De las pensiones a un nuevo Poder Judicial: las claves del paquete de reformas más ambicioso de López Obrador

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, está listo para su próxima batalla en el Congreso. El titular del Ejecutivo presentó este lunes un extenso paquete de reformas constitucionales con la mira puesta en su último año de Gobierno y en la elección presidencial. Las propuestas necesitarán de los votos de la oposición para ser aprobadas y van desde la creación de un nuevo esquema de pensiones hasta una reconfiguración del Poder Judicial, pasando por la desaparición de organismos autónomos, cambios en el sistema electoral y la militarización permanente de la Guardia Nacional. Estos son algunos puntos clave de las 20 iniciativas: 18 constitucionales y dos legales, que no requieren de una mayoría calificada.

Pensiones: una reforma de gran calado y rentabilidad política

López Obrador propone una transformación del sistema de pensiones para que los trabajadores reciban su salario completo al jubilarse y no sólo la mitad, como sucede con el esquema actual, que data de 1997. Ante las críticas sobre la viabilidad de la iniciativa, el presidente ha dicho que el Gobierno asumirá parte de la carga económica para aliviar al sector patronal. La popularidad de la propuesta, que promete sacudir el tablero político rumbo a las elecciones del 2 de junio, ha hecho que la oposición anunciara su apoyo, pese a sus reticencias iniciales. El debate legislativo estará marcado por los cómos: Morena asegura que se financiará en parte con los recursos que se recuperen al desaparecer órganos estatales, mientras que los opositores sostienen que eso implicaría un retroceso democrático. El presidente también busca elevar a rango constitucional la entrega de programas sociales: propone reducir de 68 a 65 años la edad mínima para recibir una pensión para adultos mayores, dar una pensión a personas con discapacidad y otorgar becas a estudiantes de familias pobres.

Un nuevo choque con el Poder Judicial

Morena plantea que los ministros de la Suprema Corte, así como otros jueces y magistrados del Poder Judicial, sean electos por voto popular. López Obrador ha acusado al alto tribunal de ser un “poder conservador” y “corrupto”, mientras que opositores y especialistas advierten de que el cambio abre la puerta a perfiles que no están calificados y a la injerencia de grupos de interés o, incluso, del crimen organizado. En los borradores que han circulado de la reforma se pretende reducir de 11 a 9 ministros el pleno de la Corte, acortar su periodo de 15 a 12 años y bajar los salarios de sus integrantes.

“El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos”, señaló López Obrador en su discurso. A las puertas de una nueva confrontación entre poderes, el bloque gobernante defiende la necesidad de “una limpia” en el ramo de impartición de justicia para garantizar su independencia. La oposición considera lo contrario, que es un intento de debilitar y castigar a los jueces tras frenar varios proyectos prioritarios para esta Administración.

Salario mínimo: un desafío para la oposición

El aumento del salario mínimo ha sido una de las medidas más populares de este sexenio. López Obrador ha adelantado cambios en el artículo 123, que regula el trabajo, para que los incrementos en lo que deben ganar los trabajadores nunca estén por debajo de la inflación. También busca garantizar salarios base y derechos laborales en sectores clave, como el magisterio, personal de salud, policías y soldados. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y otras grandes organizaciones sindicales han hecho público su apoyo al plan del presidente. La oposición mantiene dudas sobre la viabilidad presupuestal del proyecto, pero se arriesga a que su rechazo le pase factura en las urnas.

Pesos y contrapesos: la desaparición de los órganos autónomos

López Obrador ha sido un crítico vocal de los órganos autónomos, al considerarlos “una burocracia dorada”. El presidente va por la eliminación de estos organismos, diseñados para que no estén influidos por el Gobierno en turno y que sirvan como contrapesos a acciones gubernamentales que vulneren los intereses de los ciudadanos. La propuesta es desaparecer instancias como el INAI, creado para vigilar la rendición de cuentas de los gobernantes y la protección de datos personales, y entes reguladores como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) o la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

El debate parte de los extremos: el mandatario sostiene que “no sirven para nada” y sus detractores ven un riesgo de que el Ejecutivo vuelva a concentrar el poder. Tras anunciar que su intención era fulminar a “todos”, López Obrador aclaró que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se vería afectada por esta iniciativa. La propuesta tiene implicaciones políticas y económicas: se discutirá si estas instituciones aún son útiles para la ciudadanía y si los recursos que reciben pueden destinarse a otros rubros, como las pensiones.

Elecciones y consultas, a examen

Tras fracasar con el llamado plan B, su primer intento de reforma electoral, López Obrador anunció que propondrá nuevos cambios que afectarían al Instituto Nacional Electoral (INE) y la organización de las votaciones. El presidente aboga por reducir el número de diputados de 500 a 300 legisladores y de 128 a 64 senadores. También dijo que se va a reducir el financiamiento a los partidos políticos y de campañas políticas con el argumento de ahorrar recursos. El recorte incluiría la creación de un nuevo árbitro electoral con una estructura más acotada y que absorbiera las funciones que desempeñan representaciones locales. Propone que los consejeros electorales sean electos por voto directo de los ciudadanos. También pretende quitar candados a las consultas populares, que actualmente requieren de una participación del 40% de los electores para ser vinculantes y con la reforma, sólo un 30%. La oposición ha insistido en que “el INE no se toca” y anticipan que no acompañarán esta propuesta.

Una Guardia Nacional de corte militar

La Guardia Nacional ha sido la apuesta más ambiciosa de este Gobierno en el combate a la inseguridad. López Obrador quiere que la corporación dependa de forma permanente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y no sólo de manera transitoria. La transición a un mando civil fue una de las condiciones que impuso la oposición para apoyar su creación al inicio del sexenio. Pese a los cuestionamientos por la militarización y la entrega de concesiones al Ejército en el ámbito civil, el presidente asegura que la tutela de la Sedena es fundamental contra la violencia y para garantizar que la Guardia no sea infiltrada por los criminales. La propuesta enciende de nuevo el debate sobre la política de Seguridad de este Gobierno y sobre el impacto de la delincuencia, una de las mayores preocupaciones de la población.

Un giro polémico contra el fentanilo

La crisis del fentanilo ha sido uno de los asuntos más espinosos en la relación bilateral con Estados Unidos. Ante las presiones desde Washington, López Obrador ha negado que en México se produzca fentanilo y ha asegurado que el país es sólo un territorio de paso para la droga. Las turbulencias políticas también han impactado el terreno de la salud: hace años que no se ha hecho una encuesta nacional de adicciones y el Gobierno también ha negado que el consumo de esta sustancia al sur de la frontera haya aumentado recientemente. El presidente propone prohibir por ley el consumo de fentanilo y otras drogas sintéticas, lo que ha sido criticado por criminalizar a los usuarios y vulnerar su derecho a la salud para recibir tratamientos y medicamentos que pueden salvar sus vidas. El giro prohibicionista también levanta dudas sobre su eficacia como medida en la llamada guerra contra las drogas.

Austeridad

López Obrador ha adoptado la austeridad como sello de su Administración y ha defendido la idea de que ningún funcionario público debe ganar más que el presidente. Bajo la consigna de que “no puede haber gobierno rico y pueblo pobre”, el mandatario aboga por consagrar este principio en la Constitución y como una “política de Estado”. La oposición reclama que llevar al extremo la austeridad ha sido contraproducente para varias instancias gubernamentales y ha complicado sus tareas. El Gobierno insiste en que si se aprieta el cinturón puede utilizar esos recursos para las pensiones y los programas sociales que ha impulsado.

Un nuevo intento por reformar la industria eléctrica

La Suprema Corte invalidó la semana pasada una reforma de López Obrador que pretendía dar preponderancia en el sector eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El presidente anunció que insistirá con este proyecto, al que hará ajustes para dar mayor certidumbre a los actores del sector privado. Las compañías reclaman que la Ley de la Industria Eléctrica da una ventaja injusta a la CFE y limita la participación de privados en el sector. También ha provocado tensiones comerciales con Estados Unidos y Canadá, que aseguran que va en contra del TMEC. El presidente considera que el retroceso vino durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, su predecesor, y buscará volver al esquema donde el papel del Estado predominaba. “La CFE será una empresa pública y estratégica”, dijo.

La apuesta más ambiciosa del presidente

Este es el paquete de reformas más ambicioso que ha presentado López Obrador. Lo hace en su último año en el poder, convencido de que está en juego su legado político y las bases del próximo Gobierno. La batería de iniciativas llega también un mes antes de que empiecen las campañas presidenciales, en la recta final que definirá a su sucesor o sucesora. Obligada a posicionarse al ritmo que marca el presidente, la oposición acusa que es el último intento desde Los Pinos de interferir en la elección, mientras que Morena apuesta por demostrar que sus rivales son un obstáculo para la transformación que necesita el país. El futuro de las propuestas, altamente anticipadas, es incierto y se decidirá en el Legislativo, pero sus implicaciones irán más allá de ambas Cámaras.

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