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El futuro del INAI queda en manos de la voluntad del nuevo presidente

Bloqueado desde hace más de tres meses, los comisionados del Instituto de Transparencia esperan una resolución de la Corte para continuar sus funciones plenarias, pero el destino final dependerá del resultado de las urnas en 2024

Carmen Morán Breña
Trabajadores del INAI
Trabajadores en el Instituto Nacional de Transparencia, en mayo de 20223.Rogelio Morales Ponce (Cuartoscuro)

Un organismo autónomo que arroje transparencia sobre la vida pública es posiblemente una de las señales más claras de modernidad y democracia para un país, un factor que le sitúa a uno inmediatamente en el primer mundo si es que estaba en el segundo. ¿En qué mundo está México? En el caso de su Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos personales (INAI) desde luego en el primero, por no hablar de que está adherido al convenio 108 de la Unión Europea, que le permite intercambiar datos y fortalecer relaciones comerciales transfronterizas de forma segura y homologada. México, además, preside hoy algunas de las organizaciones internacionales más potentes en esta materia, como son la Conferencia Internacional de Comisionados de la Información y la Asamblea Global de Privacidad, algo que no ocurrió antes. En el ámbito regional también preside la Red de Transparencia y Acceso a la Información y la Red iberoamericana de Protección de Datos Personales.

Este sexenio, sin embargo, el INAI, cuya autonomía está regulada en la Constitución, ha sufrido duros embates por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le ha colocado en una situación comatosa. Tres de sus siete comisionados, cuyo mandato concluyó, no han sido sustituidos, algo que le compete al Senado. El presidente ha hecho uso de sus facultades para vetar esos nuevos nombramientos en dos ocasiones, y el asunto ha llegado a la Suprema Corte, de quien se espera que resuelva lo que se ha atascado en el lado de la política. La mayoría oficialista ha desoído en dos ocasiones los mandatos de jueces federales para que el organismo pueda convocar plenos con solo cuatro miembros, de forma que sus funciones más importantes no queden paralizadas, y para que se nombre a los que faltan. Para alivio de los comisionados, el jueves pasado, la Corte calificó de “omiso” al Senado por no avanzar en ese mandato y se espera que se pronuncie de nuevo cuando un ponente redacte otro proyecto al respecto. “En agosto, lo que esperamos es que la Corte resuelva que podamos sesionar con solo cuatro miembros, porque no creemos que el Senado vaya ya a nombrar, en el tiempo que queda, a los tres que faltan”, dice a este periódico Julieta del Río Venegas, una de las comisionadas.

Los comisionados tienen los dedos cruzados. Aunque siguen trabajando como si no pasara nada, para no quedar sepultados bajo el alud de peticiones ciudadanas y de instituciones, el hecho de que no puedan reunirse en pleno les impide resolver casos que llegan de instancias inferiores, como las que tramitan los institutos de transparencia de los Estados de la República; no pueden atraer asuntos locales que requieran un pronunciamiento superior; están impedidos para resolver denuncias de incumplimiento de obligaciones de transparencia; y, más grave aún, no pueden acudir al alto tribunal para presentar causas de inconstitucionalidad o controversias constitucionales, que es la forma que tienen en el INAI para resolver asuntos en los que el Gobierno se ampara en la seguridad nacional para no dar los datos requeridos, algo que ocurrió con el trazado del tren Maya, por ejemplo. Y que ganó el INAI.

Las consecuencias internacionales tampoco son mancas. El Instituto es certificador para las reglas de privacidad transfronterizas que afectan al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá y poco puede hacer al respecto; sobre el convenio 108 que se mencionaba arriba, también están atados de pies y manos para garantizar algunos requisitos vinculados con ese acuerdo.

Las organizaciones internacionales han enviado al Senado su adhesión al INAI y avisado de estas consecuencias, pero nada de ello parece convencer a un presidente ya convencido de que el instituto de transparencia es inservible y prescindible. No han sido pocos los ataques. Al INAI se le ha situado del lado de los neoliberales para denostarlo como falto de transparencia e incapaz de acabar con la corrupción, algo que no le compete, dicho sea de paso. Creado en la Administración de Vicente Fox, en 2003, ahora se le califica de “gasto oneroso, opaco e innecesario que hoy defienden aquellos que aman la simulación”, en recientes palabras del exsecretario de Gobernación Adán Augusto López y hoy aspirante a sustituir al presidente en 2024. Esta declaración puede entenderse como parte de su programa electoral, llegado el caso. Otra de las aspirantes a mantener y avanzar en el legado de López Obrador es Claudia Sheinbaum. Si llegara a la presidencia, la exjefa de Gobierno de la ciudad tiene, sin embargo, su propia herencia. El instituto de transparencia capitalino no ha sufrido los recortes que han ido estrangulando al nacional, cuyo presupuesto ha caído un 22% del 2018 al 2023, en términos reales, según datos del Instituto, que cifra en 7,9 pesos lo que cuesta el organismo a cada mexicano por año. También afirman los comisionados, que en otras entidades se esfuerzan por que sus institutos de transparencia sigan en plenas facultades. El futuro del INAI dependerá de hasta dónde decidan los morenistas mantener imperturbable el legado de López Obrador y sus sugerencias políticas. No hay gobierno que no esté reñido con la transparencia, pero no todos toman las mismas decisiones.

La parálisis sobrevenida desde la Cámara alta ha desincentivado el interés del ciudadano por conocer lo que le corresponde por derecho, según dicen los comisionados. La población consulta sobre el sistema de salud o el educativo, pero también de asuntos contractuales y decenas más. El INAI también ha resuelto casos que tienen que ver con el Tren Maya o con la corrupción en Segalmex, el organismo que garantiza alimentos baratos a la población pobre.

El futuro del INAI está en entredicho. Para reformarlo o aniquilarlo y trasladar sus funciones a otros departamentos, como se ha sugerido por parte del Gobierno, se necesitan reformas constitucionales, por tanto, mayorías calificadas, algo de lo que no dispone el partido oficialista por ahora. Ni para esto ni para otras grandes reformas que se han quedado a la espera de lo que decidan las urnas en 2024.

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Sobre la firma

Carmen Morán Breña
Trabaja en EL PAÍS desde 1997 donde ha sido jefa de sección en Sociedad, Nacional y Cultura. Ha tratado a fondo temas de educación, asuntos sociales e igualdad. Ahora se desempeña como reportera en México.

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