En 1791, en plena Revolución francesa, Olimpia de Gouges publicó la declaración de los derechos de la Mujer y la Ciudadana. Por primera vez un texto reconocía la igualdad plena de las mujeres ante los hombres. Dos siglos después y a miles de kilómetros de distancia, otra Olimpia, Olimpia Coral Melo, escribió en México una reforma de ley que revolucionó el derecho de las mujeres a la intimidad y abrió la puerta a tener una vida sexual libre de violencia. La ley Olimpia, como la llamaron, reconoce la violencia digital como actos de acoso, amenaza, vulneración de datos e información privada; y penaliza a quienes graban y difunden sin consentimiento imágenes sexuales con penas que pueden alcanzar los nueve años de cárcel.

En el universo de Internet, donde reina el anonimato y la sociedad más joven pasa gran parte de su tiempo conectada, las violencias no son solo físicas: también suceden de manera virtual. Ese terreno, todavía desconocido para los Gobiernos, se ha convertido en una gran limitación a la hora de legislar, atender y proteger los derechos de la ciudadanía, en especial de mujeres y niñas. “Antes de la reforma, no era reconocida como violencia contra las mujeres ni como delito”, señala Melo.

Según el único registro nacional hecho por el Instituto de Estadística y Geografía sobre ciberacoso, en 2015 nueve millones de mexicanas vivieron este tipo de violencia, entre el que se encuentra compartir contenido íntimo sin consentimiento. Las más vulnerables de ser violentadas fueron las mujeres entre 20 y 29 años, seguidas por el grupo de 12 a 19 años. “El 90% de las mujeres y las niñas expuestas en mercados de explotación sexual por Internet —lo que las personas comúnmente conocen como páginas porno, grupos de packs o grupos de nudes— no habían dado su consentimiento para ello”, explica la activista. Y arroja un dato más sobre la mesa: “Una fotografía de una niña desnuda en Internet puede costar entre cinco pesos (0,24 dólares) y 2.000 pesos (96 dólares)”.

Cuando tenía 18 años, ella misma supo lo que era vivir esa violencia. La difusión en Internet de un vídeo sexual con un exnovio fue el comienzo de una larga lucha no solo por reclamar su derecho a la intimidad, sino para que eso fuera castigado como violencia. “Traté de suicidarme varias veces y otras traté de desaparecer, pero no podía, el vídeo me perseguía. Dejé la universidad, dejé de salir a la calle, de frecuentar a mis amigos… Bastaba con difundir ese video sexual para violar mi cuerpo de nuevo cada vez que una persona lo tenía en su poder”, asegura. Olimpia Coral Melo habla en sus conferencias y talleres de su propia experiencia. “No sabes si al otro lado de la fotografía que te mandaron tus cuates, tus amigos del equipo de fútbol, tu grupo del trabajo... hay una mujer suicidándose mientras te masturbas con su cuerpo virtualizado”.

Dice que, pese a todo, las palabras que recibió de su madre en aquel momento la salvaron: “Tu cuerpo desnudo no es un crimen y lo que hiciste no le hizo daño al mundo, lo que te hicieron a ti sí”. El año pasado, Olimpia Coral Melo fue reconocida por la revista Time como una de las personas más influyentes de América Latina.

Ella redactó la ley de su puño y letra, pero reconoce que fue gracias al apoyo y al trabajo conjunto de un nutrido grupo de mujeres que la Ley Olimpia acabó convirtiéndose en una realidad en todo el país. “Al principio nos llamaron locas. Nos ordenaron que nos calláramos, pero demostramos que cuando las locas luchamos, el mundo cambia. Y no solo nos beneficia a nosotras, también les beneficia a los hombres”, subraya. Al igual que México, otros países de América Latina se han sumado a reconocer la violencia digital en su legislación. En 2019 Argentina incorporó en la reforma de su Código Penal la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento y Ecuador aprobó en 2021 un proyecto de ley en ese sentido.

La ley obliga a las plataformas a bajar el contenido denunciado, pero —como su propia creadora señala— todavía hay muchos rezagos que corregir en ese sentido. Entre ellos, la inmediatez con la que las autoridades actúan ante las denuncias y las trabas que ponen las plataformas para dar de baja el contenido. Es más fácil que Facebook, Twitter, Instagram, bajen una fotografía de nosotras dando el pecho que una con nuestro contenido íntimo no consentido”, apunta. “Las empresas ven nuestros cuerpos como objetos sexuales porque el algoritmo es patriarcal”, agrega. A esto hay que sumarle una tasa de impunidad general en el país que ronda el 95% de todos los delitos, y la falta de formación de jueces y ministerios públicos en la materia. Desde 2021 se han dictado en el país ocho condenas con base en la Ley Olimpia.

Después de más de una década de lucha, Melo nunca pudo llevar su caso a los tribunales. Cuando difundieron su video sexual, México no reconocía aquello como un delito. Olimpia de Gouges tampoco vio materializada su declaración de derechos: fue decapitada dos años después de publicarla. Sin embargo, su texto sentó un precedente en el reconocimiento de la igualdad para las mujeres.

A sus 30 años, Olimpia Coral Melo dice que su propia justicia es saber que otras mujeres estarán protegidas a partir de ahora gracias a lo que hizo. Eso y haber reescrito su historia de nuevo: “Mi nombre ya no tiene que ver con un video sexual, ahora tiene que ver con la Ley Olimpia”.

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