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La Fiscalía investiga a Julio Scherer, exconsejero jurídico de López Obrador, por supuesto enriquecimiento ilícito y lavado de activos

El expediente señala que el abogado ocultó a la Función Pública que era dueño de al menos siete inmuebles en Ciudad de México y Acapulco mientras estuvo en el Gobierno. Scherer asegura que la investigación es parte de una “campaña” para desacreditarlo

Julio Scherer Ibarra
Julio Scherer Ibarra en septiembre de 2021.Mario Jasso (Cuartoscuro)
Zedryk Raziel

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La Fiscalía General de la República (FGR) investiga desde mayo de 2022 el patrimonio inmobiliario de quien fuera el consejero jurídico del presidente Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra. El expediente, que se suma a otras acusaciones en su contra por presuntos actos de corrupción, señala ahora que el exfuncionario ocultó a la Secretaría de la Función Pública ser dueño de al menos siete casas y departamentos en Ciudad de México y el puerto turístico de Acapulco en el tiempo en que fungió como el abogado del presidente de México. El precio al que fueron adquiridas las propiedades, según documentación a la que ha tenido acceso EL PAÍS, es de 70,7 millones de pesos (3,7 millones de dólares). Estas nuevas revelaciones sobre el patrimonio inmobiliario del exconsejero presidencial se suman a la filtración, en octubre de 2021, de documentos que dieron cuenta de que también poseía un lujoso departamento de 1,2 millones de dólares en Miami a través de una estructura corporativa offshore. Desde el entorno de Scherer aseguran que ninguno de los bienes se adquirió después de 2018 y que todos tienen una antiguedad de por lo menos ocho años.

La Fiscalía sostiene que Scherer, de 63 años, pudo haber incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, debido a que en una de sus propiedades inició una edificación nada más renunciar a la Presidencia de la República, el 1 de septiembre de 2021. EL PAÍS ha contactado a Scherer para conocer su versión. El abogado ha rechazado hacer aclaraciones sobre su patrimonio, pero ha afirmado que tiene todo en orden y que la investigación es parte de “la campaña” de la Fiscalía en su contra. “Este asunto es un episodio más de la campaña que se ha emprendido en mi contra para desacreditarme. Nada de lo que ahí se menciona [en la denuncia] tiene validez alguna, toda vez que se presentaron los documentos a tiempo y se actuó con total transparencia y legalidad. Desafortunadamente la política nos llevó a estas cosas. Lamento mucho que el señor Paulo Díez sea utilizado como un instrumento para dañar mi imagen y mi reputación”, ha dicho en un sucinto posicionamiento.

Alejandro Gertz Manero
El fiscal Alejandro Gertz en una imagen de mayo de 2019.Galo Cañas (CUARTOSCURO)

La FGR abrió la indagatoria a partir de una denuncia presentada por el abogado Paulo Díez Gargari el 27 de mayo de 2022, a la que ha accedido este periódico. La carpeta de investigación fue turnada al fiscal especial de Control Competencial, Juan Ramos López, segundo al mando de la FGR y brazo derecho del fiscal general, Alejandro Gertz Manero. Esta es la tercera indagatoria en la que ha sido señalado el exconsejero presidencial tras su estruendosa ruptura con Gertz, a finales de 2021. Los tres expedientes están en manos de Ramos, a quien el fiscal general encomienda los casos políticamente más relevantes.

Personas de su entorno cercano han afirmado a este diario que Scherer transfirió las propiedades investigadas por la FGR a un fideicomiso “para sus hijos”. Se trata del fideicomiso Banorte número 750977, que fue creado el 28 de febrero de 2019, es decir, tres meses después de que el abogado fuera designado consejero jurídico del Ejecutivo Federal. “En 2019 están los bienes declaradados en el fideicomiso”, argumentan en el entorno del abogado. En el expediente en poder de la FGR hay documentación que indica que, si bien se creó el fideicomiso en esa fecha, varios inmuebles no fueron depositados en él mientras Scherer aún era servidor público. En todo caso y según el expediente, aunque el abogado ya no sea el titular de algunas propiedades, su nombre aparece como fideicomisario, dejando una puerta abierta a la posibilidad de recuperar la propiedad de los bienes.

El exconsejero ya había sido involucrado directamente en otra carpeta de investigación de febrero de 2022 en la que la Fiscalía le acusó de haber aprovechado su cargo público —era nada menos que el abogado de López Obrador— para frenar sanciones del Gobierno a la compañía constructora OHL (ahora Aleática), con la que Scherer y familiares suyos tenían, según la indagatoria, conflictos de interés laborales y económicos. Esa indagatoria también se originó por una denuncia del abogado Díez Gargari y continúa abierta.

Existe una tercera investigación de la FGR de finales de 2021 contra un grupo de abogados con los que Scherer tuvo negocios en despachos privados antes de trabajar para el Gobierno federal. Aunque en ese expediente él no fue acusado directamente, la Fiscalía señaló que sus exsocios tenían acceso a información privilegiada y que hacían uso de sus vínculos con el entonces consejero presidencial para extorsionar y chantajear a empresarios, exfuncionarios y litigantes que estaban en la mira del Gobierno por corrupción. Un juez federal ya revisó el caso y, en una primera instancia, sostuvo que la Fiscalía no aportó elementos suficientes para probar la responsabilidad de los abogados acusados, mucho menos la del propio Scherer. La FGR aún no cierra este expediente y puede volver a presentar el caso al juez.

Las propiedades bajo la lupa

Al ingresar al Gobierno de López Obrador, Scherer —que es hijo del periodista Julio Scherer García, fundador de Proceso— declaró a la Secretaría de la Función Pública poseer dos departamentos que valían 108 millones de pesos en Ciudad de México, y dijo que los adquirió mediante una cesión de un fideicomiso el 18 de noviembre de 2018, esto es, pocos días antes de asumir como titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (lo que ocurrió el 1 de diciembre de ese año). Los folios reales consultados por este diario demuestran que ambas propiedades están en un condominio ubicado en la colonia Polanco, una de las más caras de México. Scherer vendió uno de sus departamentos en junio de 2019 a Edgar Daniel Murillo Karam, hermano del exprocurador general Jesús Murillo Karam, por 66,2 millones de pesos.

Esta información se desprende de los reportes patrimoniales del abogado entregados a la Función Pública. En sus primeras declaraciones, que son obligatorias para los funcionarios públicos del poder Ejecutivo y deben presentarse de manera anual, Scherer no registró la existencia del fideicomiso al que supuestamente transfirió los siete inmuebles que ahora indaga la Fiscalía. Tanto en su reporte patrimonial de 2018 como en el de 2019, disponibles en internet, aseguró que no tenía participaciones económicas ni financieras. Fue hasta su declaración de 2020 que dio cuenta de un fideicomiso en Banorte del que dijo ser solo fideicomitente (aportante del patrimonio, mas no beneficiario, como era el caso). En el reporte del año siguiente —el último que estuvo en el Gobierno— repitió esa misma información.

La FGR sostiene que Scherer siguió siendo dueño de varios inmuebles mientras era funcionario del Gobierno de López Obrador. Es el caso de una casa ubicada en Lomas de Reforma, una exclusiva colonia a la que solo pueden acceder quienes viven allí o son visitantes autorizados. Esta propiedad, con valor de 27,5 millones de pesos, fue comprada en junio de 1999 por Scherer, que vivió en ella durante casi dos décadas. El 8 de agosto de 2021 —dos meses antes de renunciar a la Consejería Jurídica presidencial— Scherer transfirió la casa al fideicomiso inmobiliario, según los folios del Registro Público en poder de la Fiscalía.

El 30 de agosto, un día antes de su salida del Gobierno, una representante del fideicomiso de Bancomer solicitó a la Alcaldía Miguel Hidalgo —donde se ubica el inmueble— un permiso para construcción. La obra fue autorizada días después y actualmente sigue en curso, según pudo constatar este periódico en una visita. El círculo cercano de Scherer asegura que en la casa se están haciendo “remodelaciones” desde hace tres años por la pandemia y que corresponde al patrimonio de Julio Scherer Pareyón. Para la Fiscalía, ese desarrollo podría ser una vía de blanqueo de dinero, pues ni la propiedad fue declarada en su momento ni se conoce el origen de los recursos usados para la construcción. La obra, en la que labora una docena de trabajadores, tiene un anuncio en su fachada que indica que está a cargo del despacho arquitectónico de Humberto Artigas Aspe, un antiguo socio de Scherer.

Otro caso es el de un departamento en un condominio localizado en la avenida Paseo de las Palmas, colonia Lomas de Chapultepec, que fue adquirido por el exconsejero presidencial en abril de 2008 a un precio de 4,3 millones de pesos. El 23 de abril de 2019 se anunció en el Registro Público un “aviso preventivo” de que la propiedad sería depositada en el fideicomiso inmobiliario, pero la transacción no se llevó a cabo sino hasta dos años después, de acuerdo con la documentación consultada.

Scherer compró otras dos propiedades en Ciudad de México. En la calle de Ámsterdam, en la colonia Hipódromo Condesa, él y un grupo de cinco socios adquirieron en septiembre de 2012 una casa con valor de 7,5 millones de dólares. Al exconsejero jurídico se le asignó el 12,5% del valor de la propiedad, unos 975.000 dólares. En este sitio hay una casa deshabitada. Otro inmueble del abogado está en un condominio de la calle Lago Alberto, colonia Anáhuac. Se trata de un apartamento de 117 metros cuadrados que Scherer adquirió en enero de 2016 por 3,7 millones de pesos.

Otros dos inmuebles bajo investigación se localizan en la zona Diamante de Acapulco, la más cara del puerto guerrerense. Uno de ellos —un departamento— está dentro del club El Palmar, en el fraccionamiento Tres Vidas, a 10 minutos del aeropuerto internacional. Scherer lo obtuvo en octubre de 2012 por 630.792 dólares, equivalentes a 11,9 millones de pesos actuales. La otra propiedad en el puerto turístico es un lote de 800 metros cuadrados con vista a la playa en el condominio Los Riscos, en Punta Diamante. El abogado lo adquirió en octubre de 2007 por 633.000 dólares, más de 12 millones de pesos actuales.

Inscripción del Registro Público que muestra que la casa de Alcázar de Toledo se transfirió al fideicomiso hasta julio de 2021.
Inscripción del Registro Público que muestra que la casa de Alcázar de Toledo se transfirió al fideicomiso hasta julio de 2021.EL PAÍS

Condominios en la mira

El condominio de la calle Rubén Darío, Polanco, donde Scherer declaró a la Función Pública tener dos departamentos es vigilado por elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, que suele prestar servicios de seguridad a particulares. En la entrada hay una escultura de mármol de un caballo de más de dos metros y una placa que indica que la torre de 16 niveles fue construida por el despacho arquitectónico de Artigas. El condominio fue comprado en diciembre de 2011 a través de un fideicomiso privado por Scherer y un grupo de 10 socios.

En 2014, el abogado y sus socios solicitaron al Gobierno capitalino la formación de un “polígono de actuación” entre Rubén Darío y un inmueble ubicado en la calle Campos Elíseos, también en Polanco, casi a espaldas del primero. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) concedió la autorización, lo que permitía a los inversionistas incrementar el número de niveles, departamentos y estacionamientos a construir en los lotes. Un año después, en septiembre de 2015, Scherer y sus socios compraron finalmente el inmueble de Campos Elíseos por 7,8 millones de dólares. El valor de la propiedad fue repartido proporcionalmente entre todos los socios, y al exfuncionario le correspondió el 6.5%, unos 546.000 dólares.

El de Campos Elíseos luce ahora como un predio en desuso. Es una suerte de patio trasero abandonado del lujoso condominio de Rubén Darío. La Fiscalía también investiga al exconsejero jurídico por ese lote, pues, como el resto de sus propiedades, tampoco fue reportado a la Función Pública.

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Sobre la firma

Zedryk Raziel
Reportero de EL PAÍS México, especialista en la cobertura de asuntos políticos y de corrupción. Licenciado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido colaborador en el diario Reforma y el portal Animal Político. Es coautor de ‘El caso Viuda Negra’ (Grijalbo, 2022).

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