La violencia obstétrica se hace visible para la ONU

La violencia obstétrica existe. Existe, y ahora además ha dejado de ser invisible para la ONU. Dubravka Šimonović, Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de Naciones Unidas, la hacía visible el pasado mes de julio en la Asamblea General con el informe Enfoque basado en los derechos humanos del maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva, con especial hincapié en la atención del parto y la violencia obstétrica. Este documento, de apenas 26 páginas, supone el reconocimiento por parte del máximo organismo internacional de la existencia –y gravedad– de la violencia obstétrica, y analiza sus causas y sus consecuencias. Un reconocimiento histórico que para Ibone Olza, psiquiatra perinatal y directora del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal, es importante porque “desculpabiliza a las madres, valida sus experiencias, califica de “tortura” el realizar una cesárea o una episiotomía sin consentimiento y describe las formas de maltrato más habituales en el parto, especialmente el chantaje y cómo se minimizan o invisibilizan sus consecuencias”.

Una violencia tan normalizada que es invisible

En 2014, la Organización Mundial de la Salud publicaba un documento en el que denunciaba el trato irrespetuoso y ofensivo que recibían muchas mujeres durante el parto, e insistía en la importancia de establecer ciertas medidas de “control de calidad” en los centros de salud, así como la implicación de las propias mujeres, quienes a menudo no son conscientes de que determinadas actitudes o acciones forman parte de esa violencia invisible. En esto último incide la Relatora en el informe de la ONU: “La violencia contra las mujeres en el parto está tan normalizada que (todavía) no se considera violencia contra la mujer”, señala. Una violencia invisible, y no reconocida socialmente, que se oculta tras protocolos hospitalarios.

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De hecho, el propio documento de la OMS aún no mencionaba el término “violencia obstétrica”, dos palabras que levantan ampollas entre muchos profesionales sanitarios pese a las innumerables denuncias de mujeres y organizaciones. Para Charo Quintana, ginecóloga y miembro del Comité́ Técnico de la Estrategia de Atención al Parto y Salud Reproductiva del Ministerio de Sanidad, es normal que el término genere tanta confrontación porque considera que es muy difícil para los profesionales, para la administración sanitaria, para los políticos y para la ciudadanía “aceptar que existe un maltrato generalizado, sistémico, estructural de las mujeres y de los recién nacidos durante el parto, el nacimiento y el puerperio. Una violencia que también padecen los profesionales que la presencian o ejercen”.

Comparte esa idea Francisca Fernández Guillén, abogada especializada en salud sexual y reproductiva y miembro del Observatorio de Violencia Obstétrica de El Parto es nuestro. Para la jurista es fundamental dejar a un lado los eufemismos: “Yo no calificaría todas las negligencias o desatenciones o errores o baja calidad de los servicios de ginecología y obstetricia como violencia obstétrica, pero sí acciones como hacer una cesárea a una mujer sin anestesia a pesar de sus gritos de dolor, cortarle la vagina sin su consentimiento o extraer al hijo con fórceps solo para acabar el turno o para que los estudiantes aprendan me parece que son actos de tortura, tal y como se recoge en el informe de la Relatora”, explica.

A nivel jurídico el reconocimiento de la ONU de la violencia obstétrica es un avance importante porque, al igual que con cualquier otro tipo de violencia de género, el primer paso para erradicarla es reconocer su existencia y conocer sus mecanismos y causas. “Para Naciones Unidas, la violencia hacia las mujeres en el ámbito de la salud sexual y reproductiva es una cuestión de Derechos Humanos y vulnera lo establecido en el Convenio para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, que es un Convenio ratificado por España”, apunta la abogada. ¿Supondrá esto algún cambio o avance en la atención al parto en España en este sentido? Responde Francisca Fernández que los jueces y tribunales españoles están obligados a aplicar e interpretar el Derecho de conformidad con los Tratados Internaciones de los que España es parte. Para ello han de tenerse en cuenta las recomendaciones de los organismos que velan por su aplicación, como en este caso el Comité para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y las declaraciones de instituciones –como la anteriormente citada de la OMS– con relación a la prevención y erradicación de la falta de respeto y del maltrato durante la atención al parto en centros de salud.

Sin embargo, Fernández deja claro que aún queda un largo camino por recorrer para el conocimiento y la aplicación por parte de los tribunales españoles del Convenio, pese al informe de la Relatora: “En este momento se están tramitando tres quejas contra el estado español por no proteger a las mujeres embarazadas frente a ese tipo de violencia. Esto ha ocurrido porque diferentes Servicios de Salud permitieron y ampararon actuaciones y omisiones constitutivas de lo que el informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer califica como violencia obstétrica. Y porque los jueces fallaron a la hora de protegerlas frente a la vulneración de sus derechos. El patriarcado consiste precisamente en eso: en que a nosotras no se nos aplican las normas ni las recomendaciones ni la evidencia científica igual que a los hombres. Por eso el Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha declarado que, además de violar el derecho de las mujeres a la salud, la libertad, la dignidad y la intimidad, la violencia obstétrica infringe nuestro derecho a la igualdad”.

Secuelas físicas y emocionales

Sobre las causas por las que se produce la violencia obstétrica y el maltrato, Dubravka Šimonović recoge en el informe de la ONU que las limitaciones de los recursos y las condiciones de trabajo en los sistemas de salud pueden desempeñar un papel importante como factor impulsor del maltrato y la violencia contra la mujer durante la atención al parto.

Sobre esto, Charo Quintana considera que la violencia obstétrica es también una violencia institucional porque la administración sanitaria no dedica suficientes recursos humanos ni materiales a la atención al parto y al nacimiento. “En la actualidad pocas áreas de partos están adaptadas al nuevo modelo de atención al parto y al nacimiento, pocas tienen suficientes unidades como para no recurrir por falta de camas a acelerar dilataciones y expulsivos, pocos quirófanos permiten el contacto piel con piel inmediato e ininterrumpido en cesáreas y partos gemelares, pocas áreas de reanimación postquirúrgica están preparadas para mantener a los recién nacidos con sus madres recién intervenidas. Faltan matronas, personal de enfermería y ginecólogos dedicados a la obstetricia. Y falta formación en el nuevo modelo de atención al parto, en cuestiones bioéticas como el respeto a la autonomía de las mujeres durante el embarazo o el parto, en habilidades de comunicación y en gestión de las emociones”, lamenta.

Apunta Francisca Fernández Guillén que echa en falta algo en el informe, y es hablar de las consecuencias concretas que la violencia tiene para las mujeres y los niños. “Como abogada he llevado casos de bebés que han sufrido fractura craneal por uso indebido de fórceps, hemorragias por ventosas, parálisis cerebral o muerte. Mujeres que han perdido el útero o quedan con dolor permanente en las relaciones sexuales tras una episiotomía innecesaria. Y las consecuencias personales y sociales de la incontinencia fecal y urinaria por intervenciones obstétricas son enormes”, cuenta.

Según Ibone Olza, en función del tipo de violencia obstétrica pueden quedar diferentes secuelas. En el caso de que los profesionales culpen a la madre de los malos resultados del parto con expresiones del tipo "No empujas bien" o "El bebé sufrió porque tu pelvis es muy estrecha", la psiquiatra explica que lo que se genera es un sentimiento de culpa o incluso de fracaso, “de ser peligrosa para el bebé, lo que va a dificultar enormemente la relación vincular”. En el caso de maltrato verbal, de gritos en el parto o de episiotomías innecesarias y dañinas, explica Olza que pueden quedar secuelas de trauma, bloqueo y dificultad para retomar las relaciones sexuales o la penetración, rabia y desconfianza en la relación con los profesionales sanitarios e incluso infertilidad secundaria por miedo a volver a pasar por algo así. “El trastorno de estrés postraumático por el parto es la principal secuela de la violencia obstétrica y parece que afecta a un 5% de madres, pero hasta una de cada tres pueden presentar síntomas parciales”, señala.

Charo Quintana recuerda que la violencia obstétrica es un tipo de violencia que también padecen los propios profesionales que la presencian o ejercen. “Hay estudios que muestran cómo un importante porcentaje de ellos sufre síntomas compatibles con el síndrome de estrés postraumático y que muchas matronas abandonan el ejercicio profesional por esta razón”, afirma.

Para mejorar la asistencia a estos procesos y acabar con la violencia obstétrica, Ibone Olza cree que primero debemos ser conscientes de la dimensión del problema y comprender que es algo estructural. “Sería estupendo que los servicios de obstetricia leyeran el informe de la relatora de la ONU y aplicaran sus recomendaciones, comenzando por la transparencia en la obstetricia. Es decir, que se hicieran públicos los indicadores de cada servicio: tasas de cesáreas, episiotomías, inducciones, partos instrumentales, para poder saber como se están atendiendo los partos e ir implementando estrategias de mejora”, declara.

Y es que, sobre violencia obstétrica hay muchos datos a nivel cualitativo pero insuficientes a nivel cuantitativo. Es decir, sabemos en qué consisten estas prácticas y sabemos que son prácticas generalizadas y arraigadas en los centros de salud, pero no están cuantificadas. “Las dolorosas historias contadas por las mujeres en las comunicaciones recibidas por la Relatora Especial pusieron de manifiesto que el maltrato y la violencia contra la mujer en los servicios de salud reproductiva y durante la atención del parto en los centros de salud se producen en todo el mundo y afectan a las mujeres de todos los niveles socioeconómicos”, señala el informe de la ONU.

Internet ha desempeñado un papel decisivo a la hora de poder dar a conocer las experiencias de mujeres que han sufrido violencia obstétrica. Experiencias a menudo silenciadas por sus protagonistas por miedo, por vergüenza o sepultadas bajo el pensamiento de que se trata de un acto aislado. Para darles voz, y buscando cifras de la magnitud del problema, el Observatorio de Violencia Obstétrica hacía público en 2016 su primer informe sobre la violencia obstétrica ejercida a las mujeres en España. Dicho informe fue elaborado a partir de los datos recogidos de los testimonios de casi 2.000 mujeres. Entre otros, arroja datos como que en el 50% de los casos se actuó durante el parto sin el consentimiento de la usuaria (inducción, Kristeller, Hamilton, episiotomía…), que al 74,7 % de las mujeres no se les permitió elegir la postura del expulsivo, que el 65,8% de los planes de parto presentados no fueron respetados o que casi un 40% de las encuestadas reconocían necesitar o haber necesitado ayuda psicológica para superar las secuelas que sus partos les habían dejado. Por eso es tan importante el informe de la ONU, para nombrar lo que existe, para tomar conciencia de su existencia –y de sus efectos–. Para hacerlo visible.