El Gobierno de Veracruz extingue a la Fuerza Civil después del asesinato de dos campesinos

El Gobierno de Cuitláhuac García ha anunciado este lunes que va a extinguir a la Fuerza Civil, una dirección especial de la policía, después de la brutal represión de una manifestación de agricultores en Totalco, Veracruz, que acabó con la muerte de dos campesinos. La desaparición de esta corporación se enmarca en un momento de máxima tensión entre los grupos de defensa del agua de la región de Perote y la Administración estatal, que ha cambiado su posición pública en los últimos días. El conflicto alcanza a la Secretaría de Medio Ambiente federal, que este lunes no acudió a una cita con los pobladores.

El 20 de junio, el Movimiento en Defensa del Agua de la Cuenca Libres Oriental inició como una nueva protesta en la carretera federal que une Veracruz y Puebla. Los agricultores tenían un mensaje claro: que las granjas Carroll dejaran de acaparar el agua. Como antes habían protestado contra empresas como Audi o Driscoll, ese jueves el objetivo era esta compañía porcina, que tiene 18 granjas entre Veracruz y Puebla. Los campesinos afirman que las concesiones de la Comisión Nacional de Agua benefician a la empresa, mientras ellos no cuentan con líquido para regar sus campos. Además de la sobreexplotación de los pozos, los pobladores denuncian el desecho de aguas negras contaminadas con residuos biológicos y químicos por parte de la empresa.

Perote y sus alrededores se encuentran en sequía extrema, según los datos del Gobierno de México. La falta de lluvias, unido al aumento constante de las temperaturas, ha acabado con las cosechas de los agricultores, que ven en contraste la situación privilegiada de acceso al agua por parte de las grandes empresas. Con ese lema, los campesinos cortaron la carretera.

Hasta allá llegó la Fuerza Civil de Veracruz. Esta corporación nació en 2014 bajo la Administración de Javier Duarte y fue presentada como una agrupación de élite dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Otros Estados, como Nuevo León, también la implantaron en su estructura, donde también ha estado vinculada, por ejemplo, al homicidio de 10 personas en 2023.

En un momento de la protesta, los agentes lanzaron gases lacrimógenos y terminaron abrieron fuego contra los manifestantes. Además de los heridos, perdieron la vida Jorge y Alberto Cortina Vázquez, de 37 y 27 años. La familia de las víctimas ha relatado a La Jornada que su tractor fue utilizado en el plantón y que cuando los hermanos trataron de quitarlo porque la policía había empezado a disparar al aire, también les dieron a ellos “a quemarropa”. Gabriela, una de las viudas, señaló que los dos cuerpos habían recibido varios disparos: “Queremos justicia, es lo único, que se castigue a quienes los acribillaron y a quien dio la orden de ese operativo”.

La primera reacción del Gobierno ante los homicidios fue un comunicado, emitido unas horas después en la que se solicitaba la investigación de los hechos por parte de la Fiscalía de Veracruz, pero se añadía sobre la protesta: “Es la segunda ocasión que por más de dos días en diferentes ocasiones realizan las mismas acciones y el cierre del diálogo por parte del mismo grupo de personas solo conlleva a empeorar la situación”. “El reiterado bloqueo a la empresa y la carretera, así como cerrar unilateralmente el diálogo, no puede llevar a los acuerdos necesarios para atender cualquier demanda ciudadana”, apuntaba el Gobierno de García.

Además, justifica sobre el homicidio de dos campesinos: “Cabe señalar que dicho grupo de personas habían privado de la libertad a dos elementos de la policía con la amenaza de lincharlos. Por otra parte, hay un detenido por parte de los agresores que será puesto a disposición. Se les exhorta a dicho grupo de personas no secundar las acciones de quienes los azuzan a seguir atentando contra los derechos de otras personas y mucho menos a agredir a los elementos de seguridad o la ciudadanía. Es compromiso de este gobierno que se investiguen los hechos, se respeten los derechos y haya justicia en el caso”.

Tanto la represión como la reacción posterior del Gobierno escandalizó a las organizaciones. Más de 160 asociaciones y 1.200 personas se posicionaron contra el crimen, entre las que estaba la Alianza Biodiversidad en América Latina; Grain, de Ecuador y Brasil; Redes-Amigos de la Tierra, de Uruguay; ETC Group, de México; Grupo Semillas de Colombia, o Acción Ecológica, de Ecuador. La presión ha dado resultado.

Este lunes a primera hora, el Ejecutivo ha cambiado su posición: “El Gobierno reitera que reconoce la importancia de que se esclarezcan por completo los hechos en las inmediaciones de Totalco. Somos los más interesados en ello y que se proceda con justicia”. Después, el comunicado anunciaba la desaparición de la Fuerza Civil, cuyos elementos pasaran a depender ya únicamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. “Esta medida será llevada a cabo en los tiempos que no interfieran en las investigaciones que las fiscalías realizan. Cabe señalar que los derechos policiales de los elementos, así como los laborales del personal administrativo, se preservarán”, ha señalado el comunicado.

En esta información, el Gobierno también ha confirmado que la Procuraduría de Medio Ambiente había dictado una resolución contra Granjas Carroll en marzo de 2023 “por diversos incumplimientos en materia ambiental”: “Se sancionó y se dictaron medidas para evitar la contaminación del suelo, aire y agua”. Sin embargo, el Ejecutivo no había comprobado que las medidas impuestas se habían cumplido. Además, García se ha comprometido a “gestionar la petición de los pobladores de la región del valle de Perote para que la Profepa y Semarnat intervengan e inspeccionen a dicha empresa porcina a fin de verificar el cumplimiento federal”. Con respecto a eso, los campesinos tenían este lunes una reunión con las instancias medioambientales federales, pero no se han presentado.

El informe de Agenda Socioambiental 2024, preparado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), registraba que actualmente en México un 7% de los usuarios tiene en sus manos el 70% de las aguas concesionadas en el país. Los expertos reseñan que el funcionamiento de la Conagua ha permitido tratos favorables a grandes corporaciones e inmobiliarias, frente al detrimento a comunidades, que pagan 33 veces más que los primeros por el uso del agua.

Además, no hay sanciones para los grandes contaminadores de los cuerpos de agua. Hay 100 inspectores para vigilar 514.000 concesiones en todo el país. “Cuando se llega a aplicar una sanción, el contaminador se ampara y la Conagua no litiga el caso”, afirman los expertos, que destacan que la ley no provee de instrumentos para enfrentar, por ejemplo, la contaminación de acuíferos por agroquímicos, porque el uso agrícola no requiere permiso de descarga, como es el caso de Perote.

Apúntese gratis a la newsletter de EL PAÍS México y al canal de WhatsApp y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país.