El Kremlin declara “organización indeseable” a Deutsche Welle y amenaza con castigar todo vínculo con el medio

El Ministerio de Justicia ruso ha declarado la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta etiqueta implica penas de hasta seis años de prisión por trabajar en el canal y multas e, incluso, el ingreso en la cárcel de los espectadores que compartan o den “me gusta” a alguna noticia suya. El organismo ruso no ha explicado los motivos para proscribir este grupo mediático federal germano. “Este último intento de silenciar a los medios libres pone de relieve el flagrante desprecio del régimen ruso por la libertad de prensa y expone su miedo a la información independiente”, ha manifestado la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de la confirmación del veto en Rusia.

“A pesar de la censura y de su bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle cuenta con más usuarios que antes”, afirma Massing en un comunicado. “Continuaremos con nuestra cobertura periodística independiente de la guerra de agresión contra Ucrania y otros temas sobre los que la información casi no es accesible en Rusia para que la gente pueda formarse su propia opinión”, avanza la directora general del medio alemán.

Esta proscripción final es la culminación de la persecución del Kremlin a Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron antes. Moscú expulsó en 2021 al periodista neerlandés Tom Vennink, de Volkskrant, y a la británica Sarah Rainsford, de la BBC. Al comenzar la invasión de Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal del Kremlin Russia Today en alemán, y Moscú reaccionó con la designación del medio alemán como agente extranjero. Esto no suponía un veto, pero sí limitaba su trabajo hasta hacerlo prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Deutsche Welle cerró finalmente su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó entonces a su periodista en Rusia Alexánder Smirnov como agente extranjero de forma individual. Hoy, tras varias reformas legales, esa catalogación también puede implicar la encarcelación por no etiquetarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió dejar de contar con colaboradores en Rusia en 2024, año en el que el Kremlin elevó su presión sobre los medios europeos con la expulsión de varios corresponsales y el bloqueo en el acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de información, incluido este diario. Sin el uso de una VPN siguen sin ser accesibles hoy, como tampoco las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido ralentizado al extremo y que el Parlamento ruso ha asegurado este martes que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin lanzó su ley sobre “organizaciones indeseables” hace una década, en 2015, para reprimir toda voz crítica. Bajo esta medida han sido vetadas 280 instituciones, entre ellas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otras iniciativas informativas europeas, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la simple mención de una organización de la lista en las redes sociales implica multas de entre 5.000 y 15.000 rublos (de unos 53 a 160 euros), aunque la reincidencia o tener otros antecedentes es justificación para la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y ”forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios". Precisamente, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que castiga con la cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Es decir, difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos en la “operación militar especial” contra Ucrania, nombre oficial de un conflicto que la legislación rechaza llamar “invasión” o “guerra”.