Fobaproa: así fue el rescate bancario que se convirtió en deuda pública en México

El turbulento 1994, marcado tanto por el levantamiento zapatista en Chiapas, la entrada en vigor del TLCAN y el asesinato del candidato oficialista Luis Donaldo Colosio, también supuso el año en el que estalló la crisis económica que trajo consigo la devaluación del peso. Contra todo pronóstico y lejos de la lógica discursiva de modernidad y desarrollo que se mantuvo durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, el alto déficit de cuenta corriente a causa de un gasto desmedido en obras públicas del gobierno saliente y una emisión histórica de bonos llevaron la crisis económica al terreno financiero: apenas cuatro años después de su privatización, el endeble sector bancario enfrentó una crisis sin precedentes, producto tanto del aumento de la cartera vencida, causado en buena medida por las elevadas tasas de interés variable, como por la alta especulación a partir de la liberalización financiera de los bancos, todo ante una débil regulación y bajo el amparo que, en el papel, ofrecía el Estado a la banca múltiple.

Ante el riesgo inminente de la quiebra de los bancos, cuya cartera vencida se triplicó hasta alcanzar el 44% a inicios de 1995, el Gobierno de Zedillo puso en marcha un conjunto de medidas dispuestas a salvar a la banca, todas financiadas por el Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro). Creado como una figura legal en 1990 durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, en el papel se trataba de un fondo de contingencia ante crisis financieras que pusieran en riesgo la solvencia de los bancos, tanto por el incumplimiento de sus deudores como por el retiro masivo de depósitos, con la capacidad para financiar o comprar cartera a la banca múltiple.

El rescate se convierte en deuda pública

En 1998, el Gobierno de Ernesto Zedillo propuso convertir en deuda pública los 552.000 millones de pesos (unos 65.000 millones de dólares) desembolsados en el rescate de los bancos de 1995. Uno de los principales críticos del Fobaproa fue Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente del extinto Partido de la Revolución Democrática (PRD), la fuerza política que supuso la única oposición formal a la conversión de los pasivos en deuda pública. En agosto de 1998, el PRD convocó a una consulta nacional y distintas movilizaciones contra el proyecto gubernamental; sin embargo, en septiembre del mismo año, un acuerdo impulsado por el PRI y el resto de facciones partidistas excepto el PRD sacó adelante la iniciativa y los pasivos del Fobaproa finalmente se convirtieron en deuda pública ante un creciente malestar social.

El Fobaproa fungió como un salvavidas para asumir las carteras vencidas de la banca a través de distintos instrumentos, como un programa de capitalización temporal que ofrecía crédito en dólares a los bancos mexicanos y sobre todo, un programa destinado a comprar la cartera vencida de la banca. Desde su puesta en marcha, el Fobaproa fue criticado ante la opacidad del rescate, las incógnitas sobre los montos destinados y sobre todo, sus beneficiarios. Si bien la versión oficial argumentaba que el salvavidas financiero se destinó para asegurar los depósitos de 13 millones de ahorradores, el enriquecimiento súbito de un grupo de banqueros y hombres de negocios allegados al Gobierno, algunos prófugos de la justicia, develó un doble rasero: mientras la carga de la nueva deuda pública impactó directamente en recortes al gasto social y empresas estratégicas en manos del Estado, el salvamento de algunos banqueros multiplicó su capital tras declararse insolventes.

La aplicación del Fobaproa inauguró un largo debate sobre su legalidad por incumplir las atribuciones marcadas en la Constitución para contraer deuda, además de la cuestionable decisión del Gobierno de elegir el tortuoso camino del rescate en lugar de optar por la nacionalización de la banca. La discusión también puso en el ojo público en los principales beneficiarios del rescate bancario y reveló como nunca antes los vínculos entre el poder económico y político en México. Tal fue el caso de Carlos Cabal Peniche, accionista mayoritario del Grupo Financiero Cremi-Unión, que huyó del país en 1994 y a pesar de ser extraditado en 2001, fue exonerado de todos los cargos en 2009. Los casos como el de Cabal Peniche encarnaron el vínculo entre el poder económico y político en México: en 1999, el empresario admitió al diario Milenio que contribuyó con unos 20 millones de dólares para distintas campañas presidenciales del PRI, incluida las de Luis Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo y la de Roberto Madrazo a la gobernatura de Tabasco. La polémica que rodeo al Fobaproa también fue clave para el resquebrajamiento del poder que ostentaba el partido, entonces una fuerza omnipresente en la política mexicana.