Estados Unidos libra la gran batalla por el futuro de su democracia

Estados Unidos se juega en las trascendentales elecciones legislativas de este martes mucho más que la designación de centenares de cargos estatales, locales y federales, el control del Congreso y del Senado, el porvenir de los derechos reproductivos de las mujeres o las perspectivas para el resto de la primera legislatura de Joe Biden, que podría quedar amortizada a mitad de camino. Por encima de todo lo demás, en las urnas se libra la gran batalla por el futuro del sistema y la mera supervivencia de la democracia de la primera potencia mundial.

Estos son los primeros comicios que se celebran desde las presidenciales de 2020, cuando Donald Trump a punto estuvo de hacer saltar el sistema por los aires, con sus acusaciones, que se han demostrado una y otra vez falsas, de fraude electoral. Aquellas maniobras no lograron su objetivo, gracias a un puñado de funcionarios (republicanos) valientes, pero alentaron la insurrección del 6 de enero, uno de los mayores ataques a su democracia de la historia. No solo eso: su onda expansiva en diferido ha definido la política estadounidense de los últimos dos años. También dejaron tras de sí una nación profundamente dividida y abonada a la sospecha: dos tercios de los votantes conservadores aún creen que Biden no llegó a la Casa Blanca limpiamente.

La sombra de esa duda se proyecta sobre esta cita de medio mandato, pero también marcará las presidenciales de 2024, a las que, todo lo indica, piensa presentarse de nuevo Trump; en su último mitin de campaña en Ohio, celebrado el lunes, fijó en el próximo martes 15 de noviembre el día en que hará un “gran anuncio”, que a todas luces será el de la confirmación de su tercera carrera hacia la Casa Blanca. Biden también amenaza con reeditar aquel duelo y optar a la reválida, pese a que ambos candidatos tendrán entonces 78 y 81 años.

Sospechas de intervención rusa

En mitad de esta primavera del escepticismo, espoleada, entre sospechas de intervención rusa, por las redes sociales, que fueron incapaces de detener la desinformación en pasadas elecciones y tampoco lo han logrado en estas, los estadounidenses eligen decenas de cargos, de gobernadores a secretarios de Estado o fiscales generales, que serán los encargados en 2024 de establecer las reglas, de velar por la celebración de los comicios y de certificar los resultados. Muchos de ellos pertenecen a la tribu de los negacionistas electorales.

Más de 370 candidatos republicanos han expresado sus dudas sobre la legitimidad de las elecciones de 2020. Los hay que van aún más allá y siguen negando que los demócratas ganaran entonces. Los más recalcitrantes han usado sus potentes altavoces para dar publicidad al documental 2000 mules, que supuestamente prueba el fraude de Biden y los suyos. Esas mulas son los ciudadanos que, sostienen sin pruebas sus autores, se dedicaron a atiborrar de “votos falsos” las urnas de Georgia, donde Trump se dejó parte de la presidencia, por una diferencia de 11.779 papeletas.

No es descabellado pensar que algunos de los perdedores este martes tendrán planes de no aceptar los resultados. Como la candidata a gobernadora de Arizona Kari Lake, toda una estrella ascendente en el ala más trumpista del partido, que se ha puesto la venda antes de la herida, al afirmar que solo si gana dará por bueno el escrutinio. Las encuestas la sitúan como vencedora.

Esta cita será también la primera que se celebre después de la promulgación de una batería de leyes de restricción del voto: 21 Estados han aprobado 42 normas electorales que dificultan el acceso de las minorías a las urnas, según la entidad no partidista Brennan Center for Justice, que es la referencia en la supresión del voto en Estados Unidos. De ellas, 33 están ya en vigor para este martes. El acto de depositar una papeleta, el gesto más puramente democrático, se ha convertido así en otro encarnizado campo de la batalla por el futuro del sistema en Estados Unidos entre quienes abogan por hacerlo más accesible y quienes dudan de la integridad de los que se emiten por correo y por adelantado. Es solo otra más de las profundas discrepancias entre los dos bloques de la polarización, que sí están de acuerdo en una cosa: un 70% de los estadounidenses, según las últimas encuestas, piensan que su democracia está en peligro. Disienten, eso sí, en los motivos. Los republicanos consideran que las fuentes del problema son Biden, los medios de comunicación institucionales, el Gobierno federal y el sistema de votación por correo. Trump es la mayor amenaza si se pregunta a los demócratas, seguida por el Tribunal Supremo, el más conservador en ocho décadas, y los negacionistas electorales.

Los observadores internacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han elaborado un informe que pinta un panorama sombrío para esta cita. El Departamento de Justicia anunció el lunes, por su parte, la intención de seguir de cerca el curso de los comicios en 24 Estados, seis más que en las presidenciales de hace dos años. En total, la vigilancia durante la jornada electoral se desplegará en 64 ciudades y condados donde se han recibido quejas, de Chicago a Dallas, y de Detroit a Milwaukee.

La disputa de Arizona

Arizona también está en la lista, claro. Fue una de las zonas cero de la disputa por los resultados de 2020. Allí, donde Biden venció a Donald Trump por un estrecho margen, los cuatro candidatos principales del Partido Republicano secundan la teoría de la gran mentira del robo electoral.

En Arizona cayó también el primer premio a la estampa más preocupante entre las muchas que ha dejado esta campaña, una campaña en la que el debate sobre la posibilidad de una nueva Guerra Civil y la retórica de la democracia en peligro, agitada sin parar por Biden y otros líderes demócratas, han sido protagonistas de la nueva normalidad. En el condado de Maricopa, que incluye Phoenix y es el más poblado del Estado, varios votantes denunciaron hace una semana que se sintieron intimidados por la presencia cerca de un lugar de votación de hombres enmascarados, vestidos con equipamiento militar. Armados, tomaban fotos y videos de quienes iban a depositar su papeleta por adelantado. Mientras, Virginia ha estrenado una Unidad de Integridad Electoral, una iniciativa de su gobernador republicano, Glenn Youngkin, cuyo nombre suena cada vez con mayor fuerza como un posible candidato en 2024, y del fiscal general, Jason Miyares. En uno de sus condados, la presencia de agentes uniformados a un lado de las urnas también resultó intimidante en los días para el sufragio anticipado. Para sus defensores, medidas como esa son solo el peaje que hay que pagar para garantizar que el resultado electoral será de fiar.

La desconfianza en un sistema imperfecto se ha convertido en moneda corriente en la derecha estadounidense. Organizaciones ultraconservadoras por todo el país se han embarcado en las últimas semanas en demandas masivas para poner en duda los votos por adelantado. Esa estrategia busca incidir en el proceso por la vía del caos, esparcir las sospechas sobre quienes se expresan antes de la jornada electoral (que eran sobre todo los demócratas, antes incluso de que la pandemia alterara los hábitos) y retrasar el recuento, que se prevé largo y complicado.

La impugnación de decenas de miles de papeletas sirve además para consumir recursos y para aumentar la posibilidad de que cometan errores los funcionarios electorales, que, en Georgia, por ejemplo, están obligados a dejarlo todo para dedicarse a resolver sobre esas demandas según las reciben. Ese caos podría abonar el terreno para que se impugne el recuento. Ha sucedido en Pensilvania y Wisconsin, donde se han descartado miles de papeletas ya emitidas por una norma de última hora, así como en Texas o Míchigan. Allí, la candidata republicana a secretaria de Estado, Kristina Karamo, presentó una demanda para impugnar decenas de miles de votos por anticipado en Detroit, feudo demócrata. Este lunes, un juez desestimó la demanda porque no encontró “la más mínima prueba”.

Cuando comience el disputado recuento, todas las miradas estarán puestas en el Capitolio. Los republicanos confían en retomar el control de la Cámara de Representantes. Cinco escaños les bastarían para lograrlo (aunque las encuestas les adjudican una ventaja de entre 20 y 30). Los demócratas, por su parte, firmarían retener su magra mayoría en el Senado. Lo primero sería suficiente para gangrenar la agenda legislativa demócrata, desactivar muchas de sus iniciativas, cancelar comisiones de investigación como la del ataque al Capitolio, y lanzar nuevas. Por el horizonte, asoma también la opción de un impeachment presidencial. También podrían acabar con los problemas legales de Trump, que sobrevivió a dos de esos procesos de impugnación política. Eso implicaría sentar un peligroso precedente de impunidad para los expresidentes en la herida democracia estadounidense.

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