¿Qué pasa cuando las comunidades y no las empresas manejan los bosques de un país?

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¿Y si la madera de los bosques no fuera explotada por empresas privadas que no conocen los territorios ni a su gente, sino que fuera manejada y aprovechada por la comunidad a la que pertenece ese bosque? ¿Qué pasaría con esa comunidad? ¿Qué le pasaría al bosque? En México, en las entrañas de la Sierra Norte del Estado de Oaxaca se encuentra la pequeña comunidad de Ixtlán de Juárez, de algo más de 9.000 habitantes, que lleva casi cuatro décadas haciéndose cargo de sus recursos forestales.

Con sus ejercicios de proteger comunalmente los bosques de pino y encino, su agua, su diversidad y a la vez hacer un uso responsable de su madera, han conseguido la certificación Forest Stewardship Council, una de las más exigentes a nivel global. Para ello, han pasado por auditorias, monitoreos y evaluaciones en tres principios: beneficios ambientales, sociales y económicos que ha avalado a esta comunidad mexicana como una productora de madera sustentable.

“Esto se sabe poco, pero en México el manejo forestal, la extracción y producción de maderas se soporta principalmente en comunidades y ejidos (propiedad social). Eso es muy excepcional porque en el mundo la mayor parte de la extracción maderera la hacen empresas privadas o paraestatales. México ha hecho posible, por las características de la tenencia de la tierra, que los ejidos tengan más de la mitad de los bosques del país y tengan los permisos para producir el 80% de la madera”, explica Salvador Anta, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, quien reconoce las ventajas inesperadas que ha tenido que las comunidades sean las dueñas de estas tierras. “De las 8 millones de hectáreas de bosque que se conocen en México, unos 6 millones son de comunidades y ejidos y, de esas, el 25% están certificadas por diferentes estamentos por sus prácticas sustentables”.

Las legislaciones que aparecieron en México en 1986 y que otorgaron este derecho de uso comunal de los bosques no aparecieron en el vacío. En las décadas de los 50, 60 y 70 hubo muy poca vigilancia de los temas ambientales sobre las empresas que explotaban los bosques mexicanos que conseguían licencias hasta de 25 años para explotar vastos terrenos de 200.000 ó 300.000 hectáreas. “La industria solo buscaba los mejores árboles para sus maderas y dejaban para el bosque los árboles más débiles. Sus explotaciones dejaron bosques con muy mala calidad, se extraía toda la crema y se dejaba solo leche en el bosque y eso tuvo fuertes impactos ambientales. Al final ese no era su bosque, ni su tierra, no estaban pensando en el futuro”, añade el experto en sostenibilidad.

Después de varias movilizaciones en el Estado de Oaxaca, se logró que las concesiones no continuaran, una vez que sus afectaciones no solo eran del orden de lo ambiental: las comunidades, no solo las de Oaxaca, también las de Michoacán y Durango que quedaban dentro de las concesiones no eran consultadas para la toma de decisiones, los beneficios económicos que recibían eran pocos, y eran ellas las que tenían que lidiar con los desastres a futuro. “Después de esas movilizaciones, vino la apropiación de las comunidades de los bosques del país y empezamos a implementar programas de manejo para revisar en dónde se iba acortar, cuándo, cómo, si se tenía que reforestar, si se estaba deteriorando el suelo, si la cadena productiva le estaba funcionando a la comunidad”, explica Artemio Aquino Vargas, comisario ejidal de bienes comunales de Ixtlán de Juárez. “Si el estado nos daba permiso de explotar, por ejemplo, 10.000 hectáreas, nosotros explotábamos solo 8.000, queríamos cuidar nuestro bosque”.

Como la venta de la madera que salía del bosque empezó a traerle beneficios económicos a esta población, aprobaron que el 33% de esas ganancias tuvieran que ser reinvertidas en el bosque y en su conservación, para que su actividad no dependiera de los presupuestos escasos de turno que destinaba el Gobierno. Ahora la comunidad es dueña de ocho empresas comunales que están involucradas en toda la cadena productiva forestal.

“La comunidad se ha ido formando para tener expertos en todo el plan forestal que ejecutamos con empresas que son de la comunidad y que van desde el corte y la extracción de la madera, hasta la producción de muebles y el ecoturismo. Lo mejor es que, no solo hemos reducido los incendios, prevenido las plagas y la tala ilegal, es que hemos conseguido que la gente se quede en Ixtlán, reduciendo los márgenes de migración a Estados Unidos de nuestros jóvenes, que ahora saben que hay un trabajo y un futuro posible”, añade Aquino.

¿Si es posible la madera sustentable?

A pesar del escepticismo que puede gravitar sobre la idea de que los bosques en lugar de dejarse quietos se usen para extraer manera, la comunidad de Ixtlán ha conseguido que sus prácticas sean avaladas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y por exigentes certificaciones internacionales. Así explica el experto Salvador Anta el plan forestal que han usado en esta comunidad: “Se les autoriza un plan de manejo de 10.000 hectáreas, por ejemplo; se extrae entonces en promedio unas 1.000 hectáreas por cada año, y cuando terminan los 10 años y se regresa al sitio en donde se inició la tala, el bosque ya ha empezado a renovarse porque no se extrae todo y además hay crecimiento del bosque que se dejó por 10 años”.

Y, según explica Artemio Aquino, en su comunidad no reforestan todo el año. “Como son cantidades inmensas de tierra y están alejadas de las comunidades, no se puede ir y regar. Primero vemos si ocurre reforestación natural, si no, entonces las plantas para reforestar las empezamos a producir en los viveros entre enero y febrero, para que en mayo tengamos una plántula con una altura mínima de 25 centímetros y que sea suficientemente fuerte para ir al bosque y que en junio se riegue naturalmente con las lluvias y tenga más chance de crecer. Reforestar un bosque no es algo que se haga de un día para otro como creen los políticos que se toman la foto, es algo que puede tomar décadas”, advierte.

El cuidado velado y detallado que hacen las comunidades de sus bosques no solo le da una autonomía económica, hace que sean protectoras de vastos terrenos que de otro modo son difíciles de vigilar. De 2017 a 2023, según datos que aporta el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible, los incendios forestales al año afectaron a más de medio millón de hectáreas. 2023 fue el año con mayor superficie dañada en México, con más de un millón de hectáreas. “Con recursos cada vez más insuficientes aportados por el Gobierno en los últimos dos sexenios, la autonomía de la comunidad para el aprovechamiento forestal se revela como una de las mejores estrategias para conservar los bosques de México”, concluye Salvador Anta.