Francisca Fernández, la abogada española que ha llevado la violencia obstétrica hasta la ONU

En marzo de 2020, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconocía el problema estructural de violencia obstétrica que sufre España a raíz de la denuncia de una mujer que en 2011 sufrió daños físicos y psicológicos en un hospital público de Lugo. Por primera vez, un tribunal internacional condenaba a un Estado por este tipo de violencia hacia las mujeres e instaba a las autoridades a tomar medidas reales y eficaces para erradicarla. El pasado 14 de julio, la ONU volvía a responsabilizar a España de ejercer violencia obstétrica. “Si los médicos y las enfermeras hubieran seguido todos los estándares y protocolos aplicables, es probable que la víctima hubiera dado a luz de forma natural sin tener que pasar por todos estos procedimientos que la dejaron física y mentalmente traumatizada”, señalaba Hiroko Akizuki, miembro de dicho comité, sobre el caso de Nahia Alkorta. La mujer, de 36 años y madre de tres hijos, fue sometida con su primer parto a una inducción injustificada que derivó en una cesárea, durante la cual se la trató de forma denigrante, además de ser separada sin motivo de su bebé durante más de cuatro horas. Durante el posparto sufrió estrés postraumático y tuvo secuelas físicas que le impidieron durante años llevar una vida normal.

Estos son dos de los cuatro casos que Francisca Fernández Guillén, abogada especializada en Derecho Sanitario y socia fundadora del Observatorio de Violencia Obstétrica, ha llevado a la ONU. Su labor en este sentido es elogiada por profesionales como Ibone Olza, una de las fundadoras de la asociación El Parto es nuestro y del Instituto de Salud Perinatal, para quien Fernández Guillén tiene un papel clave en el reconocimiento de la violencia obstétrica a nivel internacional. “Si en la ONU se está condenando a España, no es porque en España haya más violencia obstétrica que en otros países, el fenómeno es global. Es porque las primeras denuncias a la ONU están llegando desde España. Estamos liderando este tema a nivel mundial y Francisca es pionera”, afirma Olza.

En 2019 Francisca Fernández recibió el premio a la defensa de los Derechos Humanos en el Nacimiento por la organización Human Rigths in Childbirth y desde hace dos décadas se dedica tanto a nivel profesional como desde el activismo a luchar por los derechos de las mujeres que sufren negligencias en el parto. Su camino empieza como víctima, con el nacimiento de su primera hija en 2002. “Yo estudié Derecho y me dedicaba a otras cosas que no tienen nada que ver con lo que hago hoy. Durante el parto de mi primera hija sufrí violencia obstétrica: mi hija casi se muere y yo quedé con consecuencias muy graves para mi salud física y mental”, cuenta Fernández a EL PAÍS. Lo primero que hizo fue ir a la ley para ver si todo lo que les había pasado a su hija y a ella era legal. “Me di cuenta entonces de que, aunque en teoría las leyes que protegen los derechos de los pacientes son de aplicación tanto si el paciente es varón como si es mujer, la realidad es que a nosotras, en particular cuando estamos embarazadas, se nos trata de manera diferente y se nos excluye de esa protección”, explica.

A los cuatro meses de aquello, entró en un pequeño foro creado por Ibone Olza y Meritxell Vila Conesa: Apoyo cesáreas. “Ellas empezaron a contar lo que les había pasado, yo en seguida me identifiqué y fue entonces cuando empezamos a recopilar testimonios de otras mujeres. Nos dimos cuenta de que había un hilo conductor, un modus operandi, que lo nuestro no eran casos aislados. Cada día llegaban a la lista cinco, ocho, diez mujeres nuevas con historias terribles. Así nació El parto es nuestro, hace 19 años. Y fue desde ahí que me dediqué a pleitear”, recuerda ahora. Muchas mujeres se acercan al activismo desde sus propias experiencias y ayudan las demás desde su lugar, desde su profesión. Esa fue la fuerza de aquel grupo de mujeres: unirse y aportar cada una desde su lugar. “En aquel momento la SEGO [Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia] decía que éramos un lobby con mucho poder. A mí me daba la risa porque era incomprensible para ellos que unas simples mujeres pudiéramos tener tanto impacto. Fuimos al Ministerio de Sanidad, conseguimos que se creara la estrategia de atención al parto normal. Removimos mucho. Nosotras solo teníamos el apoyo de unas y de otras, poniendo nuestras profesiones de forma desinteresada al servicio de una causa, y esto fue una fuerza mucho más poderosa que el dinero o la posición que ellos tuvieran. Cuando hablamos de violencia obstétrica, la fuerza que hemos tenido los grupos de mujeres en España no tiene parangón en Europa”, explica Fernández.

La violencia obstétrica se define como la vulneración de los derechos humanos y reproductivos de las mujeres a través de prácticas físicas o psicológicas por parte de los profesionales que las atienden durante el embarazo, el parto y el posparto. Prácticas como procedimientos innecesarios, protocolos obsoletos e injustificados, actitudes paternalistas, chantaje e insultos, que de tan normalizadas han sido invisibilizadas durante décadas. Para Francisca Fernández, el cambio fundamental en estos años es que ahora hay recursos: “Por un lado, tenemos miles de historias que hemos contado las demás. Por lo menos las mujeres saben que lo que les pasa no tiene tanto que ver con ellas, con su embarazo, su parto o su aborto, sino con el sistema. Que no tienen la culpa. Esto es valiosísimo. Antes te podían decir que estabas loca, que a lo mejor tenías una depresión posparto. Además de los relatos, también hay recursos terapéuticos y preventivos y ahora tenemos el referente jurídico de las decisiones del comité”.

El proceso jurídico para llevar los casos de violencia obstétrica a la ONU se ha extendido a lo largo de 10 años, ya que para ir a un organismo internacional antes se deben haber agotado todos los recursos que se ofrecen a nivel nacional. “Al ver que a nuestro Tribunal Constitucional no le importaba algo tan trascendente como el nacimiento, como el papel de las mujeres en el parto, reuní cuatro casos representativos de violencia obstétrica que habían sido rechazados por los tribunales españoles e investigué la posibilidad de presentarlos ante el comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer de Naciones Unidas. Fue a través de la asociación de abogadas Women´s Link Worldwide, especializadas en salud sexual y reproductiva, que me animaron a llevarlo a un comité internacional porque estaba muy relacionado con la discriminación por ser mujeres. También me ayudaron espontáneamente otras mujeres: una doctoranda de la Universidad de León y una estudiante de Derecho de Estados Unidos. Así hicimos un equipo y nos pusimos a trabajar en cuatro casos para presentarlos de forma conjunta. Después, el comité prefirió evaluarlos de forma individual, pero igualmente ahí está el resultado”. El Estado español aún no ha cumplido con las recomendaciones del comité. “Desafortunadamente, ante la resistencia de nuestro Gobierno a cumplir con sus obligaciones internacionales, tendremos que acudir a la justicia para exigir su ejecución”, añade la abogada.

Hemos avanzado mucho. Creo Las mujeres cada vez tenemos más conciencia de cómo el sesgo de género en medicina amenaza nuestra salud

Francisca Fernández

Asegura Francisca Fernández que puede haber litigado alrededor de 400 casos en las últimas dos décadas y, aunque no en todos, en la mayoría está el componente de la violencia obstétrica. También ha llevado infinidad de casos simplemente de acompañamiento, de reclamaciones, de ayudar a muchas mujeres a presentar una queja. La mayoría de los que Fernández ha ganado han sido por plantearlos desde la negligencia médica, porque así, dice, es más probable que una mujer obtenga justicia. “Cuando intentas profundizar, hablar de cuestiones como los estereotipos en la atención médica, ya no se quiere entender y es entonces cuando te encuentras con un muro”, asegura la abogada, que denuncia que el coste económico y social de la violencia obstétrica es enorme. “Gran parte del colectivo médico niega la existencia del problema en lugar de reconocerlo y trabajar para erradicar la violencia obstétrica. Se muestran siempre a la defensiva. Es agotador”, cuenta.

Pese a ese agotamiento, Francisca Fernández es optimista. “No sé lo que pasará a futuro, pero hemos avanzado mucho. Creo que las mujeres cada vez tenemos más conciencia de cómo el sesgo de género en medicina amenaza nuestra salud. El Estado no tendrá más remedio que cumplir con las recomendaciones internacionales, porque al suscribir el Tratado para la eliminación de la discriminación contra la mujer, España adquirió ese compromiso. Y ya no hay silencio como antes en torno a este problema, eso era lo primero que había que romper y lo hemos conseguido”.

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