La joven indígena Aurelia García Cruceño es liberada después de tres años en prisión tras un aborto involuntario

Con una sonrisa tan grande como la injusticia que se cometió contra ella, Aurelia García Cruceño ha salido de la cárcel de Iguala (Guerrero), este martes por la noche, después de tres años encerrada. La jueza del caso ha considerado que las pruebas que había contra ella no eran suficientes para demostrar que la joven hubiese asesinado a su hijo. Cuando la joven tenía 20 años, la Fiscalía General del Estado la acusó de “homicidio en razón de parentesco” tras sufrir un aborto involuntario en el que perdió tanta sangre que casi pierde también la vida. Las mujeres indígenas son especialmente vulnerables en estos casos debido a la barrera del idioma, la falta de intérpretes y las artimañas de las Fiscalías. Estas instituciones utilizan otros delitos, como el de omisión de cuidados o el de infanticidio, para encarcelar a las mujeres tras un aborto involuntario, hecho que fue despenalizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el año pasado.

Las pruebas médicas que se esgrimieron en su contra eran insostenibles, los testigos cambiaban su testimonio con cada declaración y la primera parte del proceso estaba plagada de irregularidades: la hicieron firmar su culpabilidad mientras estaba aturdida y esposada a la cama de un hospital en Iguala, y no tenía conocimiento alguno del español, el idioma que hablaban los abogados que debían defenderla y que acabaron siendo los artífices de su encarcelamiento. Vivía en Iguala con su tía porque, unos meses antes, huyó de su pueblo, Xochicalco, cuando empezó a sospechar que el hombre de 50 años que había estado abusando de ella la había dejado embarazada.

“La jueza la acaba de liberar. Fue sentencia absolutoria”. Esas son las palabras que escribió por la noche a este periódico Verónica Garzón, abogada de Aurelia y activista en la organización Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), que decidió involucrarse en este caso cuando vieron las irregularidades que metieron a la joven en la cárcel. “Muchísimas gracias por vuestro esfuerzo y les deseo lo mejor”, decía la joven al salir de la cárcel, según recogió el canal de televisión Fuerza Informativa Azteca. “En estos tres años en la prisión aprendí a hablar español. Ahora quiero estudiar y lograr mis sueños”, aseguraba convencida. Quiere estudiar para ser maestra bilingüe y dar clases a niños indígenas que hablen su lengua, el náhuatl.

Aurelia García Cruceño empezó a sufrir abusos sexuales a los 19 años en Xochicalco, la comunidad indígena del Estado de Guerrero a la que pertenecía. El agresor, un policía 30 años mayor que ella, la violó en repetidas ocasiones. La joven terminó por quedarse embarazada, pero nunca denunció los hechos por temor al castigo que su familia y su comunidad pudieran imponerle por tener un hijo fuera del matrimonio. Para escapar de aquella realidad ennegrecida, en junio de 2019 huyó a Iguala, una ciudad del mismo Estado, donde se refugió en casa de su tía, según el relato que enviaron al juzgado seis organizaciones internacionales para la defensa de los derechos humanos.

Cuatro meses después, el 2 de octubre de 2019, estaba sola en casa cuando empezó a tener fuertes dolores en el vientre y a sangrar, hasta que tuvo un aborto involuntario sobre la cama donde dormía habitualmente. Su tía regresó a casa, vio el feto y la cantidad de sangre que había perdido Aurelia y llamó a la ambulancia. Los servicios de emergencia la llevaron al hospital para atenderla cuando estaba a punto de tener una “choque hipovolémico” debido a la falta de sangre en su cuerpo. Cuando se despierta, Aurelia está esposada a la cama y acusada por el delito de “homicidio en razón de parentesco”, es decir, por matar a su hijo. Poco después la trasladan a una cárcel en Iguala, donde lleva tres años encerrada.

Este es un caso cortado por múltiples violaciones a sus derechos humanos. En el hospital, el personal médico la preguntaba sin cesar: “¿Qué le hiciste al bebé?, ¿Por qué lo mataste?”, cuando ni siquiera ella sabía lo que la había pasado. Después, los abogados que debían defenderla la engañaron para que aceptara ir a prisión durante 13 años, insistiendo en que, si no, acabaría pasando 50 años en la cárcel. Todas estas conversaciones se realizaron en español. Aurelia García nunca contó con intérprete que tradujera lo que decían los abogados a su lengua materna, “por lo que ella nunca entendió cabalmente lo que estaba aceptando”, dice el informe de las organizaciones de derechos humanos.

Aunque la Suprema Corte de México despenalizó el aborto en septiembre del año pasado, las fiscalías de los diferentes estados siguen encontrando maneras para penalizar esta práctica. Verónica Cruz, directora de la organización feminista Las Libres, calcula que hay unas 200 mujeres en la cárcel por delitos relacionados con el aborto. “Son mujeres que tuvieron partos espontáneos, abortos prematuros o emergencias obstétricas”, aseguraba en una entrevista con EFE. Estas mujeres no son condenadas por aborto, sino por otros delitos como homicidio en razón de parentesco (como el caso de Aurelia), omisión de cuidados o infanticidio.

Después de haber sido sentenciada, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD) apeló la condena. Se determinó que, en efecto, hubo violaciones al debido proceso y se repitió el juicio. Aurelia García fue “forzada a aceptar su responsabilidad” porque nunca se le explicó “en su idioma, de manera clara y sin tecnicismos, las consecuencias” de aquello a lo que estaba accediendo”, explica el texto. La cárcel en la que está recluida no cuenta con intérpretes contratados, por lo que las comunicaciones como el personal son en español en vez de en náhuatl, su lengua materna. Al principio, a la joven le fue muy complicado comprender sus derechos y su situación jurídica en general.

Aurelia ha tenido que aprender español en la cárcel, durante los tres años que ha pasado allí. Cuando firmó los documentos que la condenaron durante estos tres años no sabía lo que estaba firmando, como muchas otras personas de comunidades indígenas. La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas ha contabilizado más de 8.400 presos en el sistema penitenciario nacional (96% son hombres). Muchos de ellos están internados sin conocer sus derechos o el delito del que se les acusa, y también están privados de un intérprete que les pueda ayudar a entender su situación, según denuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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