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El Gobierno de México intenta recuperar los 9,7 billones que dedicó a salvar bancos en 1995

Juan Jesús Aznárez

México, un país considerado clave para la estabilidad económica en Latinoamérica, se enfrenta a un problema heredado del pasado en plena crisis financiera en el área: ¿quién debe pagar los 65.000 millones de dólares (9,7 billones de pesetas) que el Gobierno inyectó en el sistema bancario en 1995 para evitar su derrumbe? El Gobierno de Ernesto Zedillo pretende convertir aquel fondo en deuda pública, una forma de distribuir el coste entre los contribuyentes. La oposición se niega, y la polémica crece en medio de continuas denuncias sobre el destino irregular del dinero.

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El proyecto gubernamental de convertir en deuda pública los 65.000 millones de dólares (9,7 billones de pesetas) desembolsados en el rescate bancario de 1995 centra agriamente la discusión política y económica en México, enfrenta al Ejecutivo de Ernesto Zedillo y al grueso empresariado con la oposición, y amenaza con envenenar las elecciones presidenciales del año 2000. "Se pretende que con los ojos cerrados aprobemos la conversión de los pasivos del Fobaproa (Fondo Bancario de Protección al Ahorro) en deuda pública", protesta Manuel López Obrador, dirigente del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), contrario a endosar al contribuyente la deuda contraída por las arcas públicas en aquella operación de salvamento. Este partido ha convocado una consulta nacional el próximo día 30 para que los mexicanos se pronuncien sobre el proyecto oficial.

Cadena de impagados

Tras la catástrofe financiera de finales de 1994, y las quiebras e impagados en cadena, el Gobierno tenía dos opciones: nacionalizar la banca o arbitrar fondos para salvarla. Optó por lo segundo. La oposición niega su apoyo al Gobierno, reclama precisiones sobre cómo se ejecutó el rescate, los criterios aplicados en concesión de las ayudas, y la lista de beneficiarios. La auditoria en marcha, y las órdenes de busca y captura dictadas por la justicia contra banqueros prófugos, el súbito enriquecimiento de hombres de negocios y de banqueros supuestamente con el agua al cuello cuando fueron ayudados por el Fobaproa certifican la comisión de irregularidades. El 18% de la banca mexicana, en estos momentos, pertenece al capital extranjero, con el BBV y el Santander en los primeros lugares.

El Fobaproa niega que hubiera beneficiado a grandes empresas y deudores y asegura haber atendido a los ahorradores. Los créditos y pagarés actualmente en sus manos provienen de los bancos intervenidos y de las compras de carteras vencidas. Para proteger a los depositantes, aportó capital y se convirtió en accionista de los bancos insolventes que intervino la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

De no haber actuado así, afirman sus titulares, los ahorradores no hubieran podido recuperar su dinero. De esta manera el Fobaproa se quedó como dueño de bancos que habían concedido créditos a pequeños y grandes deudores, y compró a otros bancos créditos previo compromiso por parte de los accionistas de aportar nuevo capital.

El pasado jueves, en una postura bien acogida por el Gobierno de Zedillo, el Partido Acción Nacional (PAN), conservador, vinculado a sectores empresariales, propuso convertir los pagarés en poder del Fobaproa en instrumentos de deuda que respalden el coste del rescate bancario. El Congreso, a través de un instituto de seguro de depósitos, controlarían su emisión y venta. Asimismo pidió que se reduzca el costo del rescate de los 552.300 millones de pesos actuales (65.000 millones de dólares) hasta los 252.000 millones.

Carlos Gómez, presidente de la Asociación de Banqueros de México, y del Santander-México, no desconoce el rechazo de la sociedad a correr con el desaguisado. "Hay muchos deudores que se embarcaron en proyectos que no funcionaron. Lo que se debe buscar es que aquellos que puedan paguen. Pero no debe generalizarse". Pero lo que está claro es que la oposición no quiere convertir en deuda pública créditos fraudulentos, y menos aquellos que financiaron a empresarios que aportaron fondos a las campañas del oficial Partido Revolucionario Institucional (PRI). En ese sentido promoverá juicios contra funcionarios, banqueros y deudores que obtuvieron o aprobaron créditos ilegales.

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