López Obrador lanza una nueva cruzada contra los organismos autónomos y anuncia que buscará eliminarlos

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador va por la desaparición de todos los órganos autónomos de la Administración Pública Federal. Así lo anunció el presidente en su conferencia mañanera de este jueves y adelantó que la desaparición de estas instituciones, diseñadas como contrapesos al poder presidencial, será una de las propuestas que formarán parte del paquete de reformas constitucionales que presentará el próximo 5 de febrero. “No vamos a seguir manteniendo esos organismos facciosos, onerosos y antipopulares”, dijo el mandatario.

López Obrador declaró que los organismos autónomos son un legado del “periodo neoliberal” y aseguró que se crearon para “proteger a particulares y afectar el interés público”. Algunos de los órganos autónomos que han sido blanco de ataques desde la tribuna presidencial son el Instituto Nacional Electoral (INE); el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). A lo largo del sexenio, ha bloqueado nombramientos en sus consejos directivos, recortado su presupuesto, buscado limitar sus atribuciones y amagado con desaparecerlos. En diciembre pasado, ya había anunciado su intención de desmantelarlos. “No sirven para nada”, dijo hace un mes.

En esta ocasión, el presidente argumentó que estas instituciones funcionan como “subgobiernos” o gobiernos dentro del Gobierno que blindan los intereses de grupos de poder. “Crearon subgobiernos porgue necesitaban protegerse y por eso constituyeron todos estos organismos supuestamente autónomos en donde tiene más peso lo privado, lo particular que lo público”, aseguró. López Obrador no ha dudado en presionar a estos órganos cuando han emitido decisiones que afectan los intereses de su Administración. Dijo que el INAI, el órgano encargado de la transparencia gubernamental y uno de los organismos que más ha criticado, está cooptado por los conservadores. Se lanzó también contra entes reguladores, como la Cofece y el IFT. “¿Se meten con los monopolios del cemento? ¿Se meten con los monopolios de las comunicaciones? ¿Se meten con los monopolios de los bancos?”, cuestionó. “Todo fue una farsa”, afirmó.

La cruzada de López Obrador contra los organismos autónomos no ha estado exenta de polémica. El debate se ha dividido entre quienes ven estas instituciones como una burocracia dorada con poca utilidad para la ciudadanía y quienes acusan tintes autoritarios y denuncian un retroceso democrático. El presidente ha dejado claro que estas instituciones no forman parte de su proyecto de país y, en vez de reformar el sistema vigente, construido durante la alternancia democrática para acotar la concentración del poder presidencial, ha optado por debilitarlos y, ahora, por eliminarlos. El titular del INAI, Adrián Alcalá, planteó en una entrevista radiofónica que el presidente parte de “premisas falsas” y dijo que espera que las voces de los principales involucrados sean escuchadas en el debate legislativo. El Ejecutivo no ha detallado qué entes del Estado asumirían las tareas que realizan estos organismos, como organizar elecciones independientes, vigilar la rendición de cuentas del Gobierno o regular sectores económicos clave para el país.

Una reforma constitucional necesita de una mayoría calificada de dos tercios en ambas Cámaras del Congreso para concretarse, un umbral que el bloque gobernante, compuesto por Morena y sus aliados del Partido Verde y el Partido del Trabajo, no puede superar por sí mismo. Para ser aprobada, necesitaría los votos de la oposición. El Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, las dos fuerzas opositoras con más escaños, anunciaron la semana pasada que se opondrán a la batería de iniciativas de López Obrador.

El presidente dijo que quiere utilizar los recursos que se destinan a estos organismos y profundizar la austeridad gubernamental para financiar un nuevo sistema de pensiones, en el que los trabajadores puedan retirarse con el 100% de su salario. La iniciativa para cambiar el régimen de pensiones es otro de los proyectos legislativos que el Ejecutivo tiene previsto presentar en el marco del Día de la Constitución, justo al inicio del próximo periodo ordinario de sesiones en el Congreso. Será una hoja de ruta de las prioridades legislativas de Morena, el partido gobernante y que tiene la mayor cantidad de diputados y senadores. Llega también cuatro meses antes de las próximas elecciones presidenciales del 2 de junio.

El paquete legislativo de López Obrador incluye una propuesta de reforma al Poder Judicial para que los jueces y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos por voto popular. El Alto Tribunal ha sido otro de los blancos predilectos de López Obrador, bajo los mismos argumentos que el Ejecutivo ha esgrimido contra los órganos autónomos: considera que es caro para el Estado, que es un coto de poder para los privilegiados y que responde a intereses de poderes fácticos. La Corte ha paralizado algunos de los asuntos prioritarios para este Gobierno, al considerar que su implementación viola la Constitución o no tiene el suficiente sustento legal, como el llamado plan B, una reforma de ley que pretendía restar facultades y mermar las capacidades operativas del INE. Será en dos semanas cuando López Obrador dé a conocer un paquete de reformas que agitará el tablero político y se colará, ineludiblemente, en la contienda electoral.

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