Su nombre era Rosa Elvira Cely: fue asesinada en mayo del 2012 y el Estado podría haber evitado su muerte. En 2015, fue su nombre el que ayudó a cambiar al Estado.

Rosa Elvira Cely era una mujer de 35 años que vivía en Bogotá, tenía una hija de 12 años, trabajaba en un puesto ambulante en la calle durante el día y por la noche estudiaba en una escuela pública para terminar su secundaria. Un excompañero de esa escuela la asesinó la madrugada de un jueves en un parque central de Bogotá. Esa noche, casi milagrosamente, Cely alcanzó a marcar a un número de emergencias. “Estoy en el Parque Nacional. Me están violando”, le gritó a la policía y les dijo su ubicación. Las autoridades no llegaron a tiempo. Cuando la encontraron, estaba tirada en el suelo con hipotermia, herida en varias partes del cuerpo y con señas de estrangrangulamiento. Un análisis posterior reveló que el asesino había introducido un objeto por su ano, posiblemente un palo, con el que destruyó su útero y trompas de falopio. Rosa Elvira Cely fue llevada a un hospital y murió tras cuatro días en cuidados intensivos.

El Estado no solo le falló esa noche. El diario nacional El Espectador encontró que Javier Velasco, el asesino, ya había había sido condenado previamente por matar otra mujer en 2002 (solo cumplió 19 meses de condena); que tenía una denuncia penal por abuso sexual de sus dos hijastras y que algunas autoridades habían advertido el riesgo de que Velasco volviera a asesinar a una mujer. La historia, efectivamente, se repitió.

“Yo no sabía nada de temas de género en ese momento”, cuenta a El PAÍS Adriana Cely, hermana de Rosa, que se encargó del proceso judicial de su hermana. “No tenía conocimientos especializados pero cuando me enfrento a lo que ocurre, pues veo mucha negligencia de las instituciones, veo que el proceso penal le falla a las mujeres, y que eso también vulneraba a mi hermana. Cuando empiezo a percibir eso, empiezo a formarme en seminarios, foros y ahí empiezo a entender. Ahí fue que conocí unas organizaciones de mujeres que querían tipificar el feminicidio en Colombia”.

La muerte de Rosa Elvira Cely fue uno de muchos casos de violencia, pero la crueldad del homicidio fue tal que la noticia logró despertar la indignación general: hubo marchas de rechazo, campañas en redes sociales, investigaciones rigurosas de medios de comunicación. Algunos colectivos feministas vieron en este homicidio un ejemplo más de porqué había que cambiar el Estado colombiano. Era hora, exigían, de tipificar por primera vez el delito de feminicidio. “Quien estaba apoyando el proyecto era una congresista que se llama Gloria Inés Ramírez, pero ya había antes de ella todo un movimiento de mujeres que venían pidieron al Congreso que lo aprobara”, cuenta Adriana Cely. Aunque Ramírez era congresista de un partido de izquierda minoritario, el Polo, a la iniciativa la apoyaron congresistas de todo el espectro ideológico y por esto logró aprobarse en 2015.

La ley Rosa Elvira Cely de 2015 tipifica un feminicidio como “causar la muerte de una mujer por su condición de ser mujer o por motivos de su identidad de género”. Con esto, los transfeminicidios quedan también incluídos. Los acusados por este tipo de delito podrían ser condenados a penas que van de los 250 meses (20 años) y hasta 600 meses (50 años). La ley también establece unas obligaciones a las instituciones judiciales para tratar este tipo de casos penales, y otras obligaciones a las instituciones pedagógicas para identificar y prevenir la violencia de género.

“Fue casi una reparación”, dice Adriana Cely sobre el hecho de que la ley lleve el nombre de su hermana. “Para mi familia fue importante: la ley tiene un nombre, y la gente con ella puede hacer memoria de lo que ocurrió”. Nombrar la violencia ha sido una de las banderas del movimiento feminista y en este caso eran dos los nombres que entraban al léxico al aprobar la ley: el de de Rosa Elvira Cely, para no olvidar lo que le ocurrió a ella; el del feminicidio, para nombrar lo que le ocurre a muchas más. “Es también como decirle a mi hermana que su muerte no fue en vano”, dice Adriana Cely. “Debemos lograr nombrar a todas esas mujeres, porque esos feminicidios tienen un nombre, no son solo una cifra más”.

No son solo una cifra más, pero las cifras siguen siendo altas, aunque el Estado no ha logrado unificar el número total de feminicidios en una sola base de datos. Yamile Roncacio es directora de la Fundación Feminicidios Colombia, una organización que intenta cruzar la información de casos de feminicidio que aparecen en la prensa con otros casos judiciales de la Fiscalía: encontraron al menos 237 casos de feminicidio en 2020, y al menos 267 en 2021.

“En cifras, la ley en sí misma no ha tenido ningún efecto en estos años”, dice decepcionada Roncacio. “Ahora, ¿qué cambió? La introducción del delito de feminicidio en Colombia fue muy importante porque es el primer paso para la comprensión de por qué a las mujeres nos matan. El delito no se crea por una cosa de populismo punitivo, como algunos quieren insistir, sino que es un asunto político”.

Lo que logró la ley Rosa Elvira Cely en siete años, en otras palabras, fue un cambio cultural y político: entrar una herramienta al movimiento feminista para que los fiscales, o los jueces, o los abogados nombren un día esos asesinatos como lo que realmente son: feminicidios.

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