El INAI se reúne por mandato judicial tras dos meses de parálisis por falta de quórum

La parálisis que padece el Instituto Nacional de Transparencia (INAI) desde hace dos meses ha llevado al organismo a una situación límite. Este lunes por la tarde, tres tribunales de Justicia forzaron la convocatoria de un pleno extraordinario para encauzar algunas de las múltiples quejas y solicitudes que se acumulan sin resolver por la falta de quórum del pleno, fijada en cinco consejeros. La institución tiene solo cuatro. Los tres asuntos que se trataron eran independientes entre sí y respondían a las sentencias emitidas por diferentes juzgados en materia administrativa, ante la petición de juicio de amparo de tres personas “por no estar de acuerdo con resoluciones emitidas por el organismo garante nacional”.

La intervención del Poder Judicial para forzar la convocatoria del pleno extraordinario está lejos de solucionar un problema que se agrava cada día que pasa. Con tan solo dos meses de inoperancia, el organismo ya acumula más de 5.200 solicitudes sin resolver, según sus propios cálculos. La comisionada Norma Julieta del Río Venegas aprovechó la celebración de la reunión para denunciar esta situación. “En el INAI cumplimos la ley, le hacemos caso a los jueces, estamos apegados a Derecho. Por ello, sesionamos de manera extraordinaria, y pues sirva el escenario para hacer un llamado al Senado de la República, pero también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la controversia constitucional que tienen en su poder. Nosotros vamos a seguir sesionando de manera extraordinaria siempre que llegue una resolución de un juez”, manifestó tras presentar la nueva resolución del pleno.

La institución está compuesta por siete consejeros, pero funciona con cuatro desde el pasado 31 de marzo, cuando quedó libre la tercera vacante sin ocupar por la falta de nombramientos en el Senado. Las dos anteriores llevaban un año sin asignación, desde abril de 2022, pero fue esta última la que dejó al organismo sin facultad para convocar plenos ordinarios y, por tanto, al borde de la inoperancia total.

Ante la perspectiva de que esto ocurriese, el 27 de marzo el organismo autónomo presentó por unanimidad una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia, que todavía debe resolver, aunque ya ha sido aceptada. En ella, los consejeros advertían de los riesgos que implicaba que continuase el bloqueo de designaciones en la Cámara. “Se inhabilitaría al pleno para sesionar válidamente, afectando a los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, en perjuicio de todas y todos los mexicanos”, expresaron.

Sus peores presagios se han cumplido. El 1 de marzo el Senado llegó a un acuerdo para designar a los dos comisionados que ocuparían las vacantes libres desde abril, pero el presidente, Andrés Manuel López Obrador, ejerció su derecho de veto dos semanas después y el pacto quedó sin efectos. Los consejeros propuestos eran Ana Yadira Alarcón, que contó con el apoyo de 78 de los 128 senadores; y Rafael Luna Alviso, que contó con 74. López Obrador denunció entonces que se trató de un reparto de “cuotas” entre el PAN y Morena, que eligieron a sendos comisionados, y anuló el compromiso. A finales de ese mismo mes terminó el mandato de nueve años de Francisco Javier Acuña, y con él desapareció cualquier posibilidad de seguir funcionando con normalidad.

La institución ha sido fuente de fuertes críticas por parte del Gobierno en numerosas ocasiones. El rechazo que genera en el partido del Ejecutivo es tal, que Morena propuso sustituirlo por un nuevo instituto más pequeño (tres consejeros, en lugar de siete), cuyos comisionados sean elegidos por sorteo y cuyo proceso de selección recaiga en el Congreso, en lugar de en el Senado. Ante la imposibilidad de eliminarlo, para lo que necesitarían una mayoría cualificada en la Cámara que permitiese modificar la Constitución, la opción que se ha abierto paso hasta el momento ha sido impedir, de facto, que el organismo pueda trabajar.

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