La Suprema Corte señala al Senado de ser “omiso” por no nombrar a los comisionados del INAI

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha entrado este jueves a la parálisis del Instituto Nacional de Transparencia. El alto tribunal ha considerado que el Senado está siendo “omiso” por no nombrar a los comisionados del INAI —el órgano formado habitualmente por siete miembros y que ahora solo cuenta con cuatro de ellos porque la Cámara no ha elegido a los nuevos cargos— y que esto está impidiendo su funcionamiento. Por una mayoría de ocho votos, el pleno ha tumbado el proyecto de la ministra Loretta Ortiz, que defendía la actuación de los legisladores, y ha recordado al Senado que es un mandato constitucional obligatorio elegir a los tres comisionados que faltan. El caso va a ser turnado a otro ministro que deberá presentar un nuevo proyecto en agosto.

Como estaba previsto, el bloqueo del INAI ha llegado al máximo tribunal del país. El 27 de marzo, justo cuatro días antes de que el comisionado Francisco Javier Acuña terminara su período en el cargo, el Instituto de Transparencia presentó una demanda ante la Suprema Corte en la que reclamaban que el Senado estaba omitiendo su obligación de nombrar a los nuevos consejeros. La Constitución obliga a que sea la Cámara Alta la que elija por mayoría a los comisionados. A final de marzo de 2022, terminó el mandato de Rosendoevgueni Monterrey Chepov y de Óscar Mauricio Guerra Ford, y este año también el de Acuña. En todo este tiempo no se han cubierto las vacantes.

La legislación vigente establece que, para que sus actos tengan validez, el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales —el nombre oficial del INAI— debe sesionar con al menos cinco integrantes. Así la falta de tres de sus siete miembros le impide convocar a sus sesiones, porque no cuenta con el quórum legal. Esto se ha traducido en más de 5.200 solicitudes de acceso a la información y de protección de datos sin resolver, solo en los últimos meses. En la práctica, supone dejar al instituto sin capacidad operativa y a los ciudadanos sin armas en contra de la opacidad de dependencias gubernamentales, cada vez más dadas a no transparentar información pública. Morena, el partido en el Gobierno, ha llegado a proponer la desaparición oficial del INAI.

Loretta Ortiz ha sido la encargada de presentar el proyecto, que ha sido duramente criticado por sus pares por fallos en la base y en la metodología. La ministra proponía, por un lado, declarar improcedente la demanda porque el INAI presentó su queja antes de quedarse efectivamente sin su tercer comisionado. Sin embargo, el resto del pleno ha rechazado este intento de la ministra de desestimar el proyecto. “La demanda de la controversia constitucional se presentó el 27 de marzo de 2023, porque cuando comenzara el 1 de abril y el comisionado Francisco Javier Acuña acabara su encargo, el órgano se quedaba sin quórum y entonces ya no podía presentar la respectiva controversia”, ha señalado el ministro Jorge Pardo, en una opinión que se ha repetido en el mismo sentido en otros ministros como Alberto Pérez Dayán.

Las razones expuestas por la ministra Ortiz para rechazar el reclamo del Instituto de Transparencia se centraban en que el Senado no tiene un plazo determinado para elegir a sus comisionados y que, además, la Cámara ya había avanzado algunos pasos hacia esos nombramientos, pero que todavía no se había alcanzado un acuerdo político sobre ellos. Solo la ministra Yasmín Esquivel y Arturo Zaldívar han votado a favor del proyecto de Loretta Ortiz, la última ministra nombrada por Andrés Manuel López Obrador.

Esquivel, también elegida por esta administración, ha alertado del peligro de “subordinar al Congreso a la voluntad de otro poder” y ha defendido la autonomía de las decisiones de los senadores: “El respeto a los poderes de la unión es la base del estado democrático”. En ese mismo sentido, el expresidente de la Suprema Corte Arturo Zaldívar apuntaba que el tribunal “no puede obligar a un órgano de conformación política derivado del voto popular a que logre acuerdos políticos para ciertos nombramientos”: “Eso desbordaría nuestras atribuciones, ¿qué vamos a ordenarle? ¿Que convoque un periodo extraordinario? ¿Tenemos esa facultad? ¿Le podemos obligar al Senado de que logre las mayorías que establece la Constitución? ¿Y si no lo logra qué vamos a destituir a todo el Senado? ¿O cuál va a ser la consecuencia de nuestra decisión?”.

En una posición opuesta, estaban el resto de ministros. “El Senado es omiso en cumplir con su mandato constitucional. El INAI se integra por siete comisionados, no por menos, cuando la Constitución señala que se debe integrar de siete, es un mandato constitucional vinculante a todos los órganos del Estado. Ya transcurrió un plazo razonable para hacerlo”, apuntaba el ministro Luis María Aguilar. “A pesar de no existir un plazo específico, sí existe un plazo razonable, lo contrario nos llevaría al absurdo de que el Senado puede alargar el nombramiento hasta la desaparición del órgano”, insistía Juan Luis González Alcántara, que apuntaba: “Se trata de un atraso excesivo en el procedimiento que no se encuentra justificado porque se hayan iniciado algunas etapas”.

Los ministros han puesto en valor lo que está juego: el derecho al acceso a la información y a proteger los datos personal de toda la población. Por esa razón, Ana María Ríos Farjatt ha resaltado la urgencia de encontrar “una solución constitucional para no perpetuar una crisis institucional”. El ministro Zaldívar también ha estado de acuerdo en ese punto, por lo que se ha propuesto que el INAI pueda sesionar con solo cuatro comisionados: “Yo voto porque este tribunal pleno autorice a funcionar con los comisionados que tiene hasta que el Senado haga los nombramientos que tiene que hacer en función de la constitución”.

En abril fue la propia Loretta Ortiz quien negó al INAI un recurso legal que le habría permitido sesionar con cuatro de los integrantes de su pleno. La SCJN no hizo públicos los argumentos de la ministra. De momento, como el proyecto va a ser turnado a otro ministro, esos efectos quedan pospuestos. Deberá ser uno de los ocho ministros que ha votado en contra del proyecto de Ortiz el que se encargue de crear uno nuevo.

El INAI es el organismo autónomo al que, estos últimos meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira. El mandatario lo ha acusado de ser caro y de no ayudar a que se acabe la corrupción en México. Las críticas contra el instituto han arreciado al grado de proponer que desaparezca. Ante la dificultad de eliminarlo, ya que para hacerlo tendría que emprender una reforma constitucional y se requiere de la mayoría absoluta en el Congreso mexicano, se ha dejado al INAI prácticamente en la inoperancia. Los nombramientos de los dos primeros comisionados faltantes fueron vetados por el presidente López Obrador en marzo pasado y, desde entonces, no se ha logrado ningún acuerdo en el Senado para llevar a cabo las designaciones.

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