El exconsejero jurídico de López Obrador y su entorno, señalados por extorsión y tráfico de influencias por el abogado Juan Collado

Juan Collado, conocido como el abogado del poder en México, ha levantado el dedo para señalar. En la cárcel de manera preventiva desde julio de 2019, Collado ha apuntado al exconsejero jurídico de Presidencia, Julio Scherer, y tres abogados y un asesor financiero de su entorno por extorsión, tráfico de influencias, asociación delictuosa y lavado de dinero. De acuerdo con la denuncia, dada a conocer por Animal Político y Reforma, los abogados que le defendían presumían de tener un vínculo cercano al entonces funcionario y le pidieron hasta 2.000 millones de pesos —unos 97,8 millones de dólares— para tramitar su salida de prisión. Algunos miembros del despacho que le defendía enfrentaba este lunes una audiencia por esta causa, pero se pospuso hasta el 8 de marzo. El exconsejero del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desmentido en Twitter las acusaciones.

Collado cayó en prisión hace más de dos años por acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada. Hasta entonces había representado a los poderosos del país, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto, en su divorcio, y a Raúl Salinas de Gortari, hermano del exmandatario. La denuncia contra el exconsejero describe ahora un modus operandi supuestamente articulado desde el poder: una serie de abogados cercanos al consejero judicial de Presidencia ofrecían beneficios a cambio de dinero, garantizados de alguna forma por estar coludidos con el funcionario.

Según relatan los medios que dieron a conocer la noticia durante el fin de semana, el documento señala que a través de los abogados que defendían a Collado, entre ellos Juan Antonio Araujo, quien admitió haber trabajado en el pasado con Scherer, se le dijo que la única forma en la que podría salir de la cárcel sería vendiéndoles una empresa de su propiedad, Caja Libertad, a un precio muy por debajo de lo real. Además de Araujo, están vinculados al caso los abogados César Omar González Hernández, Isaac Pérez Rodríguez y David Gómez Arnau.

La acusación, presentada ante la Fiscalía el pasado octubre, agrega que Collado les dio 10 millones de pesos para frenar una investigación en su contra que llevaba adelante la Unidad de Inteligencia Financiera. Además, asegura haberles pagado 1,3 millones de dólares para dejar la prisión y haber acordado un pago final de 2.000 millones de pesos en forma de acuerdo reparatorio, una modalidad que se ha visto en los grandes casos judiciales de este sexenio, como el de rey del acero, Alonso Ancira, defendido por el mismo despacho y que salió de la cárcel tras pagar 216 millones de dólares.

En respuesta a lo difundido, Scherer desmintió las acusaciones en Twitter y dijo que se trataban de “inferencias de mala fe”, aunque admitió haberse reunido con los hijos de Collado. “En efecto, recibí a los hijos del señor Collado a solicitud expresa de ellos”, publicó. “Turné el asunto a la Fiscalía General de la República, por ser de su competencia. No conozco personalmente al señor Collado, ni estoy enterado de las conversaciones de éste con sus abogados”, se defendió.

Araujo Riva Palacio —quien también rechazó los señalamientos—, González Hernández, Pérez Rodríguez y Gómez Arnau enfrentaban este lunes las acusaciones de la Fiscalía por esta denuncia en una audiencia donde estuvo presente Juan Collado, según confirmó su abogado. Consultado sobre el tema, el presidente ha negado que la salida de Scherer del Gobierno en septiembre pasado haya estado relacionada con esta denuncia y dijo estar de acuerdo con que se investiguen los señalamientos. “Si hay esta denuncia, pues que la misma Fiscalía investigue si el señor fue, como dice, sobornado o amenazado”, declaró López Obrador.

Collado había mandado una carta al presidente en diciembre de 2020 solicitándole que Scherer fuera el intermediario para negociar un acuerdo de reparación. “Tenemos mucha fe en que el licenciado Julio Scherer Ibarra pueda ser el canal, si usted otorga su consentimiento, para encontrar una forma jurídica alterna para solucionar los diversos procesos que tengo en mi contra”, decía la misiva, publicada por el diario Reforma. “Deseo expresar mi compromiso para acudir a la justicia penal restaurativa e iniciar la celebración de los acuerdos reparatorios para concluir satisfactoriamente en el marco de la ley mis expedientes”, agregaba.

El exconsejero jurídico y su entorno enfrentan otras acusaciones que relatan el mismo modus operandi. El abogado Paulo Díez Gargari, por ejemplo, les denunció a principios de febrero por asociación delictuosa, ejercicio ilícito del servicio público y tráfico de influencias. La acusación era contra Scherer por haber creado una red de funcionarios públicos, abogados y asesores financieros que ofrecían “beneficios indebidos”. Entre quienes se beneficiaron de esta red, dice Díez Gargari, está Aléatica, antes OHL, una empresa española conocida por su largo historial de acusaciones de corrupción en México.

Collado, por su parte, permanece en prisión sin sentencia. Fue detenido en un restaurante de Ciudad de México hace dos años y medio por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La justicia investigaba al jurista por supuestamente formar parte de un entramado ilícito que habría movido decenas de millones de pesos en México, España y Andorra. Este periódico reveló en junio pasado que Collado había cobrado entre 2009 y 2013 en cuentas bancarias en el Principado europeo 45,9 millones de dólares de empresas utilizadas por el Cartel de Sinaloa para lavar dinero. Además, según pudo saber EL PAÍS, tanto la hermana como el cuñado del jurista escondieron millones de euros en una cuenta en la Banca Privada d ‘Andorra.

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