La batalla por el Poder Judicial: la elección de jueces por voto directo llena de dudas a los especialistas

La propuesta para que los jueces y los ministros de la Suprema Corte sean electos por voto popular supone el último choque entre Andrés Manuel López Obrador y el Poder Judicial. El presidente presentó esta semana una iniciativa altamente anticipada y también polémica, que busca destituir a todas los jueces del país y sustituir el método indirecto de selección por uno en que las personas que imparten justicia sean nombradas por la ciudadanía. Quienes apoyan la reforma hablan del fin de la corrupción y una democratización impostergable en el ramo judicial. Quienes la critican advierten de la llegada de perfiles poco capacitados, sometidos al poder político o, incluso, impulsados por poderes fácticos y organizaciones criminales. También acusan un retroceso autoritario para someter a la Corte y eliminar los contrapesos que necesita una democracia para funcionar. Otros lo ven como un simple distractor, a pocos meses de las elecciones y de que termine el sexenio. EL PAÍS consultó a cuatro juristas para entender los argumentos de ambas partes, así como las implicaciones políticas de uno de los cambios más controvertidos que impulsa el actual Gobierno en la Constitución.

López Obrador explicó el lunes que su intención es que jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte dejen de ser propuestos por el Ejecutivo y designados por el Legislativo, y que sean nombrados de forma directa por los ciudadanos. De ser aprobada la reforma, que necesita de los votos de la oposición, la primera votación sería a mediados de 2025. “Sólo el pueblo puede salvar al pueblo”, dijo en su discurso. También acotar la estructura administrativa del Poder Judicial, el árbitro electoral y desaparecer organismos autónomos al poder en turno con el argumento de ahorrar recursos. En el caso de la Suprema Corte, se plantea que el presidente postule a 10 aspirantes, el Legislativo otros 10 (cinco por cada Cámara) y el Judicial otros 10.

En el imaginario del presidente, la Corte se ha convertido en un “poder conservador”, que protege “criminales”, está al servicio de grandes grupos empresariales y goza de “privilegios” desmedidos. “El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos”, zanjó. La iniciativa surge en medio de amagos de juicio político contra sus integrantes y ataques recurrentes por sus fallos. La oposición califica el texto propuesto como un “capricho presidencial” y como un intento de debilitar a los jueces.

Javier Martín Reyes, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), cuestiona el contenido y el momento en que se presenta este paquete de reformas, casi al final del mandato y con los comicios de junio encima. “Esto no es ni de cerca un intento por ciudadanizar ni democratizar al Poder Judicial, sino por capturarlo: primero, por la purga y luego, por un método de selección cerrado”, asegura el especialista. “La inmensa mayoría de las democracias constitucionales no contempla la elección popular para este tipo de cargos porque requiere de árbitros imparciales, con competencia técnica e independencia de otros poderes”, señala.

Un argumento común de quienes se oponen es que uno no vota para ver quién lo va a operar o por quién puede pilotear un avión, sino que recurre a los especialistas. La elección de jueces por voto directo entraña otras dificultades en un país como México. José Ramón Cossío, ministro en retiro y columnista de este diario, ve riesgos de una intromisión de grupos de interés y del narcotráfico, sobre todo en regiones del país que están controladas por el crimen organizado. “De verdad, para como está el país, ¿no va a haber la tentación de entrometerse en las campañas o de pagar para que lleguen jueces y magistrados que en un momento dado van a encargarse de los delitos de los que están acusados?”, cuestiona Cossío. Martín Reyes se suma a la crítica: “En las elecciones es cada vez más común ver que hay una influencia indebida de muchísimos actores: desde funcionarios del Gobierno que desvían recursos públicos hasta miembros del crimen organizado que inyectan recursos de procedencia ilícita”.

“Para todos los cargos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación estará prohibido el financiamiento público o privado de sus campañas”, se lee en la propuesta de López Obrador, en un intento por evitar este tipo de interferencias. También se prohíbe que los partidos políticos realicen actos de proselitismo a favor o en contra de las candidaturas. Sin embargo, la apuesta por prohibir y no de regular el financiamiento también causa dudas entre los juristas. ¿Cómo se va a vigilar realmente que nadie va a gastar un solo peso en sus campañas? “Es una regulación muy torpe: cualquier elección implica el uso de recursos, no hay campañas sin dinero”, zanja Martín Reyes.

Jaime Cárdenas, investigador de la UNAM, no comparte el escepticismo ni el rechazo a la propuesta. El experto apunta que en México ya se han probado distintos métodos de selección de ministros y jueces, con propuestas por voto directo a mediados del siglo XIX (aunque no entró en vigor) y durante un breve periodo de poco más de 10 años después de la promulgación de la Constitución de 1917. El especialista considera que el pacto político sobre el que se construyó el método actual, un acuerdo de mediados de los noventa entre el PRI y el PAN, está agotado y vale la pena explorar otras posibilidades. “Políticamente, el método de acuerdo entre las fuerzas mayoritarias ya no va a funcionar en el futuro”, afirma Cárdenas, que cita el caso de la designación de Lenia Batres, que fue nombrada directamente por López Obrador ante la falta de acuerdos en el Senado.

Cárdenas, que fue senador por el Partido del Trabajo y asesor legal de López Obrador en materia electoral, propuso la elección por voto de jueces desde hace más de una década, aunque su iniciativa no prosperó. Defiende que la Constitución establece que el poder dimana de la soberanía popular y que hay una “falsa idea” de que el Derecho no está atravesado por ideologías políticas ni cuestiones sociales. “El Derecho no es neutro”, afirma.

Su propuesta es ligeramente diferente a la del presidente. Cárdenas propone un método de dos etapas. Primero, abrir un concurso para que los perfiles interesados se sometan a evaluaciones técnicas y se verifique que cumplan los requisitos de ley para ocupar los cargos, ya sea por parte de universidades de prestigio, autoridades electorales u órganos colegiados. Después, un periodo de elecciones, en el que se celebren debates y se puedan dar a conocer ante la ciudadanía con tiempos de difusión del Estado, aunque también está a favor de que se prohíba el financiamiento de esas campañas. “Ningún método está exento de interferencias políticas”, reconoce.

En contraparte, hay cuestionamientos también sobre la viabilidad de la propuesta. La celebración de las votaciones implica más costos para una autoridad electoral a la que se pretende, según el paquete de reformas, reducir su presupuesto. En México hay más de 1.500 magistrados y jueces federales, de acuerdo con el último censo judicial del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. A esto se suman otros juzgadores del ámbito local. Cossío ve un problema en organizar una elección adicional con tantos perfiles y en garantizar que cada uno reciba tiempos de radio y televisión, compitiendo por la atención de los ciudadanos contra los aspirantes a cargos en el Ejecutivo y el Legislativo. El exministro señala que van a ser perfiles menos conocidos que los de los políticos al uso y vaticina que el abstencionismo sería alto. En cambio, la reforma contempla un tribunal disciplinario, que pone en la mira a jueces que actúen contra el “interés público”, lo que alimenta las dudas sobre la independencia de los juzgadores y el control de facto del Gobierno, apunta Cossío.

“No les importa realmente la justicia, les importa enarbolar un discurso polarizante, vacuo y falaz”, afirma Juan Jesús Garza Onofre, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El especialista asegura que se ve la elección directa de jueces como una “solución mágica” que va a hacer que “la justicia en nuestro país cambie de la noche a la mañana”. No se toma en cuenta la curva de aprendizaje de los recién llegados, los riesgos estructurales de tomar las decisiones a “mano alzada” y persisten incógnitas sobre cómo se organizarían estas votaciones. “Me parece que solo desvía la atención de los grandes problemas del país y su sistema de justicia”, señala Garza Onofre. “El presidente no tiene buenos asesores jurídicos, habría que imaginar mejores escenarios y alternativas, hacer esto no hace que el Poder Judicial sea más cercano al pueblo”, agrega.

“El presidente está evadiendo la verdadera discusión, que es sobre la seguridad pública y los temas de los que usted se ha hecho cargo personalmente”, afirma Cossío. El exministro considera que se responsabiliza injustamente al Poder Judicial por la situación de violencia e impunidad que azota al país. Asegura también que López Obrador no asume su propia responsabilidad y, en cambio, opta por “un distractor” para no enfrentar los cuestionamientos a su política de seguridad.

“El método de designación que tenemos es muy malo y todos los presidentes, desde Zedillo hasta López Obrador, se han beneficiado de él. Por eso han llegado perfiles tan malos”, comenta Martín Reyes. El consenso entre los especialistas consultados es que el modelo actual ya no está funcionando, que los órganos jurisdiccionales se nutren de la pluralidad y que es necesario garantizar el acceso a la justicia de la población. El problema está en los cómo y en la coyuntura política en que llega la iniciativa, que relega a segundo plano un debate profundo y real sobre la necesidad de un cambio. La propuesta ya está en la Cámara de Diputados, donde la oposición y el oficialismo ya han tenido un nuevo encontronazo a cuatro meses de la elección.

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