La ‘ley Ingrid’ se aprueba antes de que se resuelva el ‘caso Ingrid’

La conocida como ley Ingrid ha sido aprobada esta semana en el Congreso de Ciudad de México para penalizar con dos a seis años de cárcel o multar a quienes difundan por cualquier vía imágenes de las víctimas mortales, especialmente de feminicidios, o comercialicen con esos documentos, una práctica extendida en México entre los funcionarios públicos. La modificación del código penal se conoce popularmente con el nombre de Ingrid Escamilla. El asesinato de esta mujer, en febrero de 2020, conmocionó al país cuando los restos de su cadáver descuartizado salieron en redes sociales y en algunos periódicos. Hubo encendidas protestas feministas frente a las puertas de aquellos rotativos y la Fiscalía presentó esta iniciativa para su legislación. Un año después, México tiene otra norma, pero el caso de Escamilla, por el que se investigó a seis agentes tras la filtración de las imágenes, sigue hoy sin resolución conocida. La Fiscalía guarda silencio.

Ingrid Escamilla tenía 25 años y su pareja, Erick Francisco, la asesinó en su vivienda. No era el primer caso. En Ciudad de México, en 2017, apareció el cuerpo de Lesvy Berlín Rivera, estrangulada. Desde la Procuraduría salieron comentarios que enfurecieron a las feministas pues se centraban en si la mujer bebía o se drogaba. Ana Yeli Pérez Garrido, del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), también recuerda el caso Abigail en el que se filtraron fotos que se habían hecho en la Procuraduría. “No podían más que haber salido de esas oficinas”, dice Pérez Garrido. “Las fotos se venden a los periodistas de la nota roja. Creo que esta legislación es necesaria, pero es vergonzoso que se adelante con el nombre de Ingrid cuando su caso aún está impune”. Este periódico ha preguntado a la Fiscalía en varias ocasiones a lo largo de estos meses y la respuesta, cuando la hay, recurre al secreto de sumario. Nada se sabe aún de la investigación de aquellos policías. En todo caso, reconoce Pérez, “lo ocurrido con Ingrid amerita que la norma lleve su nombre”.

México tiene una legislación muy avanzada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres y en la protección de la violencia que las golpea duramente. Cada día, en promedio, hay 10 víctimas de feminicidio. Pero la impunidad es galopante. Menos del 10% de los crímenes acaba en una condena. “En México hay permiso para matar”, dice la abogada feminista Mara Muñoz. “La legislación mexicana es del primer mundo. Se han firmado numerosos tratados internacionales, se ha reformado la Constitución para atender a los derechos humanos, se han aprobado leyes de vanguardia. El andamiaje legal es de un Estado moderno. El problema surge a la hora de implementar la legislación”. Muñoz cita la falta de capacitación y experiencia científica de la policía, los peritos judiciales, los agentes de la Fiscalía. “Los funcionarios continúan teniendo la idiosincrasia contraria a los Derechos Humanos”, añade.

Para esta abogada, que dirigió el Centro de Justicia de las Mujeres en Zacatecas, “el colmo es que fue la Fiscalía quien llevó la iniciativa legal al Congreso a partir del caso Ingrid. La apoyaron todos los diputados, se pronunció el Gobierno de la ciudad, hasta el arzobispado. Luego llegó la desmemoria”. Muñoz cree que, a un año ya de lo ocurrido con aquella mujer, “debería haber ya una clara vinculación a proceso, quizá no una sentencia, pero sí una respuesta por parte de la Fiscalía ante la sociedad, que indique que el proceso avanza. Y que se tenga claridad con lo sucedido con los agentes investigados”. “En México están fallando las instituciones”, afirma.

La impunidad nace de las investigaciones de los crímenes. Numerosos errores en las pruebas o la inexistencia de ellas por una mala práctica policial. “Hay omisiones e irregularidades en toda la cadena de justicia, desde los policías hasta los peritos, médicos y psicólogos, que se rematan con la filtración de imágenes. Algunos peritajes son tan imperfectos que solo se pueden entender desde la corrupción”, afirma Pérez Garrido.

Muñoz también cita la falta de recursos y la desigualdad de criterios y protocolos en los distintos Estados. “Hay delitos, por ejemplo alguno de violación, que son obvios en su comisión, pero que no cuentan con las investigaciones que deberían”. Muñoz concluye que casos como el de Ingrid Escamilla, un caso sin resolver y una ley que lleva su nombre, “muestran el cinismo al que se tiene que enfrentar la ciudadanía en México: una enorme impunidad y una brecha entre lo que dice la ley y lo que se lleva a cabo finalmente”.

A partir de ahora, la ley Ingrid penalizará al servidor público que “difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos, con uno o varios hechos señalados por la ley como delitos”. Si, además, los documentos que se difunden tienen como objetivo menoscabar la dignidad de las víctimas, en el caso de cadáveres de mujeres o niñas, las penas serán superiores.

“De nada sirven los avances legislativos si no se consigue erradicar estas prácticas de los servidores públicos”, dice Pérez Garrido. Y añade: “No basta crear una ley para que esto no se repita sino facilitar el acceso debido a la justicia y la protección de las víctimas así como la dignidad de las víctimas”.

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