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Andrés Roemer recurre a la vía civil para torcer el pulso a una víctima que lo acusó de violación

El escritor demanda por vulneración de su honor y patrimonio a una periodista mientras sigue parada la causa penal contra él porque está refugiado en Israel

Carmen Morán Breña
Policía israelí detiene a Andrés Roemer
Andrés Roemer en una fotografía de 2017.Christophe Ena (AP)

Andrés Roemer ha interpuesto una demanda civil contra una de las cinco víctimas que lo acusaron de probables delitos de violación por considerar que esta ha dañado su honor y patrimonio al referirse a él como agresor sexual en sus redes sociales. El escritor ha utilizado la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada contra una periodista argumentado “abuso del derecho a la libertad de expresión y de información”. En realidad, la demanda, que está a la espera de sentencia en el juzgado 51 de lo civil de la Ciudad de México, la interpuso en agosto de 2022 uno de sus abogados mediante un poder, puesto que el comunicador está refugiado en Israel, razón por la cual el juicio por violación está parado en los tribunales por incomparecencia. Hay cinco órdenes de aprehensión contra él, pero Israel y México no tienen tratado de extradición, por lo que dicho proceso podría quedarse detenido durante años o para siempre.

El escándalo saltó en febrero de 2021, cuando la periodista, que ahora se enfrenta a esta demanda, manifestó públicamente su propio testimonio sobre los hechos. No fue la única, otras mujeres, incluida ella, lo acusaron posteriormente en la Fiscalía del mismo delito y decenas de ellas, más de 60, relataron en redes sociales otros abusos sexuales supuestamente cometidos por el acusado. Todos ellos seguían un mismo patrón de comportamiento. Roemer, un hombre con poder y fama, ofrecía a las jóvenes trabajos bien remunerados o puestos mejores del que tenían. Después las citaba a solas en el sótano bien equipado de su casa, donde iniciaba los acercamientos. Así lo relataron muchas de ellas. La Ciudad de las Ideas, un festival en Puebla para captar talentos, era uno de los escenarios donde hacía sus conquistas. El número de mujeres que se dijeron víctimas de Roemer y de su influencia no dejaba de crecer, razón por la cual fue calificado como el Weinstein mexicano, por su similitud con el realizador cinematográfico estadounidense y el famoso movimiento Me Too.

Entre todas las víctimas que lo han denunciado en la Fiscalía, Roemer ha elegido a la periodista para poner su demanda por la vía civil, recurriendo a la figura del daño moral recogido en este código jurídico. También se acoge a otra legislación de la Ciudad de México, que regula el daño patrimonial y de la propia imagen, que se estableció para proteger a las personas de la vulneración que podría derivarse de un trabajo periodístico sin pruebas. Curiosamente, la vía elegida por Roemer supone, en la práctica, que cualquier mujer puede denunciar estos casos en sus redes sociales, pero no una periodista. Sin embargo, otras mujeres famosas y de alta influencia en las redes sociales no han sufrido el mismo embate por parte de comunicador.

La abogada de la periodista, Ximena Ugarte, señala que es importante resaltar, en este caso, que las expresiones realizadas por su representada no las hizo “en calidad de periodista, sino de víctima, como cualquier otra mujer”. “Ante una justicia que muchas veces no protege a las agredidas, sino que las revictimiza, son muchas las mujeres que lograron la conquista social de hacer públicas sus agresiones. Pero aquí tenemos a un agresor litigando desde el otro lado del mundo, cuando a las víctimas que no se presentan en los juzgados se las desposee de todos sus derechos. Son muy evidentes las desigualdades entre unos y otros, más cuando se trata de hombres con poder”, afirma la letrada.

En la demanda presentada por el comunicador a la que ha tenido acceso este diario, se alega que “a la fecha no existe una sola sentencia de ningún tribunal de México o del mundo que lo haya declarado culpable de delito alguno, mucho menos de cualquiera de los que se le han imputado públicamente”. Ni existe ni probablemente existirá, porque las denuncias penales contra Roemer están paradas por incomparecencia. “Solo Israel, de forma amistosa, podría entregar a Roemer para que siga sus juicios por la probable comisión de los delitos de violación en México, pero creemos que eso no va a pasar”. Ugarte considera que si ambos Estados llegan a un acuerdo de extradición será para traer a Tomás Zerón, funcionario de Seguridad en la época de Felipe Calderón, al que se acusa de estar implicado en la desaparición y tortura de los 43 normalistas de Ayotzinapa. “Roemer no será la prioridad, al menos en el corto plazo”, lamenta la abogada.

Mientras tanto, el comunicador de origen judío ha logrado que un juez dé por buena la representación legal por parte de sus abogados acreditada vía Zoom ante notario. Con ello consiguió hace algún tiempo hacerse con la carpeta judicial de una víctima que se mantenía en el anonimato y publicar su identidad completa. Un poder firmado le sirve para pleitear por la vía civil. Roemer tiene una decena de abogados y esta demanda, presentada en agosto de 2022, no pide una cantidad de dinero en concreto por el supuesto daño moral, pero la abogada Ugarte entiende que expondrá la pérdida de inmuebles, la retención de sus cuentas por la Unidad de Inteligencia Financiera, así como los despidos de las universidades en las que trabajaba, sus programas en la TV Azteca y otras pérdidas derivadas del desplome de su imagen pública.

“Roemer quiere probar que mi defendida publicó la agresión sexual por hacerle daño y nosotras lo que decimos es que optó por expresar una situación que le afectó como mujer y porque consideraba que ocultarlo era un peligro social para otras”. “Demostrar una violación es complejo. Primero porque algunas víctimas tardan años en hacerlo, con lo que las pruebas más determinantes se pierden, como la inspección médica, y porque no suele haber testigos. Por eso, años de lucha consiguieron calificar como pruebas la antropología social, que determina modalidades y tipo de violencia, o el análisis del contexto, como el hecho de que hasta 60 mujeres lo hayan señalado, o el dictamen psicosocial a las víctimas para detectar posibles secuelas de aquel trauma. Todo eso existe, la Fiscalía de la CDMX ha incorporado muchos avances, pero también está saturada con miles de casos de agresiones sexuales”, dice la abogada Ugarte, quien considera que frenar la libertad de la expresión de las víctimas por esta vía civil casi siempre las perjudica frente a hombres poderosos que consideran que tienen una imagen que guardar. “No ocurriría lo mismo si el acusado fuera un hombre que no tiene poder económico o político”, afirma.

Fue todo un movimiento de denuncia pública en el que participaron decenas de mujeres el que puso contra las cuerdas a Roemer, quien lejos de acudir a la justicia a defender su inocencia, prefirió volar a Israel. “Si él gana esta demanda civil estará poniendo en riesgo la conquista de la denuncia pública de las mujeres víctimas, por eso creo que la jueza que lleva el caso tiene una buena oportunidad para demostrar que la violencia contra las mujeres que sacude a diario este país no es un asunto privado, sino de orden público y sentar un precedente en esta lucha no permitiendo la impunidad por la vía civil de una persona que no impide que se le juzgue por la vía penal”, dice Ugarte. Y añade: “En México la violencia contra las mujeres es un asunto considerado de orden público, como prueban las convenciones internacionales que ha firmado”.

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Carmen Morán Breña
Trabaja en EL PAÍS desde 1997 donde ha sido jefa de sección en Sociedad, Nacional y Cultura. Ha tratado a fondo temas de educación, asuntos sociales e igualdad. Ahora se desempeña como reportera en México.

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