar la autoridad de decidir cuál es la mejor solución de cada caso, vigilando un equilibrio entre lo que se pide y lo que se entrega en los acuerdos reparatorios, así como en las condiciones para la suspensión de los procesos y la libertad de los imputados. Los acusados, que serán sometidos a procesos legales transparentes y no siempre acabarán en prisión, con lo que de paso también gana el sistema penitenciario al descongestionarse de internos que no deben estar encerrados. Lo más importante: ganan las víctimas pues en la inmensa mayoría de los casos pueden lograr la reparación de sus daños en forma suficiente y rápida, sin que por ello se genere impunidad. La sociedad, entonces, gana un sistema de justicia penal transparente, rápido, respetuoso de los derechos humanos y, sobre todo, eficiente. Todos, pues, ganamos.

La justicia restaurativa no quiere decir que haya impunidad. Todo lo contrario. En la inmensa mayoría de los delitos más comunes, como robos, lesiones, homicidios imprudenciales y en los delitos menores, en verdad lo que más quieren las víctimas es que se les repare el daño suficiente y rápidamente, independientemente de que el imputado vaya o no a la cárcel. Por su parte, los acusados están más interesados en dedicar sus recursos a reparar el daño y conseguir así una sanción menor a la prisión, que en destinarlos a defenderse en procedimientos largos, complejos y costosos. Así, la justicia restaurativa logra que los delitos graves sean castigados con cárcel, sin duda, pero sobre todo que, en los demás delitos, los daños causados sean reparados y que los imputados sufran una consecuencia racional y equilibrada por sus actos u omisiones, contribuyendo así a la reconstrucción del tejido social mediante la solución de casos en la mejor forma posible para todos los involucrados.

Desde luego, la justicia restaurativa es una idea disruptiva. Cuesta trabajo hacer a un lado el deseo de venganza, de ver tras las rejas a todo aquel que ha cometido un delito, y aceptar que muchas veces la prisión es la peor alternativa pues destruye familias, genera problemas sin fin y evita la reparación de daños. Pero hay que hacer camino al andar comprendiendo que los delitos graves siempre serán castigados con prisión y que en los demás casos bien vale la pena aplicar una solución distinta al juicio oral, como son el criterio de oportunidad, la suspensión condicional del proceso, y, la más importante, el acuerdo reparatorio entre víctima y victimario, desde luego con intervención ministerial temprana y vigilancia judicial.

El caso de la línea 12 del Metro es un buen ejemplo de justicia restaurativa: se ha puesto a la reparación suficiente y rápida de los daños causados a las víctimas, por encima de la idea de meter a la cárcel por años a quienes intervinieron en su construcción. Desde luego, se han hecho imputaciones para que servidores públicos sean castigados penalmente, pero hoy vemos que el tramo accidentado se está reconstruyendo para beneficio de los usuarios, que las familias de quienes lamentablemente murieron han recibido compensaciones razonables y que las personas lesionadas han sido atendidas desde el inicio y lo siguen siendo para su total recuperación. Si no hubiera sido así, hoy veríamos a muchas personas en la cárcel, sí, pero también al tramo dañado sin ninguna reparación y a las familias y víctimas directas enredadas en un viacrucis eterno y costoso para hacer valer sus derechos. Con sus mejoras, es una fórmula que debe seguir implementándose en donde sea procedente.

Sin lugar a dudas, una justicia restaurativa sin impunidad en verdad pone la pirinola en el esperado “todos ganan”.

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