Ciudad de México declara imprescriptible la pederastia y alarga los plazos para enjuiciar delitos sexuales contra los menores

El Congreso de Ciudad de México acaba de aprobar unas modificaciones legislativas que declaran imprescriptible el delito de pederastia, cuya pena se eleva de 17 a 24 años de cárcel, un incremento notable y similar al que se ha dictado para otras violencias cometidas contra menores de 12 años, por ejemplo, la cópula, cuyo castigo pasa de 12 a 20 años de prisión. Entre las novedades legales, se alarga el tiempo para la prescripción del delito, que comenzará a correr a partir de que la víctima cumpla 30 años de edad, y no 18. Cambios parecidos han emprendido otros países. La reforma ha sido bien recibida en las organizaciones que tradicionalmente se ocupan de la infancia. México está a la cabeza en abuso sexual infantil, con más de cinco millones de casos por año, según un estudio de la OCDE.

Las organizaciones civiles que tradicionalmente se ocupan de la protección de la infancia han saludado esta reforma jurídica, pero son conscientes de que el problema no se acaba dando un vuelco a las leyes. Todas las consultadas señalan las dificultades que plantea el sistema judicial mexicano para que las víctimas se atrevan a denunciar o la capacidad de resolver un caso llegado a los tribunales. Ese es el gran inconveniente, aseguran. De poco sirven las leyes, dicen, si no hay capacidad para aplicarlas. Algo parecido a lo que ocurre con los feminicidios. “En todo caso, es importante traer este gravísimo asunto a la conversación pública, porque estamos ante una sociedad que suele mirar para otro lado”, afirma Tania Ramírez, presidenta de la Red para los Derechos de la Infancia de México (Redim). Dicho esto, como organizaciones civiles, afirma, se ven en la obligación de señalar los problemas que persistirán si no se cambia el proceder jurídico.

Antes de abundar en ello, Redim ofrece unas cifras: solo en 2020, 5.387 personas de 0 a 17 años fueron atendidas en hospitales por violencia sexual, en el 92% de los casos se trataba de niñas y adolescentes y dos tercios se debía a agresiones por parte de familiares o conocidos muy cercanos, en su gran mayoría, varones. “En todo el país se registran siete víctimas mortales diarias de niñas, niños y adolescentes. La pandemia y la permanencia de los niños resguardados en sus casas no ha contribuido, desde luego, a mejorar estas cifras espeluznantes”, sostiene Ramírez.

Los datos oficiales, a decir de Laura Martínez, fundadora de la Asociación para el Desarrollo Integral de Personas Violadas A. C. (Adivac), “no son nada, son cero”. Las cuatro o cinco mil denuncias al año, afirma, apenas dibuja el infierno por el que pasan millones de niños y niñas debido a las múltiples violencias sexuales, que tienen un claro componente de género. “Consideramos, además, que cualquier conducta de uso de poder, con supuesto consentimiento o sin él, es violencia, porque a esas edades no se tiene el desarrollo suficiente para decir lo que se quiere. Simplemente obedecen”. En Adivac atienden a unas 500 personas a la semana. Entre los menores que reciben, apenas la mitad ha levantado denuncia, dice Martínez, que lleva 36 años trabajando en esta causa. “La letra de la ley está bien, pero el problema es cómo la interpreta el operador de la justicia después. Y normalmente no les creen”. Afirma que, en general, el 98% de las víctimas no denuncia.

Sin nombre ni apellidos, Martínez relata el caso de una niña que ha pasado por su organización, violada por su padre desde los tres años y cuya madre denunció después, cuando ya tenía cinco. “Ahora tiene 14 y le van a dar la custodia al señor que la violó, después de 11 años de litigio”. En casos como este basa su descreimiento en el andamiaje jurídico esta experta. “La justicia puede mandar un mensaje de protección al menor y castigo al agresor o bien convertirse en una maquinaria de revictimización”, corrobora Ramírez, de Redim.

Ambas especialistas señalan la extensión del plazo de prescripción del delito como un elemento de doble filo. Por un lado, el hecho de que empiece a correr el tiempo legal a partir de que la víctima haya cumplido 30 años puede entenderse como un margen para la condena de la agresión. “En efecto, estas víctimas tardan en salir del silencio entre 15 y 30 años desde que sufrieron las agresiones, pero el acceso a la justicia puede ser más complicado cuando ha pasado el tiempo. Si no te creyeron entonces, imagina después de décadas, cuando no hay señales físicas del sufrimiento”, dice Martínez. “Se pierde la frescura de las pruebas y se agranda la duda razonable de la que se beneficia el agresor”, añade Ramírez.

Por otro lado, no cabe pensar que haya una correlación sistemática entre tener más edad y mayor capacidad de afrontar el problema ante la justicia, dicen. “Alguien que ha vivido violencia sexual, con el tiempo se hace resiliente, sus emociones se enquistan, la crisis que se vivió se convierte en una especie de neurosis con mecanismos de defensa. Muchas de las víctimas dejan de tener relaciones sexuales para siempre, o tienen pareja por compromiso social, o se vuelcan en los estudios o se pierden en las drogas. O se quitan la vida en alguno de los intentos”. Pero la denuncia, por más edad que se tenga, no siempre llega. Martínez es psicóloga, y su larga experiencia tratando estos casos confiere autoridad a su relato.

Todos estos problemas señalados devuelven la mirada, de nuevo, a la aplicación de la ley, más que a los cambios legales sobre el papel. “El avance es valioso, pero en los ministerios públicos, entre los jueces, no hay todavía un enfoque de derechos humanos para tratar estos casos”, sostiene Minerva Gómez Plata, del Programa Infancia de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco. “Se necesita mucha capacitación, porque perduran las concepciones machistas y patriarcales. Lo que faltan son políticas públicas de protección y trabajo con las familias, que el mundo supuestamente privado salga a la luz pública. Hay mucho castigo físico en la infancia, por ejemplo, y la pederastia y el comercio sexual más parecen un negocio perfectamente articulado en el ámbito político, como ha puesto de manifiesto la periodista Lydia Cacho. Hay todavía muchos puntos ciegos”, critica.

Ramírez, de Redim, concluye: “Hay todavía una mirada adultocéntrica que entiende que los hijos son propiedad de los padres y la falsa y peligrosa idea de que por tener hijos se puede disponer de sus cuerpos y vidas”.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS México y reciba todas las claves informativas de la actualidad de este país