25 años después, fue el Estado: la Corte Interamericana condena a México por la desaparición del zapatista Antonio González

Antonio González Méndez desapareció el 19 de enero de 1999. El hombre, indígena chol y miembro del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), fue agredido por los grupos paramilitares que actuaban en Chiapas en connivencia con el Gobierno. Así lo considera probado una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), que sanciona a México por “vulnerar” el derecho a la verdad, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a la libertad de asociación, a las garantías judiciales y a la protección judicial. Han pasado más de 25 años, pero el tribunal internacional no duda: el responsable de la desaparición forzada de Antonio González fue el Estado.

Hace 30 años que una guerrilla formada por indígenas tzotziles, tzeltales, choles, tojolabales, mames y zoques se alzaron en la entidad más pobre de México. Tomaron algunas de las principales cabeceras municipales y exigieron al Gobierno central que se retirara de sus territorios. En respuesta, el Estado comenzó la ofensiva. Chiapas se tornó en una zona de guerra. El presidente Carlos Salinas de Gortari desplegó los uniformes de la Secretaría de la Defensa Nacional y ante la presión, dentro y fuera del país, buscó una tregua. Fueron años de negociaciones, pero el Gobierno siempre tuvo una estrategia paralela: a la vez que ofrecía diálogo, financiaba a grupos paramilitares que salían a la caza en la región. En ese contexto habitaba Antonio González.

Vivía en Sabanilla, en la región norte de Chiapas, tenía 32 años, una esposa, cuatro hijos y estaba empleado en una cooperativa zapatista. Pertenecía a las bases civiles de apoyo del EZLN y era simpatizante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que en esos momentos disputaba la popularidad histórica del PRI. En la tarde del 18 de enero llegó a su lugar de trabajo J. R. L. L., un muchacho de 17 años, identificado después por sus vínculos con el grupo paramilitar llamado Paz y Justicia. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba) recoge que esta agrupación está detrás de más de 4.500 desplazamientos, 85 asesinatos y 37 desapariciones en Sabanilla, Tila, Salto de Agua, Tumbalá y Yajalón.

Sobre Paz y Justicia, apunta también la sentencia de la Corte Interamericana: “Se le atribuye la autoría de violaciones de derechos humanos como ejecuciones, desapariciones, el bloqueo de varias comunidades y caminos, la quema de casas y el desplazamiento forzado de muchas familias y comunidades enteras. Estas acciones estuvieron, principalmente, dirigidas en contra de militantes del PRD y movimientos favorables a reivindicaciones indígenas, en particular de autonomía y propiedad de la tierra”. Desde 1997, este grupo recibió financiación por parte del Gobierno estatal de Chiapas, recoge el tribunal internacional, que afirma: “Actuaban con apoyo, tolerancia y aquiescencia del Estado con el objetivo de neutralizar a las fuerzas consideradas enemigas”.

Una hora de más de dos décadas

Fue con J. R. L. L. con quien se vio por última vez a Antonio González. A medianoche avisó a su esposa, Zonia López: en una hora estaba de regreso. Esa hora se extiende hasta hoy. Zonia interpuso el 20 de enero de 1999 la denuncia por desaparición. Ese mismo día el muchacho fue detenido, pero fue liberado cuatro días más tarde “por no existir hasta ese momento ninguna imputación directa de algún acto ilícito en su contra”. Al año siguiente se determinó su libertad definitiva “por no haberse reunido los elementos del cuerpo del delito”.

Aunque la policía judicial de Chiapas tenía órdenes de encontrar a Antonio, en los ocho años siguientes solo “realizaron diversas diligencias de investigación” hasta que el caso se reservó en noviembre de 2007. La Fiscalía Especializada en Justicia solicitó en 2008 que se reabriera el proceso. No sé consiguió hasta 2019. Desde entonces, la investigación se encuentra en manos de la Fiscalía contra la Desaparición Forzada de Personas de Chiapas. México informó ante la Corte que las autoridades, a nivel local y federal, han continuado dando “seguimiento puntual” al caso, así como llevando a cabo “acciones tendientes a dar con el paradero de la víctima”. Sin embargo, más de 25 años después no hay ninguna pista de Antonio González Méndez ni responsabilidad para sus agresores. El proceso penal continúa en “fase de investigación”.

Esto “sobrepasa los parámetros de razonabilidad en el tiempo insumido, encontrándose en total impunidad”, sentencia la Corte Interamericana. El tribunal internacional hace hincapié en que el hecho de que Antonio González perteneciera al pueblo indígena de chol, al EZLN y al PRD “torna esta impunidad en una cuestión particularmente relevante”: “Toda vez que posee un efecto no solo individual, sino también colectivo, en la medida en que la sociedad se ve impedida de conocer la verdad sobre la situación de violación de los derechos de una persona que participaba activamente en la vida política de su región”.

Además, la Corte relata el daño sufrido por su esposa, sus tres hijas y su hijo, que se vieron obligados a trabajar, desde muy pequeños, para poder mantener a la familia, “por lo que se vieron privados de sus estudios” lo que vulneró el derecho a la protección de la familia y de la niñez. “Que busquen a Antonio y me den sus restos. Que busquen también a los demás desaparecidos de la zona norte de Chiapas, pues sus familias también están sufriendo”, dijo Zonia durante una de las audiencias que se llevó a cabo ante la Corte. “Que encuentren también a Juan Regino, es el único que sabe dónde está Antonio”.

En el proceso con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (el paso previo a llegar a la Corte), el Estado mexicano reconoció de forma parcial su responsabilidad: aceptó los hechos del caso, reconoció las violaciones a derechos humanos que había provocado la falta de investigación debida (la Fiscalía tardó tres años en pedir la primera fotografía de Antonio) y la afectación a la familia de Antonio. Sin embargo, negó su responsabilidad por la desaparición forzada. Con esta base, el país trató de que la CoIDH no se pronunciara sobre el caso porque se trataba de cuestiones que ya habían sido “resueltas y aceptadas por las partes”. Sin embargo, el tribunal lo desestimó, porque recordó que aunque México reconozca parte de su responsabilidad no conlleva que se solucione el caso.

Ahora, más de dos décadas después, el tribunal internacional ordena al Estado a continuar con las investigaciones y con la búsqueda, a brindar tratamiento médico y psicológica a toda la familia de Antonia y a ofrecer a sus hijos becas de estudio. Además, exige que se publique el resumen de la sentencia en un medio de comunicación nacional, en una emisora de radio (en español y en lengua chol), y en las webs del Gobierno federal y de Chiapas. También pide que se denomine una sala de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas con el nombre de Antonio González Méndez. Sobre la indemnización, el Estado ya pagó a la familia una “compensación” de 1,3 millones de pesos (unos 67.000 dólares); sin embargo, la Corte —que incluye en su sentencia más vulneraciones a derechos humanos de las que aceptó el país— fija que México debe indemnizar a la familia con 100.000 dólares más por “los daños sufridos”.

Las sentencias de la Corte Interamericana son vinculantes. Aunque hace poco más de un año que el tribunal sancionó a México por tener a Daniel García y Reyes Alpízar más de 17 años en la cárcel sin sentencia y ordenó eliminar de su legislación la figura de la prisión preventiva oficiosa, para que situaciones como las de estos dos hombres no vuelvan a repetirse. En vez de cumplir con la resolución, el Congreso ha seguido incrementando los delitos que ameritan este tipo de prisión. Ahora, con esta última resolución, al Estado se le añade un nuevo pendiente.