El juez del ‘caso Stormy Daniels’ retrasa hasta abril el primer juicio penal contra Trump

El juicio penal a Donald Trump por el soborno pagado a una actriz porno en 2016 comenzará en abril, tras un retraso de 30 días concedido por el juez después de que los abogados del expresidente de Estados Unidos, y candidato republicano a la reelección en noviembre, dijeran que la divulgación tardía de pruebas les perjudicaba en la preparación de su defensa.

La decisión del juez Juan Manuel Merchan de retrasar el que será el primer juicio penal de la historia contra un expresidente de Estados Unidos supone otra victoria para el republicano, cuya línea de defensa se ha basado en ralentizar procedimentalmente todos los procesos que afronta: cuatro penales, el citado de Nueva York más otros en Washington, Georgia y Florida, y un par de ellos civiles, por los que ha sido condenado a multas millonarias. Ganar tiempo es básico para sus intereses políticos, a medida que se aproximan las elecciones del próximo 5 de noviembre, en las que se medirá de nuevo, como hiciera en 2020, con el demócrata Joe Biden. Ambos alcanzaron esta semana el número de delegados necesarios para garantizar su nominación.

La fiscalía de Manhattan que instruyó el caso Stormy Daniels (nombre de la actriz cuyo silencio compró Trump en 2016 para que su relación extramatrimonial no perjudicase su carrera electoral) había solicitado este jueves que el inicio del juicio, previsto para el 25 de marzo, se retrasase un mes, para dar tiempo a la defensa ante el aluvión de nuevas pruebas recibidas, decenas de miles de páginas de documentos que en su día ya investigaron los fiscales federales en el juicio a Michael Cohen, el hombre de confianza de Trump que realizó el pago del soborno a Daniels en 2016. Cohen, reconvertido luego en testigo de cargo contra su antiguo jefe, pormenorizó entonces a la fiscalía los pagos de Trump no sólo a Daniels, sino a otras dos mujeres que aseguraban haber tenido relaciones con el magnate.

Los abogados de la oficina del fiscal del Manhattan, el demócrata Alvin Bragg, llevaban un año tras los citados documentos y, tras recibirlos, consideraron que la defensa tenía derecho a revisar debidamente las pruebas, por lo que solicitaron el aplazamiento que el juez Merchan ha autorizado este viernes. De hecho, los fiscales de Manhattan se decían listos para proceder al juicio el previsto 25 de marzo, día en que se iba a constituir el jurado, pero no se opusieron a un retraso de 30 días para asegurarse de que Trump tuviera la oportunidad de revisar el nuevo material.

La imputación de 34 delitos en el caso Stormy Daniels fue la primera de las cuatro acusaciones penales presentadas contra Trump el año pasado. Aunque ninguno de los otros tres casos tiene fecha de juicio firme, el retraso del juicio de Nueva York podría complicar la programación de los demás. El de Washington está pendiente de la resolución de la apelación presentada por los abogados del republicano. Sumadas las cuatro imputaciones, el acusado deberá responder de 91 delitos.

Trump se ha declarado inocente de los 34 cargos de falsificación de registros comerciales, apuntados bajo la rúbrica “gastos legales”, para ocultar el pago de 130.000 dólares por parte de su exabogado Cohen a la actriz porno, para comprar su silencio antes de las elecciones de 2016 sobre un encuentro sexual que ella dice que tuvieron una década antes, y que amenazaba con divulgar en la recta final de la campaña presidencial. Trump niega también haber tenido un encuentro con la mujer, cuyo verdadero nombre es Stephanie Clifford.

El caso por el que el republicano se sentará en el banquillo se deriva del proceso contra Cohen, por el que el escudero de Trump fue condenado a finales de 2018 a tres años de cárcel por un delito de financiación ilícita de la campaña, porque la transacción buscaba proteger la imagen del entonces candidato republicano. Cohen no llegó a cumplir la condena íntegra por la pandemia. Los abogados de Trump han argumentado que Cohen pagó a Daniels para evitar la vergüenza de la familia de Trump, no para impulsar sus posibilidades electorales, como han alegado los fiscales de la oficina del fiscal del distrito de Manhattan.

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