Entre dos pandemias

López Obrador cierra dos años de su victoria electoral con la necesidad de resolver no una pandemia, sino dos pandemias. Primero, el coronavirus, que hasta ahora ha causado 27.769 defunciones, es decir, más muertos per cápita que el 90% de los países del mundo. Segundo, los homicidios. De marzo a mayo, 7.506 personas murieron asesinadas en México, un incremento de 150% con respecto a 2006.

Los impactos de las dos pandemias son aún más claros cuando observamos el número de años de vida que han cobrado. Considerando que el promedio de vida en México va de 70 a 79 dependiendo del Estado y género, el coronavirus ha cobrado 438.000 años de vida y los homicidios 113.000. Comparando con la mortalidad causada por otras enfermedades, esto posiciona al coronavirus como la segunda enfermedad con mayores costos humanos para México, y la primera entre mujeres. Entre los hombres, el homicidio es la causa de mayores pérdidas de años de vida.

Ambas epidemias comparten algunas características. Un complejo y muy imperfecto sistema para medirlas, una fuerte correlación con la falta de capacidad del Estado mexicano, y sobre todo, ambas alimentan y son alimentadas por la desigualdad.

Los pobres mueren más de coronavirus. Estudios preliminares han mostrado que una de las variables que más se correlaciona con la probabilidad de muerte por el virus es vivir en condiciones de hacinamiento, que la letalidad prácticamente se duplica en los municipios donde más del 80% de la población es pobre, y que los contagios crecen más en sectores populares.

También se sabe que el coronavirus tendrá un impacto brutal en la pobreza. Se estima que al término de la pandemia México tenga entre seis y 11 millones más de pobres extremos. Los efectos ya se perciben con fuerza. Se estima que México ha perdido 12,5 millones de empleos y que, entre los que nos perdieron su trabajo, el ingreso disminuyó. Tan solo de marzo a abril, el país pasó de tener al 22% de las personas ganando el mínimo a tener al 26%.

La pandemia de la violencia también daña con particular fuerza a estratos pobres que se ven afectados por las actividades de los cárteles de la droga. De acuerdo con la SEDENA, el 60% de la producción de opio se concentra en Guerrero, un Estado donde el 67% de las personas viven en pobreza. La disputa por los territorios convirtió al estado en uno de los más violentos del país en 2017, concentrando el 9% de los homicidios aun si solo tiene al 2,5% de la población del país.

Los recientes cambios en las preferencias de consumo de drogas de Estados Unidos han doble-victimizado a las comunidades pobres productoras. Una reducción en la demanda por opio ha esparcido la pobreza en la zona. Campesinos en zonas productoras reportan que, con la caída en precios del opio, ya no pueden tener ganancias atractivas si compran fertilizantes.

Estudios académicos también han identificado relaciones entre desigualdad y violencia. De hecho, por cada punto de incremento en los índices de desigualdad la tasa de homicidios se incrementa en 36 puntos. Quizá por la misma razón el surgimiento de autodefensas es más común en los municipios más desiguales de México.

El Gobierno mexicano no ha logrado disminuir ninguna de las pandemias porque ante ambas se ha apostado por la austeridad. El gasto público solo ha aumentado en 0,8 puntos del PIB con respecto al año pasado, y salvo la entrega de despensas, no se cuenta con un solo programa federal para apoyar a los desempleados. En otros países se han realizado programas de 12 o 15 puntos.

El presupuesto en seguridad pública, si bien ha aumentado, se mantiene extremadamente precario son tan solo un gasto total de 0,43 puntos del PIB. Un gasto muy bajo. Los policías en México son trabajadores precarios, con jornadas laborales inhumanas y que, en ocasiones, se ven obligados a financiar parcialmente el equipo con el que trabajan.

Más aún, la apuesta en materia de seguridad está en la militarización policial. Con un decreto emitido en mayo el Gobierno intenta disponer del Ejército y la Marina en labores de seguridad pública. Ello es preocupante pues el Ejército no está entrenado para ser policía y para lidiar con crímenes comunes. La forma en la que se lidia con carteles no es la misma con la que se debe regular al ciudadano común.

Así, México yace inmerso en un círculo vicioso donde tanto la violencia como el coronavirus están empujando la desigualdad y alimentándose de ella. Y en donde las herramientas que se están utilizando para atemperar las muertes no están funcionando pues se basan en la premisa falsa de que la austeridad y la militarización con el remedio adecuado.

Urge un cambio de rumbo. Solo un incremento del gasto en salud sin precedente hará que la pandemia pueda reducir su costo humano. Combatir la violencia también requiere, no solo un aumento en el presupuesto de seguridad, sino programas amplios que hagan que los jóvenes no se sientan atraídos hacia la ilegalidad ante la falta de oportunidades en los mercados laborales formales.