El delito más grave de México: la impunidad

Antes de que el crimen organizado arrasara con su botazas el suelo mexicano, la mayoría de los homicidios ocurría en las zonas rurales dibujando una relación estrecha entre la pobreza y la delincuencia. El número de viviendas con piso de tierra era una medida de sangre. 15 años después, los feminicidios y la marginación siguen atrapando a las mujeres entre ese piso de tierra y el techo de cristal, aunque, naturalmente, lo que incendia México es la violencia y la muerte. Entre homicidios dolosos contra mujeres y feminicidios, el país pierde cada día a 10,5 ciudadanas, a un ritmo que crece desde 2017, mientras las investigaciones de las fiscalías se limitan en muchos casos a enviar los oficios y “sentarse a esperar a que lleguen las respuestas, si es que llegan”. Un informe de la organización Impunidad 0 presentado hoy muestra unos datos que no por sospechados o sabidos resultan menos escalofriantes. La impunidad para los homicidios dolosos contra las mujeres, como se califica la mayoría de estos crímenes, alcanza el 89,6% en el país, pero hay Estados, como Morelos, donde matar, al menos en este capítulo, es 100% gratis.

En 2019 (los datos del informe corresponden al año pasado), 3.834 mujeres murieron de forma violenta en México, 10,5 al día, de promedio. Algo más del millar de crímenes fueron calificados de feminicidio, una cifra que ha crecido un 137% desde 2015, pero que sigue adoleciendo de un subregistro manifiesto que invisibiliza y, por tanto, revictimiza. El resto son considerados homicidios dolosos y se investigan peor, por lo que la impunidad sale ganando la partida. La investigación policial tiende a calificar de feminicidios aquellos en los que se usaron armas blancas, o asfixia, por ejemplo. Solo en un 22% de los declarados femicidios el agresor utilizó armas de fuego, un proceso más limpio y alejado que deja menos pruebas. Solo uno de cada 10 homicidios se esclarece. El hecho de que los feminicidios tengan una mayor tasa de sentencias condenatorias se debe a que solo se califica así cuando los investigadores cuentan con pruebas suficientes para acreditar las razones de género del homicidio y “asegurar” la condena, según el informe.

Las condiciones en que trabajan los investigadores son determinantes en estos salvajes porcentajes de impunidad. El informe presentado hoy revela, al cierre de 2018, una tasa de 4,7 peritos judiciales por cada 100.000 habitantes, es decir, 5.923 peritos, cuando se reciben cuatro millones de solicitudes de su intervención para ofrecer evidencias científicas al crimen. Tampoco cuenta México con un gran número de fiscalías especializadas en homicidios: apenas 127 de 3.700 agencias del Ministerio Público. Y solo 21 están especializadas en feminicidios. Impunidad 0 destaca la pertinencia de crear los llamados centros de justicia, donde se concentran varios servicios que proporcionan seguridad y eficacia a la hora de proteger y administrar justicia a las mujeres víctimas. Manzanillo, en Colima, es una de las ciudades más violentas de México, con un puerto de mar por donde entran mercancías de toda clase, también las que proporcionan sustento al crimen. La directora estatal del Instituto de la Mujer, Mariana Martínez, reconocía el pasado julio, coincidiendo con un viaje del presidente López Obrador al Estado, que tenían una deuda pendiente con el centro integral de justicia, que iba con retraso. Meses después, la directora del Instituto de la mujer en Manzanillo, Sara Cernas, se queja: “Nada, no han puesto ni la primera piedra. Se presupuestó para este año, tendría que haber empezado en enero o febrero. Nada. No hay respuestas”.

También las leyes se han ido ajustando, las comisiones de trabajo legislativas reforman los textos legales para que estos crímenes se investiguen como feminicidios, añadiendo para ello elementos que resulten determinantes, como la aparición de cadáveres abandonados en plena calle, por ejemplo, pero la maquinaria tarda en arrancar. La formación de policías, fiscales, peritos y otros agentes sigue obstaculizando el proceso y dejando la puerta abierta de par en par a la impunidad.

Meses han pasado también desde que se conoció el crimen de Ingrid Escamilla, uno de los últimos asesinatos más sangrientos que se recuerdan y que despertó la ira de las mujeres que se manifestaron en la calle. Ocurrió a mediados de febrero y varios policías fueron investigados por su supuesta filtración de las macabras fotos que reprodujeron algunos medios de comunicación. Meses después, preguntada la fiscalía de Ciudad de México por el caso, aún se hablaba de secreto de sumario y de un proceso en marcha. Nada más por ahora.

La policía de Cancún disolvió este lunes a tiros una manifestación feminista y hubo dos periodistas heridos de bala. Los testigos escucharon a los agentes frases como esta: “Ahora sí van a valer madres las pinches mujeres”. Frente al Palacio Municipal, los congregados rompieron vidrios y quemaron maderas para protestar contra los violentos feminicidios registrados en el Estado de Quintana Roo este fin de semana. Así transcurren los días en México: crímenes brutales y protestas cada vez más violentas que, en lugar de atajarse con una buena dosis de justicia se encuentran con una lluvia de tiros por parte de la policía. Y muchas excusas y promesas de investigar que se quedan en nada.

Ni siquiera las carpetas de investigación que se abren coinciden con el número de mujeres asesinadas. “Hasta 2009, cada víctima de homicidio era registrada y se iniciaba una investigación en particular por cada una, aunque hubiera varias víctimas derivadas de los mismo hechos”, dice el informe de Impunidad 0. Pero eso cambió en 2010 “lo cual, por mucho tiempo, invisibilizó a las víctimas y produjo una aparente reducción en la incidencia del delito”, algo contrario a la Constitución.

México ocupa el sexto lugar entre los países más violentos del mundo, pero algunos de sus Estados, como Colima, Baja California, Chihuahua o Guanajuato, tienen una tasa superior de crímenes que El Salvador, Jamaica, Honduras, Sudáfrica o Venezuela, que preceden a México. Sin embargo, aunque a nivel mundial, el 81% de las víctimas de homicidio son hombres y el 19% mujeres, cuando se comenten en el ámbito familiar, es decir, por parejas, exparejas, maridos, el 64% son víctimas femeninas, “por lo que su investigación y tratamiento debe abordarse de manera diferenciada y con perspectiva de género”, algo que en México está muy lejos todavía de ser un realidad.