Transición energética, impulso a las mujeres y una Guardia Nacional “de paz”: la oferta de Morena para las elecciones

Faltan cuatro meses para las elecciones presidenciales y legislativas de México y los partidos políticos han entregado al INE sus plataformas electorales, esto es, los documentos que enmarcan la oferta de los candidatos frente a la ciudadanía y los principios que regirían su Gobierno, en caso de triunfar en las urnas el 2 de junio. La plataforma de la coalición oficialista, formada por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde, llamada Sigamos Haciendo Historia, es una promesa de continuar el legado de Andrés Manuel López Obrador, pero también es una hoja de ruta que ya muestra cuáles son las preocupaciones de Claudia Sheinbaum, en qué puntos se acerca más al líder del movimiento izquierdista y en cuáles tomará un camino distinto.

El programa de la coalición, del que este periódico dio un adelanto en diciembre, propone una transición energética de las fuentes fósiles a las renovables y menos contaminantes, algo que quedó como una asignatura pendiente de López Obrador, un defensor de la soberanía basada en el petróleo. También se propone transformar a la Guardia Nacional como una policía de proximidad, con una agencia de investigación propia, lejos de los esfuerzos de la actual Administración de convertir esa corporación en un apéndice a merced del Ejército. La plataforma de la coalición también hace una apuesta por el impulso a las mujeres a través de la creación de un sistema nacional de cuidados para redistribuir las cargas de estos trabajos, que actualmente realizan las mujeres. Además, promete centrar los esfuerzos en la prevención de la violencia contra ellas y la pronta atención con perspectiva de género.

Paralelamente, Sheinbaum ha integrado un equipo asesor para elaborar un diagnóstico y propuestas de solución en temas como impartición de justicia, combate a la corrupción, reducción de la desigualdad, soberanía alimentaria y desarrollo rural. Ese documento, que se presentará en marzo, se comunica con la plataforma electoral de la coalición y será su complemento, lo mismo que el Proyecto de Nación 2024-2030 que fue elaborado por un grupo de intelectuales de Morena.

El programa de la coalición afirma que durante el sexenio de López Obrador se comenzó a desmontar un modelo de Estado corrupto, creado para favorecer los privilegios y el saqueo. Pese a los avances, dice, aún hay “muchas tareas pendientes” que deben “llevarse a cabo en la próxima etapa de la Cuarta Transformación”. “El país carga aún con la herencia nefasta de leyes injustas, inmorales o anacrónicas que deben ser derogadas, reformadas o sustituidas. En tal circunstancia, se presenta con frecuencia la disyuntiva de optar entre la justicia o la ley. Para superarla, es obligado realizar cambios de fondo en el marco legal, e incluso en el constitucional”, dice el documento.

Seguridad y reforma judicial

Para Morena, como lo ha establecido López Obrador, la inseguridad y la violencia hunden sus raíces en la pobreza y la marginación. Por ello, se plantea reforzar “los instrumentos principales de pacificación”: los programas de desarrollo económico regional, los programas sociales y el combate a la corrupción. En cuanto a las ayudas gubernamentales, se propone aumentar los montos de las pensiones y becas, y ampliar la base de beneficiarios. “La inversión en favor de los jóvenes debe aumentar, y enfocar los programas en las zonas de mayor vulnerabilidad, violencia y desigualdad”, dice el documento.

El problema, sin embargo, no se queda solo en la falta de oportunidades. La plataforma morenista afirma que la deficiente procuración e impartición de justicia también abona a la violencia. A tono con las intenciones de López Obrador de reformar la Constitución para, según la versión oficial, limpiar los juzgados de corrupción, el documento afirma que “es preciso establecer una clara separación entre el trabajo de los tribunales y jueces y el poder corruptor de capitales, grupos de interés y organizaciones delictivas e incorporar la perspectiva de género en la generalidad de los procedimientos judiciales”.

También se propone transformar la Guardia Nacional en un “cuerpo de paz y una corporación policial de proximidad con presencia en todo el territorio”. Se creará la Agencia de Investigación Nacional, bajo el mando de la Guardia, a fin de “privilegiar el uso de la inteligencia policial sobre la fuerza”. Se dará a los integrantes de la corporación una instrucción con perspectiva de género y herramientas de “intervención especializada ante casos de violencia contra las mujeres”.

El programa electoral afirma que el combate a las adicciones y la lucha contra el narcotráfico se mantendrán en “dos ámbitos claramente diferenciados”: el primero, atendido por las dependencias de Salud y Bienestar; el segundo, por las instituciones de Seguridad. Incluso, se plantea la posibilidad de “transitar de lógicas prohibicionistas a marcos regulatorios de diversos estupefacientes”, una proposición que contrasta con el anuncio reciente de López Obrador de promulgar una ley punitivista para castigar a los consumidores de fentanilo.

Ante la crisis de los desaparecidos, se propone ampliar las acciones gubernamentales de búsqueda de personas, de manera coordinada con sus familiares y sus agrupaciones. También se ofrece un “programa nacional de recuperación de carpetas de investigación extraviadas o abandonadas”.

Para atender los feminicidios, se impulsará a nivel nacional la estrategia de los “senderos seguros” para mujeres, una política implementada en Ciudad de México consistente en el mejoramiento del alumbrado público y la instalación de botones de pánico en la calle. También se promoverán estrategias de prevención de la violencia de género “partiendo del principio de que estos crímenes de odio tienen su origen y su raíz en un profundo desprecio a la dignidad de las mujeres, en una red de misoginia institucionalizada en los ministerios públicos y en buena parte de las fiscalías estatales”.

Se dará continuidad a las reuniones del Gabinete de Seguridad implementadas por López Obrador para evaluar diariamente los saldos de la violencia, y se valorará integrar un “Gabinete de Paz” con la participación de más secretarías para intervenir en las zonas donde se identifiquen anticipadamente posibles brotes de violencia.

El momento de las mujeres

La idea de impulsar a las mujeres atraviesa casi toda la plataforma electoral. De acuerdo al documento, la igualdad de género será una prioridad en un eventual Gobierno de Claudia Sheinbaum. Para eso, señalan, la transformación tiene que devenir en “una revolución económica y de justicia para las mujeres y la sociedad”. Esto es “un replanteamiento en la distribución de la riqueza y del tiempo de trabajo, así como un nuevo pacto político del Estado con las mujeres, de las mujeres con la familia, y de las mujeres con la sociedad”.

Entre las acciones “más urgentes” que apuntan de cara a una futura Administración están el impulso a la igualdad económica de las mujeres; el acceso a la justicia, “centrando los esfuerzos en la prevención de la violencia, su pronta atención con perspectiva de género” y la reparación del daño para las víctimas; y la extensión de la perspectiva de género a todas las instituciones y niveles del Estado.

La propuesta de la coalición incluye integrar “un sistema nacional de cuidados que promueva políticas públicas para reconocer, reducir y redistribuir las cargas de cuidados que realizan las mujeres en más de un 70%”. México es uno de los países donde las mujeres gastan más tiempo que los hombres haciendo trabajos domésticos o de cuidados. De acuerdo a los últimos datos registrados por el Instituto Nacional de Estadística, del total de personas que hacen estas labores —unos 31,7 millones—, el 75% son mujeres. Quienes además destinaron en promedio casi 39 horas a la semana a hacer estas tareas. La propuesta apunta entonces a “liberar su tiempo cautivo y generar condiciones para su incorporación en la vida laboral, política y cultural del país”.

Otras iniciativas que nombran, sin dar mayores detalles, van hacia la persecución de delitos de violencia de género, como extender a “todo el territorio nacional la atención a mujeres jóvenes víctimas de abuso sexual o de las múltiples violencias que sufren en el ámbito familiar, educativo y laboral”. También proponen “combatir la desigualdad y el maltrato a las mujeres” del ámbito rural y diseñar “medidas colectivas de vigilancia para prevenir la violencia de género”.

Transición energética

El paso a una política energética alejada de los combustibles fósiles es una de las principales apuestas de Claudia Sheinbaum, una ingeniera en Energía y científica ecologista. El programa electoral reconoce los esfuerzos de López Obrador por “recuperar la soberanía energética de México” y por acercar al país a la autosuficiencia energética, con su fuerte apuesta a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero, afirma, “a partir de 2024, la transición energética deberá convertirse en una de las prioridades en el desarrollo nacional”.

La plataforma indica que se fomentará “la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías para el cuidado del medio ambiente: desalinización de agua, energías renovables, transportes ecológicos, etc.”, y agrega que el Estado garantizará la autosuficiencia eléctrica sustentable (el acceso a la electricidad se convertirá en derecho humano).

“En las ciudades, se impulsará la generación fotovoltaica y eólica comunitaria o cooperativa en barrios, manzanas, multifamiliares y mercados, así como la generación privada con renovables en establecimientos industriales, centros comerciales, deportivos y de reunión; todos los edificios gubernamentales deberán contar con generadores fotovoltaicos y/o eólicos”, señala el documento.

Se propone incentivar la producción eléctrica y de biocombustibles por parte de comunidades, ejidos y uniones de pequeños propietarios mediante fuentes renovables (fotovoltaica, eólica, microhidráulica, geotérmica y otras). Con ello, se busca reducir “el uso de combustibles fósiles, un incremento en el ingreso de los productores, el aprovechamiento de su organización social y el establecimiento de una red de estaciones de carga para transporte eléctrico en todo el territorio nacional”. También se plantea aprovechar la biomasa generada por las actividades agropecuarias para la producción de biocombustibles.

La oferta de la coalición apuesta a que la transición energética sea un impulso fundamental para la investigación, el desarrollo tecnológico y la reindustrialización del país. “Para ello, se impulsará una política científica que produzca los conocimientos, la propiedad intelectual y el usufructo económico a favor del Estado de las tecnologías críticas de la transición. El logro de este objetivo precisará que Pemex y la CFE trabajen de la mano con el Conahcyt y todos los centros de investigación pertinentes”, indica.

Se plantea que el Estado recupere la rectoría sobre la petroquímica secundaria, a fin de surtir a la industria nacional y reducir las importaciones de petroquímicos. “Para ello se alentará la recuperación y potenciación de infraestructura propiedad de Pemex y la construcción de nuevas plantas”, precisa.

Para que la transición energética avance junto a la protección de los recursos naturales, “se exigirá el respeto al medio ambiente en todo emprendimiento energético público, social o privado; se garantizará la conservación de los recursos hídricos, se garantizará el derecho humano al agua y se establecerán medidas obligatorias para el tratamiento de aguas y la utilización de agua de lluvia en los grandes establecimientos industriales, mercantiles y de servicios”.

Reindustrialización y rescate al campo

La propuesta electoral detalla que se encaminará hacia una “economía mixta” en la que se combinen la iniciativa privada y la participación del Estado. Para lograrlo han puesto el foco en cinco áreas: el impulso a los sectores productivos, el fortalecimiento de la política laboral, la soberanía energética, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación y una reindustrialización. Sobre este último punto, el documento explica que “será un proceso conducido por la rectoría económica del Estado, bien planificado y respetuoso de los entornos naturales y sociales” en donde se invertirá una parte de los recursos recuperados en el combate a la corrupción. “A su vez, el desarrollo y la operación de una nueva planta industrial impulsará la investigación y el desarrollo tecnológico y la obtención de patentes en universidades e instituciones públicas bajo la coordinación del Conahcyt”, agrega.

La alianza electoral pretende continuar en el sexenio 2024-2030 con lo que en el Gobierno de López Obrador se llamó “el rescate al campo”. “Es preciso erradicar por completo el sistema agroalimentario dependiente, injusto, depredador e insalubre que heredamos y que aún se mantiene; frenar la privatización de la propiedad social de tierras, aguas, bosques, biodiversidad, genoma y saberes”, apunta la plataforma política. “Se diseñará y ejecutará una política integral y estratégica para el agro a fin de superar la desarticulación histórica de los programas y se realizará un rediseño institucional que acabe con la persistente balcanización de las secretarías involucradas”.

La propuesta incluye establecer nuevos programas para hacer frente a las carencias hídricas y energéticas del agro. Así como también el relevo generacional en la agricultura y la precaria situación laboral de los jornaleros. Especifica que seguirá adelante la prohibición del glifosato y la lucha contra el maíz transgénico que ha mantenido la actual Administración.

Salud y educación

El proyecto electoral de Morena da un buen espacio a la política que tendrán en salud, donde señalan cuatro ejes: la alimentación saludable, el consumo de agua potable, la descontaminación y conservación de los ecosistemas y la seguridad e higiene en el trabajo. Para atender las necesidades que surjan en este área, “se establecerá un sistema nacional público, gratuito, universal e integral en el que todas las personas tengan acceso a todos los servicios de atención médica individual y de salud colectiva”. Además, todos los servicios, medicamentos e insumos serán gratuitos.

La plataforma pone el ojo en la necesidad de cubrir temas que han quedado por fuera del amparo del Estado, como la salud mental y el tratamiento a las adicciones. “Debe ampliarse la limitadísima oferta y la capacidad de servicios públicos actualmente disponibles y continuar con estrategias integrales y multisectoriales orientadas a la salud mental y adicciones”, se lee. Eventualmente, explica, “se promoverá la integración completa de servicios para garantizar la continuidad de la atención médica independientemente de la condición laboral y de la institución primaria prestadora de servicios”.

Un hipotético Gobierno de Sheinbaum impulsará la “Ley General de Alimentación Adecuada y Sostenible”, con el fin de garantizar los derechos a la alimentación, la salud y la vida en un medio ambiente sano. “Se vinculará el sistema público de salud con la medicina tradicional, los saberes y las prácticas de salud indígenas y afromexicanas y se adoptarán medidas para la conservación de plantas medicinales”, agrega.

En el campo educativo, todo apunta a que Sheinbaum intentará mantener la línea del sexenio de López Obrador. Bajo esa idea, continuarán con el paradigma de la Nueva Escuela Mexicana, en la que se busca una “educación humanista que sustituya los valores del mercado por la práctica de valores universales”, de acuerdo al programa. Y apunta: “Para mejorar las condiciones del sistema educativo se buscará duplicar de manera progresiva el gasto en educación hasta alcanzar al menos el equivalente del 6% del PIB en 2030, con el propósito de garantizar la ampliación de la infraestructura en educación en todos los niveles, el equipamiento y el número de maestros”.

Finalmente, buscarán expandir la red de Universidades Benito Juárez que estableció el presidente. Y se darán apoyos económicos a los estudiantes de escasos recursos, a las que son madres solteras y a los que tienen discapacidades.

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