La mano dura de López Obrador

Ante la mirada impávida de grandes empresarios, el agravio de despachos fiscales y la indignación de la plutocracia mexicana, la más importante transformación fiscal de las últimas décadas avanza en silencio, pero sin recato. López Obrador, el jefe de un Estado que es la decimosegunda economía más grande del mundo pero que recauda menos que el 75% de los países, ha apostado a cambiar la situación. Lo celebro.

El presidente busca aumentar la recaudación fiscal siguiendo una estrategia tan simple que parece ingenua: cobrar. No habrá cambios legales, ni nuevos impuestos. Las tasas permanecerán idénticas. La apuesta de López Obrador es llana y concreta: se hará que quien debe más de 8 millones de pesos anuales al fisco pague lo que debe o se atenga a ir a prisión. Mano dura.

Deber 8 millones de pesos al fisco no es cosa fácil. Al trabajador mexicano promedio le tomaría 94 años ahorrar dicha cantidad si no se gastara un solo peso de su sueldo. La esperanza de vida es de 75.

La apuesta de López Obrador es sencilla pero muy heterodoxa. Existe un consenso entre expertos y fiscalistas de ambos lados del espectro ideológico de que aumentar la recaudación requiere, no solo cobrar, sino reformar el código fiscal. A la derecha, se piensa que la única manera es imponer impuestos a alimentos y medicinas. A la izquierda, se habla de aumentar las tasas impositivas que pagan los ultra-ricos.

En este texto descifro la lógica fiscal de López Obrador y explico por qué debe ser tomada más en serio de lo que parece. Describo con detalle las herramientas que está utilizando para cobrar y sus impresionantes resultados inmediatos. Hablo de las limitantes legales de su modelo, pero también de la exquisita superioridad narrativa y política de sus planes. Explico lo que estimo serán sus siguientes pasos y las principales tentaciones que deberá sortear para tener éxito.

La lógica

La teoría de López Obrador, de que no es necesario aumentar impuestos sino recaudar los existentes, no es del todo descabellada. En México, cada año se evaden 221 mil millones de pesos de Impuesto Sobre la Renta (ISR) y 215 mil millones de pesos de impuesto al valor agregado (IVA). Con lo evadido el sistema de salud podría ser 66% más grande y se podría más que duplicar el número de trabajadores de la salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social.

En ciertas áreas la evasión se ha vuelto la norma. Entre los mexicanos con más de una casa, el 73% cobra arrendamiento sin pagar impuestos. Esto equivale a pérdidas por 27 mil millones de pesos, lo suficiente para construir 15 hospitales generales. Además, México recauda menos impuesto predial que paraísos fiscales como las Bahamas y Barbados.

A nivel estatal la situación es peor pues los gobernadores simplemente han renunciado a recaudar impuestos para ganar votos. En 2012 se les hizo responsables del cobro a la tenencia, impuesto que representaba una quinta parte de sus ingresos. Rápidamente lo eliminaron o recortaron. Hoy recaudan 23% menos que en 2012. Con lo que dejaron de recibir hubieran podido pagar 2.5 millones de pruebas de coronavirus para sus ciudadanos.

A ello se deben agregar los acuerdos de élite. Gracias a un juicio ganado por la organización Fundar, sabemos que de 2007 a 2015 se condonó el pago de 197 mil millones de pesos de impuestos, favoreciendo principalmente a los ultra-ricos. De hecho, de acuerdo con datos públicos del Servicio de Administración Tributaria, diez deudores se beneficiaron con uno de cada cinco pesos condonados. Destacó BBVA Bancomer, Productos Roche y Grupo Lala. De hecho, tan solo un año después de la condonación, BBVA Bancomer ya le debía otra vez al fisco.

Las deudas sin cobrar por el Estado mexicano ascienden a 211 mil millones de pesos. Así mismo, López Obrador ha denunciado que tan solo 15 empresas son responsables de 50 mil millones de pesos de adeudos. Las deudas de estos 15 contribuyentes equivalen al presupuesto completo de siete secretarías de estado. Finalmente, están los paraísos fiscales donde exdirectores de PEMEX, renombrados contratistas y socios del Chapo Guzmán comparten estrategias fiscales.

En México la evasión es un deporte que López Obrador piensa terminar.

Las herramientas

Ponerle un alto en seco a la evasión fiscal le daría más recursos al gobierno mexicano que cualquier reforma fiscal de la que tenemos memoria. De 1990 a la fecha, la reforma fiscal que más recursos logró generar fue la de 2014 cuando, luego de la eliminación de ciertas excepciones y la creación de la factura electrónica, la recaudación aumentó en 2.2 puntos del PIB. Bueno, pues aún esa reforma sería poca cosa.

Si se lograra eliminar la evasión de IVA, ISR, impuestos al arrendamiento, y si se empujara a los gobernadores a cobrar predial al menos al mismo nivel del promedio de América Latina, se recaudarían 2.4 puntos del PIB adicionales.

Para lograrlo, el Gobierno mexicano ha comenzado una serie de cambios en su estrategia de cobro, siendo dos las principales.

Primero, la cancelación de sellos. Anteriormente el fisco utilizaba la cancelación de sellos como un último recurso luego de múltiples audiencias. Ahora abogados fiscalistas explican que los sellos se cancelan con tan solo no acudir a una cita. Sin sellos una empresa queda inhabilitada para hacer cobros y por tanto operar.

Segundo, la vía penal. En los casos en los que los adeudos al fisco sean mayores a 8 millones de pesos, la defraudación fiscal se puede ligar con asociación delictuosa. Esto aumenta enormemente el costo de evadir. Anteriormente, la probabilidad de tener un juicio era mínima y aún si se perdía, el castigo más común era simplemente pagar el adeudo con recargos. Hoy, defraudar al fisco puede ameritar prisión sin derecho a fianza.

Adicionalmente, se ha demandado que todos los contadores reporten públicamente las estrategias fiscales que les proponen a sus clientes, se han realizado más auditorías, y se ha mantenido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente sin un procurador.

La directora del SAT ha declarado que ha cambiado su estrategia de reuniones. En vez de tratar los asuntos con despachos fiscales corporativos se reúne directamente con los directores de consejos de administración. Así, ha comentado, en reuniones de solo 40 minutos los ha convencido de pagar lo que deben.

A nivel local la estrategia es más sigilosa. La federación está empujando a que los Estados cobren más impuestos al reducir la cantidad de recursos discrecionales que se les otorga a las entidades. Con menos recursos, los Estados ya han comenzado a aumentar los impuestos a la nómina, crear gravámenes ambientales, y hasta se discute si se debe poner un impuesto al mezcal.

La estrategia está funcionando. La recaudación ha caído ante la pandemia, pero no tanto como se habría esperado debido a que varias empresas han pagado sus adeudos. Sumando lo pagado por Walmart, FEMSA e IBM, en menos de un mes el SAT ha logrado cobrar 17.5 millones de pesos, lo equivalente al presupuesto completo de la Secretaría de Cultura por un año.

Así mismo, el SAT ha aumentado mucho su rentabilidad. Antes de que López Obrador tomara posesión por cada peso invertido en fiscalizar se obtenían 48 pesos, en 2019 se obtuvieron 80. Algo nunca visto.

Limitantes legales, éxitos políticos

Sin duda, la mano dura en la fiscalización hará que paguen, por fin, los que por muchos años se aprovecharon de sus posiciones de privilegio para evadir sus obligaciones. Lo celebro. Lo que preocupa es que caigan con el mismo peso quien haya incurrido en una falta menor, o no intencional. Esto no está bien.

El temor más grande de esta estrategia es que se preste al abuso. Contadores temen no poder defenderse si PRODECON continúa acéfala, y fiscalistas se quejan de que la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia tiene demasiados magistrados con una visión favorable al Gobierno federal.

Además, los castigos son desproporcionados. La prisión preventiva es una violación a la presunción de inocencia que debe abolirse del sistema de justicia mexicana. Por el contrario, ahora se abren puertas para que se use más.

El uso político de las auditorías y de la cancelación de sellos es una bandera roja. El discurso del presidente de que todos los que están con él son honrados, y los que están en su contra no, despierta temores de que las instituciones del Estado se usen de forma en extremo punitiva.

Independientemente de las críticas y temores, como muchos cambios hechos por López Obrador, esta reforma fiscal que no es legal sino operativa, es una estrategia políticamente muy astuta.

Con este plan, el presidente mexicano se concentra tranquilo en desenmascarar a una élite corporativa que solía ser intocable. En vez de discutir una reforma fiscal que fragmente al país en ganadores y perdedores, se centra en implementar las leyes con las que ya todos están de acuerdo pero que no aplicaban a una minoría. Una minoría que genera mucha animadversión.

Por su parte, la plutocracia sin un dejo de autocrítica no tiene arma alguna contra López Obrador. Sin comprender que ya no pueden seguir enriqueciéndose de un país con el que no contribuyen, observan la implementación de la ley como una venganza. Y solo atinan a decir que es una rencilla política. No atinan a hablar de su responsabilidad sino de su victimización. Solo se agravian.

Por décadas corporativos habían amenazado con dejar de producir en México si se les cobraban más impuestos. Lo que está pasando hoy en México muestra que no lo harán. La amenaza era falsa. En parte esto se debe a que muchas de las grandes fortunas en este país no han surgido de competencia e innovación sino de acceso privilegiado y poder de mercado. Por ello, si realmente se fueran de México, y dejaran de operar en un mercado cautivo, no queda claro que podrían sobrevivir. Quién sabe si serían competitivas. La verdad, sus productos no son tan buenos.

La tentación

En lo personal no me parece que el principal temor de esta reforma fiscal sea su uso político sino su conformismo. Una reforma que aumente 2.4 puntos del PIB la recaudación suena espectacular, pero en realidad no es ni remotamente suficiente.

Aún si se llegara a eliminar por completo la evasión, algo imposible porque existe evasión hasta en Dinamarca, México llegaría a recaudar solo 18.5 puntos del PIB. Esto es menos que Ecuador y Honduras, y solo 55% de lo que recauda Brasil.

Esto es, aún en el escenario ideal de López Obrador, México se quedaría sin dinero suficiente para tener un sistema de pensiones digno y programas sociales suficientemente amplios para reducir la pobreza.

Ello sin contar que los cálculos de recaudación se han hecho sin considerar el impacto que tendrá la pandemia. La reducción en la actividad económica que están causando las cuarentenas llevarán a una debacle en la cantidad de impuestos que puedan recaudarse. Y por tanto, comprometerán la eficacia que la estrategia pudo haber tenido en tiempos normales.

La realidad es cruda y aún más simple que la estrategia de López Obrador por cobrar impuestos. Al final del día él, o quien le siga, tendrá que lidiar con realizar una reforma fiscal progresiva, y de verdad. Ojalá sea López Obrador y sea pronto.