Reforma judicial en México: hay que ver el bosque, no sólo el árbol

Es un hecho incontrovertible que la impartición de justicia muestra una notoria crisis de legitimidad, agravada en las últimas décadas, que volvió apremiante que los poderes de la Unión, desde nuestros propios tramos de responsabilidad y competencias, asumiéramos una posición irreductible hacia un cambio en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Se tiene que aceptar que en México la democracia se atrofió y que el Poder Judicial sufrió un deterioro inocultable, como consecuencia de la corrupción, la deshonestidad, el nepotismo y la compra de resoluciones al mejor postor; sin desapercibir el enorme cúmulo de privilegios que mantiene, en un país en donde la pobreza causa estragos.

Nunca en la historia del Poder Judicial se habían presentado desencuentros tan profundos entre éste y el titular del Poder Ejecutivo federal, como actualmente con el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien surgió de un movimiento social genuino que le otorgó una legitimidad indiscutible.

Tampoco, en décadas, se había tenido noticia de una confrontación tan directa del Ejecutivo federal con los medios de comunicación convencionales y los órganos electorales, acompañados del poder económico, que en el país se concentra en pocas manos.

Sin embargo, en el Congreso de la Unión dejamos de lado divergencias naturales de nuestra filiación política —coyunturas que, en múltiples ocasiones, nos han separado— y, privilegiando la deliberación plural, pudimos analizar, discutir y aprobar una reforma sin precedente en materia de justicia, en un ejercicio de Parlamento abierto y escuchando la opinión de la judicatura.

Se trata de una reforma integral que —se debe reconocer— nació de una visión autocrítica de la propia judicatura y que fue avalada por el Ejecutivo federal.

Sobre la resolución del Poder Legislativo de otorgar una extensión al cargo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para llevar a cabo la reforma sin que su periodo se prolongue, se han expresado miles de opiniones, que han conducido al país a una polarización en la materia.

No obstante, sostengo que la Suprema Corte asumirá el rol principal para determinar la constitucionalidad del acto, analizando y discutiendo con total imparcialidad y responsabilidad la regularidad reglamentaria de la judicatura.

Las críticas centran el debate sólo en un árbol dentro del inmenso bosque que representa este amplio y robusto ejercicio legislativo, el cual, como pocos, es resultado del trabajo conjunto de los tres poderes de la Unión: expresión de equilibrio y colaboración que, en palabras del expresidente de la Suprema Corte de Israel, Meir Shamgar, “hace posible la independencia en un contexto de supervisión recíproca definitiva”.

A ello nos convocó este debate parlamentario. El bosque que representan las reformas al PJF debe ser observado, criticado y explicado en su integridad a la sociedad. De lo contrario, estaremos faltando a nuestra obligación de acercar e informar a la ciudadanía el contenido de una reforma aprobada por amplios consensos de todas las fuerzas políticas, que incluyó por primera vez como sus destinatarias a las personas justiciables olvidadas de siempre.

La reforma al PJF es producto de un proceso de colaboración institucional que apuntala la instauración de una mejor impartición de justicia, más transparente, más capacitada, más profesional e independiente, que rompa con las arraigadas prácticas de nepotismo y amiguismo que tanto daño le han hecho a la legitimidad de la judicatura.

Son necesarias las voces de la academia, de la sociedad civil organizada y del ámbito intelectual sobre los retos y las perspectivas de la reforma integral. Pero también sobre sus grandes bondades y, por qué no señalarlo, sus posibles omisiones. Es imprescindible que esa deliberación pueda ser conocida, comprendida y recibida por todas las personas.

En el Congreso de la Unión se discutieron ampliamente los elementos necesarios para garantizar un desempeño ético, profesional, independiente y eficaz de quienes integran la Judicatura Federal —que urge tenga eco en los poderes judiciales locales—.

Apostamos a que con estos cambios el PJF recupere, con su propio actuar, los niveles de confianza social que exige el preeminente lugar que ocupa en el entramado institucional.

Las modificaciones normativas están orientadas a consolidar la profesionalización de las personas servidoras públicas del PJF, con una escuela judicial de formación especializada; el establecimiento de una carrera judicial para todas las categorías, que garantice que quienes ocupen esos espacios cuenten con las calidades y cualidades requeridas para el cargo. Lo anterior, a través de criterios objetivos de profesionalización y estándares éticos por parte de las y los participantes de esa alta función.

Con tal enfoque se normaron mecanismos para reforzar las facultades institucionales de combate a la corrupción y al nepotismo en el interior de la Judicatura Federal.

Asimismo, las necesidades de justicia para romper las enormes asimetrías entre las mexicanas y los mexicanos nos demandaban revitalizar el rol y las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello se delinea un sistema de justicia que le permita, mediante la deliberación profunda, crítica e independiente de sus integrantes, concentrar sus esfuerzos para dotar de contenido a los valores constitucionales, y fijar criterios generales sobre los temas de especial interés y trascendencia en la recepción de los derechos que garantizan la dignidad y la vida de las personas.

Se pretende, asimismo, que los precedentes lleguen a todos los rincones del país con la oportunidad necesaria para que vinculen a todas las personas juzgadoras a resolver con justicia y equidad. Estaremos pendientes de su actuar.

El fortalecimiento del debate en el seno de los tribunales de alzada, transformando los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación, garantiza de mejor manera el recurso judicial efectivo, al incorporar un proceso deliberativo plural en la resolución de cada asunto, y borrando, con ello, la discrecionalidad y la parcialidad que en algunos casos se ha acusado. Una integración colegiada favorecerá la materialización de los principios que orientan al sistema de justicia adversarial oral.

La adecuación integral del marco constitucional y legal pretende sentar las bases para que el PJF esté preparado para asumir el liderazgo al que está convocado, a fin de reconocer y proteger la dignidad humana y garantizar con eficacia y eficiencia el debido proceso y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ejes de la consolidación sustantiva de toda democracia.

No perdamos la oportunidad histórica de ocuparnos del bosque. Bienvenido el diálogo integral.

Ricardo Monreal es coordinador de Morena en el Senado mexicano.

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