La mitad de los Estados mexicanos son incapaces de rastrear las armas traficadas desde EE UU

La mitad de los Estados de México no saben de dónde salieron las armas que son utilizadas para cometer crímenes dentro de su territorio y que son traficadas desde Estados Unidos. Peor todavía no contribuyen a las investigaciones que se realizan para encontrar a los traficantes de este armamento. En esa lista están las entidades más peligrosas del país, con los más altos índices de homicidios, donde más se utilizan armas de fuego. De acuerdo con los datos de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, las fiscalías del Estado de México, Michoacán, Sonora, Guerrero, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Ciudad de México, San Luis Potosí, Quintana Roo, Tlaxcala, Hidalgo y Campeche no tienen acceso al sistema de rastreo de la agencia, llamado eTrace, y que es clave para comenzar a identificar a los responsables del contrabando.

Mientras el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha lanzado una ofensiva contra el tráfico de armas desde Estados Unidos, estas entidades, la mayoría gobernadas por políticos emanados de Morena, no han llegado a acuerdos con esta agencia estadounidense, propietaria del sistema de rastreo y análisis de armas de fuego. El eTrace es la única herramienta en ambos países para ubicar el origen de las armas que entran ilegalmente a al país, ya que en México no existe una base de datos nacional que reúna toda la información sobre armas ligadas a la comisión de delitos. Según lo estimado por las autoridades mexicanas las armas traficadas desde territorio estadounidense alcanzan las 200.000 al año.

Para poder solicitar rastreos vía eTrace y con ello contribuir en las investigaciones que se llevan a cabo para cortar las redes de tráfico de armas, las fiscalías deben, primero, acreditar su equipo y laboratorios ante la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia de Estados Unidos (INL, por sus siglas en inglés) y entrenar a sus oficiales para que puedan tener cuentas personales para ingresar al sistema. Los Estados mexicanos que aún no pueden acceder a eTrace no cuentan con lo necesario para poder investigar el origen de las armas que aseguran o, en algunas ocasiones, no están interesados en colaborar con ATF, de acuerdo con fuentes consultadas.

Apenas la semana pasada, luego de que legisladores de Estados Unidos criticaran las acciones del Gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo desde México hacia su país, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, condicionó la ayuda para detener la droga sintética a que Estados Unidos emprenda más acciones para frenar el contrabando de armas.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha reconocido que eTrace es la única manera en que se puede descubrir el origen de las armas, ya que México no posee ninguna plataforma ni registro de ese estilo. Así lo expresó en una respuesta a una solicitud de información, a través de la plataforma de transparencia de México, sobre las armas incautadas y rastreadas en el país. En palabras de la FGR, eTrace “es un sistema electrónico para solicitar el rastreo de armas de fuego exclusivamente para la determinación de temas en materia de procuración de justicia con la finalidad de combatir el tráfico ilegal de armas de fuego”.

A nivel federal, la ATF y la FGR colaboran desde 2008, cuando dentro de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos y México firmaron el memorándum de entendimiento para el uso de eTrace. Ese año, se rastrearon 7.500 armas. De acuerdo con cifras de ATF, el año 2022 cerró con 30.000 rastreos hechos por México, de los cuales, 25.512 fueron solicitados por la FGR y el resto por 12 Estados que hasta entonces tenían la acreditación de INL y el acceso a eTrace. Sin embargo, los rastreos anuales representan apenas el 15% de las armas que entran ilegalmente desde Estados Unidos.

La FGR tiene, en total, 163 agentes con cuentas en el eTrace, incluidas las que tienen agentes del Centro de Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI). Las fiscalías estatales que han logrado certificarse suman 141 cuentas. El Estado que más usuarios tiene es Guanajuato con 27, le sigue Chihuahua con 20, Nuevo León con 18 y Baja California con 14.

Entre los Estados que todavía no tienen la capacidad de usar el sistema estadounidense destacan Sonora, Estado de México y Guerrero. Sonora, el Estado gobernado por el exsecretario de Seguridad Pública a nivel federal Alfonso Durazo, es la única entidad de la frontera de México con Estados Unidos que no tiene acceso al eTrace. Además, tres de sus ciudades que comparten frontera con Estados Unidos (Agua Prieta, Nogales y Querobabi) son identificadas por el Gobierno mexicano como unos de los principales cruces de armas ilegales de mayor dinamismo, de acuerdo con un artículo escrito por Fabián Medina, entonces jefe de oficina del secretario de Relaciones Exteriores, publicado en el número especial 2020 de la Revista Mexicana de Política Exterior, editada por el Instituto Matías Romero, que depende de la Cancillería mexicana.

El Estado de México, encabezado por el priista Alfredo del Mazo y que ocupa el tercer lugar en la lista de los Estados con más homicidios en 2022, es la única entidad de las gobernadas por partidos de oposición a Morena, el partido mayoritario, que no colabora con las agencias estadounidenses para el rastreo de armas. Por otro lado, además de ser el octavo Estado con más homicidios en el país es la segunda entidad con mayor número de detenidos por tráfico de armas, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de 2019. Otros de los 15 Estados que registraron más homicidios el año pasado y no tienen acceso al eTrace son Michoacán, Morelos, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Ciudad de México también sobresale en la lista. Además de ser la capital del país, es uno de los principales Estados donde más delitos contra la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, que regula la posesión de estos artefactos. Hace dos años, el secretario de Seguridad de la ciudad, Omar García Harfuch, fue atacado con un arsenal de armas que sorprendió por su poder y por haberse llevado a cabo en una de las principales avenidas, a la altura de la colonia más lujosa de la capital. Quintana Roo, por su parte, y particularmente el Aeropuerto Internacional de Cancún, es la puerta de entrada del tráfico de armas del sur del país, según lo informado en el último reporte sobre tráfico de armas del Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

La utilidad del rastreo de armas y la importancia del ‘time-to-crime’

La lógica detrás del rastreo de armas a través del sistema eTrace es simple: entre más rastreos, más probabilidades de encontrar organizaciones criminales que se dediquen al contrabando de armas desde Estados Unidos a México.

Expertos en el rastreo de la agencia ATF han explicado a EL PAÍS cómo funciona la búsqueda de estos artefactos: Primero, un arma es recuperada en México. Segundo: la información como la matrícula y la marca es ingresada al sistema eTrace. Dependiendo de la prioridad se hace un rastreo urgente, (se utiliza cuando las armas se usaron en un ataque, por ejemplo) que arroja los resultados en 24 horas, o una búsqueda regular (cuando el arma es asegurada en un operativo sin violencia), que tarda entre 5 a 10 días.

Tercero: los resultados del rastreo detallan dónde se produjo el arma, a qué lugar se distribuyó, a qué persona se vendió. El sistema indica lo que los investigadores estadounidenses llaman time-to-crime, es decir, el tiempo que pasó desde que el arma fue comprada hasta el día en que fue utilizada en un delito. Este lapso es importante porque si transcurrió un año o menos, es un indicador de que el arma se compró para ser traficada, y esto para la ATF es una pista que puede llevar hasta una organización criminal dedicada al contrabando de armas desde Estados Unidos hacia México. En estos casos, sabiendo quién compró el arma, los agentes proceden a cuestionarlo para saber cómo llegó a México.

Para que sea más difícil de rastrear, el tráfico de armas es facilitado por comerciantes no autorizados o prestanombres. De acuerdo con cifras oficiales del Gobierno estadounidense, solo un 5% de los distribuidores autorizados son responsables de haber vendido las armas de fuego ingresadas ilegalmente a México. El resto llega después de haberse comprado por revendedores o productores minoristas, que no cuentan con antecedentes penales, se prestan para adquirir las armas en nombre de los carteles y llevan a cabo un tráfico “hormiga” principalmente de armas cortas. La otra fuente son las ferias de armas, las cuales son aprovechadas por las organizaciones criminales transnacionales para adquirir grandes lotes de armas, sin que se lleve a cabo la verificación de antecedentes penales ni límites de compra, de acuerdo con reportes de la Cancillería mexicana.

La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para endurecer los requisitos para hacer más estricta la compra y la venta de armas en ese país. La acción se suma a otras emprendidas por su Gobierno con el mismo objetivo, como el incremento de la pena por traficar armas hacia México. A partir de 2022, las autoridades estadounidenses implementaron como castigo de 5 a 20 años de prisión, antes salían libres pagando fianza o con solo un año de cárcel. Por su parte, México ha presentado dos demandas contra los principales fabricantes de armas en Estados Unidos, con el argumento de que al producir estos artefactos facilitan su contrabando. Después de que fuera desechada la primera demanda en septiembre del año pasado, el Gobierno mexicano ha presentado una apelación el pasado 15 de marzo. La segunda demanda interpuesta en Arizona fue presentada en octubre de 2022.

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