El día después de la condena a García Luna: de la vía del testigo protegido, a la polémica por el peso de la prueba

Concluido en Estados Unidos uno de los grandes juicios del siglo XXI para México, el de su viejo zar antidroga, Genaro García Luna, aparecen en el horizonte cantidad de interrogantes sobre el mismo proceso, y también sobre las posibilidades del protagonista a corto y medio plazo. Este miércoles, un juez impuso una condena de 460 meses de prisión a García Luna por tráfico de drogas, entre otros delitos. El exfuncionario puede apelar, camino que, según su abogado, tomarán en las próximas semanas. La posibilidad de que se convierta en testigo colaborador, las dudas sobre la importancia de las pruebas en su contra y los procesos pendientes en México bosquejan su presente.

Había mucha expectación con la sentencia a García Luna, sobre todo al sur del río Bravo. México aguardaba impaciente los detalles de la pena impuesta al estratega de seguridad del Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), su longitud, los años que deberá permanecer en prisión. El exfuncionario, que pasó por buena parte de las agencias de seguridad mexicanas desde finales del siglo pasado hasta 2012, había sido condenado a principios de 2023, por un jurado popular, en Nueva York. Faltaba por concretar el tamaño de la condena, tarea del juez, disparador, a su vez, de todo movimiento futuro.

Pese a los dichos de su abogado sobre la apelación, es posible que García Luna opte por colaborar con la Fiscalía de EE UU, camino que facilitaría una reducción de su condena y una salida de prisión algo más temprana. Con la pena impuesta, el exjefe policial dejaría la cárcel pasados los 80 años. Por otro lado, la decisión del juez sobre la condena ha abierto un debate en México sobre los elementos que el jurado tuvo en cuenta en la sentencia, testimonios, en su mayoría, relatos de personajes del mundo del hampa, que colocaban a García Luna en la parte alta del organigrama del Cartel de Sinaloa.

Jorge Peniche, integrante del Guernica 37 Centre, organización que litiga en Estados Unidos temas de derechos humanos, piensa que “García Luna se va a bajar de la apelación y buscará colaborar. No tiene un caso ganador. Aunque no le fue mal con la sentencia, no veo mayor margen para mejorar su escenario”, argumenta. Los fiscales pedían cadena perpetua para el exfuncionario. “Él puede ser testigo colaborador para los casos que persiguen las agencias en esa oficina de la Fiscalía en Brooklyn, el de Ismael El Mayo Zambada, por ejemplo”, añade.

Peniche explica que la ley en Estados Unidos prevé acuerdos de colaboración con acusados, antes y después de los juicios. El abogado detalla que es mucho más habitual que los acuerdos lleguen durante el proceso, una opción conocida allá como la “5K motion”, acuerdo como el que alcanzaron las autoridades con Jesús Zambada García, alias El Rey Zambada, hermano de El Mayo, previo al juicio contra su viejo socio en el Cartel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán.

La otra opción es conocida como “motion 35(b)”, mucho menos habitual, en un ratio de seis a uno comparado con la 5k, explica el experto. Es la figura jurídica a la que recurrió el exfiscal de Nayarit, Edgar Veytia, que se declaró culpable por tráfico de drogas en Estados Unidos en 2019, y alcanzó un acuerdo posterior con la Fiscalía, precisamente para testificar contra García Luna. En su caso, explica Peniche, los fiscales condicionaron la reducción de su pena a que el caso contra García Luna terminara en condena.

El Federal Rules of Criminal Procedure establece que García Luna tiene un año desde que se publique la sentencia, para tratar de colaborar con las autoridades y que estas acepten. La ley permite hacerlo más tarde “si la información que proporcione el condenado se obtuvo después de la fecha de condena, si el sentenciado dio esa información antes, pero se volvió relevante después, o si el sentenciado tenía esa información antes, pero no tenía forma de saber que se iba a hacer relevante”. Este último caso es el que alegaron los abogados de Veytia para convertirlo en testigo protegido.

El peso de las pruebas

Otro asunto que ha aparecido al final del juicio, a modo de reflexión, apunta a las pruebas que sujetaron el caso de la Fiscalía, un debate, en realidad, que ha atravesado el proceso. Las principales evidencias de los fiscales son los dichos de testigos, presuntos criminales y delincuentes confesos, principalmente El Rey Zambada, Sergio Villarreal, alias El Grande, el propio Veytia y Óscar El Lobo Valencia. Fue a partir de sus declaraciones que la Fiscalía convención al jurado popular de que García Luna era culpable.

Desde México, la escasez de evidencias duras en el paquete de pruebas de la Fiscalía ha provocado algunas críticas, muchas desde el entorno del viejo equipo del expolicía, aunque otras algo más sustentadas, alejadas del golpeteo político. Luis Tapia, experto en derecho penal y litigio con perspectiva en derechos humanos, señala que “bajo nuestra práctica del derecho penal, un juicio que se basa solo en testimonios sería débil. Cuando dices que una condena se basa en el dicho de cinco personas, te imaginas que sus dichos son superfáciles de manipular, ¿no? Pero en EE UU, mentir en una corte es muy grave… En México te sale muy barato”, argumenta.

Tapia señala que el estándar probatorio en uno y otro país es el mismo, evidenciar la comisión de un delito “más allá de toda duda razonable”. Pero, dice, “la decisión sobre la culpabilidad o la inocencia del acusado se construye de manera diferente”. En Estados Unidos, un jurado popular decide sobre el destino del acusado, en México es el juez. Al norte del río Bravo, los contrainterrogatorios durante los juicios tiene una importancia capital, como se ve en las películas. Al sur, explica Tapia, prevalece la noción sobre la prueba del sistema antiguo que, de alguna forma, provoca “que nos fiemos más de unas pruebas que de otras”.

El debate sobre la fortaleza de las pruebas interpela una de las polémicas del sexenio pasado en México, la detención del exsecretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, en Los Angeles, en 2019, y la acusación en su contra por tráfico de drogas. Más allá del enfado del Gobierno mexicano y el posterior sainete diplomático, que obligó al Gobierno de EE UU a retirar los cargos, liberar al general y mandarlo de vuelta al sur de la frontera, sorprendió el paquete de pruebas que el Departamento de Justicia mandó a sus pares mexicanos. Buena parte de la evidencia eran testimonios de criminales, Veytia entre ellos, apoyados en presuntas intercepciones de mensajes entre Zepeda y una organización criminal del Pacífico. Con las pruebas en la mano, la Fiscalía mexicana decidió no procesar al general Cienfuegos por falta de evidencias.

Es cierto que la Fiscalía podría haber profundizado en las investigaciones de sus pares estadounidenses y que decidieron no hacerlo. En todo caso, las pruebas enviadas del norte generaban la misma sensación que luego las de García Luna. Lo interesante del caso, es que el Gobierno y su red de apoyo mediático destacaron entonces la falta de contundencia de las pruebas contra Cienfuegos, con la misma vehemencia que ahora han celebrado la condena contra García Luna. “Con lo que se ha visto, no creo que en México hubieran condenado al expolicía”, zanja Tapia.

Los casos pendientes

La condena en EE UU exige una reflexión sobre la presunta responsabilidad de García Luna en otros tantos delitos, principalmente en México. Adriana Muro, responsable de la organización Elementa, de defensa de los derechos humanos, argumentaba ayer en su cuenta de X que el proceso contra el exfuncionario y los sobornos que recibió del cartel, según la sentencia, “dejó por fuera, como es costumbre de las cortes de aquel país, vulneraciones a derechos humanos, a causa de esos sobornos, y el impacto que tuvieron en la estrategia de seguridad que él lideraba”.

Muro se preguntaba también por las víctimas del condenado en EE UU. “En estos procesos jamás aparecen las víctimas de sobredosis y se invisibiliza a las víctimas en México que genera la corrupción, que genera la prohibición”. Añadía Muro: “Se ha perdido la oportunidad de investigar, sancionar y reparar por los delitos y las vulneraciones cometidas en territorio nacional, una consecuencia de la tendencia de exportar el juicio penal a EE UU por delitos de drogas”.

La posibilidad de que García Luna enfrente a la justicia en México parece remota. En la lógica de Estados Unidos, o bien se convierte en un fantasma del sistema, perdido en una cárcel, o bien colabora en otros casos, a cambio de reducciones de condena, una situación que, como en el caso de Muro, enfada al sur de la frontera. Así y todo, la Fiscalía mexicana mantiene procesos abiertos contra García Luna. Son, en concreto, tres, por diferentes delitos.

Uno tiene que ver con el operativo Rápido y Furioso, organizado por agencias de seguridad de Estados Unidos mediado el sexenio de Calderón, que permitieron el trasiego ilegal de armas a México, para, supuestamente, identificar redes de contrabando. El caso es que muchas de esas armas se perdieron y acabaron en armas de criminales. La Fiscalía acusa de García Luna de permitir este trasiego.

Los otros dos casos nacen de presuntas corruptelas de orden económico y financiero. En uno, la Fiscalía acusa al exfuncionario de contratar la construcción de varias cárceles con sobreprecio, dinero que se habrían embolsado él y su red de colaboradores. En el otro, la dependencia le señala de haber desviado más de 5.000 millones de pesos –más de 300 millones de dólares de la época– del presupuesto del sistema penitenciario.