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La reportera Lydia Cacho sufre un robo de información sobre casos de pederastia en México

La periodista y defensora de derechos humanos vive amenazada de muerte desde 2006 por sus investigaciones sobre redes de trata y explotación infantil

Lydia Cacho
Lydia Cacho en la Secretaría de Gobernación mexicana.

La reportera mexicana Lydia Cacho ha sufrido el robo en su casa de equipo de trabajo y material periodístico que contenía información sobre casos de pederastia. Dos sujetos ingresaron a la vivienda de la periodista la tarde de este domingo en Puerto Morelos, en el Estado de Quintana Roo, y sustrajeron una computadora, diez discos duros, una grabadora de audio, tres cámaras fotográficas y varias tarjetas de memoria con material sensible. "Se trata de un acto de represalia por su ejercicio de defensa de derechos humanos y de su libertad de expresión", ha señalado la organización Artículo 19, quien dio a conocer los hechos.

Los agresores entraron al domicilio sobre las seis y media de la tarde, después de cortar los cables de las cámaras de seguridad de la vivienda y desactivar la alarma, según informa la organización conocida por su defensa a los derechos humanos. Al ingresar a la vivienda, los delincuentes además mataron a una de las perras que protegía la casa de la reportera y envenenaron a otra. "Los niveles de violencia y crueldad aumenta en la misma medida en que la impunidad les protege", ha publicado Cacho en su cuenta de Twitter este lunes. Sobre el material de trabajo, la reportera ha asegurado que mantiene duplicados de los archivos en el extranjero. "Mis investigaciones periodísticas están seguras fuera del país; se llevaron copias, la verdad nadie se la roba", ha sentenciado.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha condenado este martes el robo y ha solicitado a la Fiscalía investigar "la posible relación de ese hecho con su labor periodística y como defensora de los derechos humanos". El ombusdman mexicano ha denunciado la situación de violencia que enfrentan los reporteros en el país y ha reclamado al Gobierno que genere las condiciones de seguridad necesarias. "La CNDH se mantendrá observante de las acciones que emprendan las autoridades para dar con quienes allanaron el domicilio de la periodista, llevarlos ante la justicia para que respondan por sus actos y reciban el castigo que en derecho corresponda", ha señalado en un comunicado.

Artículo 19 ha asegurado que estas agresiones "constituyen un ataque frontal a la búsqueda de justicia de Lydia". La publicación en 2004 del libro Los demonios del Edén, una investigación sobre una red de trata y explotación infantil en el Estado de Quintana Roo, llevó a Cacho a enfrentarse con las altas esferas del poder en México. Nueve meses después de que su investigación fuera publicada, la reportera sufrió una detención ilegal, amenazas de muerte, tortura psicológica y acoso sexual por parte de diez personas que aseguraron ser policías del Estado de Puebla.

"El mismo patrón sucedido en el 2005 se repite en las agresiones de ayer", ha apuntado Artículo 19 en el comunicado difundido este lunes. "La ruptura de fotos familiares, de su ropa íntima y el asesinato de su perra, pretenden dar un mensaje amenazador e intimidante para la periodista". La organización ha señalado además que expertos en seguridad consultados por Cacho tras el robo aseguraron que "iban por ella", que no se encontraba en su casa en el momento de los hechos.

La periodista ha vivido los últimos 12 años bajo estrictas medidas de seguridad, incluso dejando México en algunas temporadas, tras recibir diversas amenazas de muerte. “Quiero vivir para sentenciarlos; es la única forma de sentar precedentes sobre las redes de trata de niñas y niños que terminan en tortura de testigos y asesinatos de periodistas y defensoras de derechos humanos”, decía a EL PAÍS en mayo. 

El pasado mes de enero el Gobierno de México ofreció por primera vez una disculpa a la reportera por la persecución sufrida en los últimos 14 años, después de que Naciones Unidas reconociera en agosto del año pasado que la reportera había sido sometida a violaciones de sus derechos humanos. Por su caso, una juez ordenó en abril la detención del exgobernador priista de Puebla, Mario Marín Torres, y el empresario textil Kamel Nacif, además del exjefe de la Policía Judicial de Puebla, Adolfo Karam, quienes permanecen prófugos de la justicia. 

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