Eyvi Ágreda Marchena migró a Lima para estudiar administración y a la vez trabajaba como empleada en una empresa de servicios para ayudar a sus padres, campesinos en una comunidad de Cajamarca, en la sierra del norte de Perú. Cuando tenía 22 años, en abril de 2018, fue atacada por un excompañero de trabajo que la acosó durante meses porque quería una relación con ella. Un día, al terminar su jornada laboral, la joven subió a un autobús y Carlos Hualpa la siguió sin que ella lo notara. Él llevaba combustible en una botella de yogurt, contó esa noche uno de los bomberos que atendió la emergencia. “Si no eres mía, no eres de nadie, arderás”, le dijo el agresor y le prendió fuego cuando el autobús recorría Miraflores, un distrito de clase media-alta de Lima. El 60% del cuerpo de Ágreda sufrió quemaduras y otros siete pasajeros lesionados tuvieron que ser evacuados a hospitales. Mientras los médicos reportaban sucesivas cirugías para salvarla, la indignación pública contra el agresor crecía.

Una de las congresistas que preparaba desde antes un proyecto de ley sobre el delito de acoso, la socióloga Marisa Grave, planteó la urgencia de debatir la cuestión. Otros parlamentarios también se sumaron a presentar iniciativas de ley debido a la repercusión pública de la violencia machista: a raíz de lo ocurrido con Eyvi, dos conocidas periodistas de televisión hicieron público que eran víctimas de acoso pero la policía no podía hacer nada. “No era acoso callejero ni hostigamiento laboral: en ese momento no había reconocimiento del delito. Cuando pasó lo de Eyvi fue muy dramático porque de haber existido legislación, hubiera denunciado a quien la perseguía y él podría haber terminado preso”, recuerda Glave.

La joven falleció cinco semanas después del ataque a causa de una infección generalizada.

La noche de su muerte, el 1 de junio, hubo una vigilia y luego una gran movilización juvenil en el centro de Lima —desde el Palacio de Justicia hasta el Congreso— con carteles que decían #NiUnaMenos y #NosEstánMatando.

La abogada Cynthia Vila integró el equipo del Ministerio de la Mujer que, en septiembre de ese año, tres meses después del fallecimiento de la joven, logró aprobar la norma que incluye el delito de acoso en el Código Penal.

“Fue muy importante la movilización ciudadana para la toma de decisiones en el Estado. Ese caso fue muy lamentable pues si la norma hubiera existido no estaríamos hoy hablando de su muerte. Pudo haber pedido medidas de restricción o una prisión preventiva mientras investigaban al agresor”, señala Vila, ex viceministra del Ministerio de la Mujer. La exfuncionaria destaca que el debate público sobre el feminicidio de Eyvi Ágreda permitió que el Congreso diera facultades legislativas al Ejecutivo para combatir la violencia de género, y una de las varias normas promulgadas en ese contexto fue la tipificación penal del acoso.

La excongresista Glave destacó que el Ejecutivo mejoró los distintos proyectos de ley sobre el tema, y que en el Congreso el debate hubiera sido difícil. “Algunos parlamentarios varones no entendían: lo veían como galantería, o que ya no iban a poder coquetear o mirar a una mujer. O decían que las mujeres solteras se exponen porque no tienen pareja”, cuenta. Para la socióloga, este caso fue muy brutal por el tipo de violencia ejercida sobre el cuerpo de una mujer que estaba sola, y que peleaba por su independencia. “Al quemar como la quemó, no se le iba a acercar ni Dios. Que tu apariencia física desaparezca es una cosa muy violenta”, agrega Glave.

La activista Sheridan Medina, que en ese tiempo formaba parte del colectivo Paremos el acoso callejero, cuenta que vivieron de forma muy intensa la muerte de Eyvi porque, cuando el feminicida confesó el crimen, hubo mucha revictimización. “Pensábamos que habíamos dado un gran paso cuando salió el decreto legislativo que penaliza el acoso, pero al ver las reacciones en redes —que decían que ella debió aceptar al hombre o ser más clara con él— constatamos que faltaba mucho por hacer en educación y en lo social”, dice Medina.

En 2019, la Corte Superior de Justicia de Lima condenó a Hualpa a 35 años de prisión por feminicidio. En la calle de Miraflores donde Eyvi fue atacada no hay ninguna señal en su memoria.

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