Trump ordena el envío de soldados de la Guardia Nacional a Illinois pese a que los jueces bloquean esos despliegues

El republicano Donald Trump redobla su estrategia de desplegar tropas en ciudades y Estados de mayoría demócrata, pese a que se acumulan las decisiones judiciales en contra de esa medida. Este sábado, el presidente de Estados Unidos —que esta semana llegó a proponer utilizar las urbes como “campos de entrenamiento” para las Fuerzas Armadas— ordenó el despliegue de 300 soldados de la Guardia Nacional en Illinois, cuya ciudad más poblada es Chicago. Este domingo activaba a tropas de la Guardia Nacional de California para movilizarlas en Portland, en el Estado de Oregón, donde una jueza había declarado ilegal que Trump desplegara a los militares, según ha denunciado el gobernador de California, Gavin Newsom.

“Después de que un tribunal federal bloqueara su intento de federalizar la Guardia Nacional de Oregón, Donald Trump está desplegando 300 efectivos de la Guardia Nacional de California en Oregón”, ha escrito Newsom en la red social X. “Ya se encuentran de camino”. El gobernador ha asegurado que llevará esta movilización a los tribunales: “Es un abuso tal de poder y de la ley que corta la respiración. La Administración Trump está atacando el propio Estado de Derecho sin ningún tipo de ambages”, ha denunciado Newsom en otro comunicado.

Aunque la Guardia Nacional forma parte de las fuerzas armadas estadounidenses, su estructura es diferente de la del resto de cuerpos. Está compuesta por ciudadanos voluntarios que ceden una parte de su tiempo cada año para participar en tareas militares. Cada Estado cuenta con una Guardia Nacional propia, que puede poner al servicio de otros Estados que lo necesiten en caso de, por ejemplo, un desastre natural.

Con el envío de soldados de la Guardia Nacional a Illinois, Trump cumple la amenaza que venía lanzando desde hace semanas, pese a la rotunda oposición del gobernador del Estado, J.B. Pritzker. Mientras, casi al mismo tiempo, una jueza federal —nombrada por el propio Trump para el cargo— bloqueaba el envío de militares de la Guardia Nacional a Portland, en Oregón, que el republicano había ordenado hace exactamente una semana.

En un dictamen muy crítico hacia las posiciones del presidente, la jueza de distrito Karin Immergut, en Oregón, se puso del lado de las autoridades demócratas del Estado y ordenó a última hora del sábado el bloqueo cautelar de la orden de movilización de 200 soldados de la Guardia Nacional, que Trump había previsto mantener durante 60 días. El bloqueo estará en vigor al menos dos semanas, mientras el caso se examina en un tribunal.

La jueza apunta en sus argumentos que la Corte probablemente dé la razón a los demandantes demócratas: estos alegan que Trump ha abusado de su autoridad al movilizar tropas federales para cumplir tareas estatales y ha violado la Décima Enmienda, que limita el poder del Gobierno central en favor de los Estados.

La decisión de Immergut se suma a la de otro juez federal de California, Charles Breyer, que determinó hace un mes que el despliegue de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina en las calles de Los Ángeles ordenada por Trump en junio fue ilegal y violó la ley conocida como Posse Comitatus, que prohíbe a las Fuerzas Armadas asumir tareas de policía en suelo estadounidense.

Los reveses judiciales no han impedido que Trump siga adelante y cumpla la amenaza que venía formulando desde agosto: ordenar el despliegue de tropas en Illinois, uno de los grandes Estados feudos del Partido Demócrata, con el argumento de luchar contra una delincuencia que él considera fuera de control. “En plenos disturbios violentos y desgobierno, donde los líderes locales como Pritzker han rechazado intervenir para sofocarlos, el presidente Trump ha autorizado que 300 guardias nacionales protejan los activos y funcionarios federales”, confirmó el sábado la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson. “El presidente Trump no va a mirar hacia otro lado mientras la delincuencia se apodera de las ciudades estadounidenses”, insistió.

La iniciativa se sumaba así a otras similares que han afectado en los últimos meses a cinco territorios: soldados de la Guardia Nacional han sido enviados desde junio a Los Ángeles (California), Washington DC (distrito de Columbia), Memphis (Tennessee) y Portland (Oregón).

Horas antes, Pritzker había denunciado que el Gobierno de Trump le había exigido que movilizara él mismo a la Guardia Nacional o sería el propio Pentágono el que lo hiciera. En principio, la legislación estadounidense estipula que el Gobierno federal puede movilizar a las tropas de la Guardia Nacional, que habitualmente dependen de cada Estado, pero debe hacerlo con el permiso del gobernador del Estado en cuestión, salvo casos tan extremos como una insurrección.

“Es absolutamente escandaloso y antiestadounidense exigir a un gobernador que despliegue tropas dentro de nuestras propias fronteras y contra nuestra voluntad”, denunció Pritzker, considerado uno de los posibles candidatos del partido demócrata en las elecciones presidenciales de 2028. Sobre las denuncias de violencia que formula la Administración, el gobernador y las autoridades de Chicago, la gran metrópolis de Illinois, aducen que en realidad los niveles de delincuencia se han reducido gradualmente en los últimos años.

Se espera que los soldados de Guardia Nacional de Illinois, que aún deben comenzar a desplegarse, tengan como misión proteger las instalaciones y los efectivos de la Agencia de Control de Inmigración (ICE) en Chicago, donde ese organismo lleva a cabo agresivas redadas para detener a inmigrantes en situación irregular. Pritzker y las autoridades demócratas denuncian que la movilización militar solo servirá para aumentar las tensiones generadas por esa operación, apodada Midway Blitz.

El mismo sábado, agentes federales de fronteras dispararon contra una conductora a la que acusaron de formar parte de un grupo que intentó chocar a propósito contra uno de sus vehículos. Varios activistas, en cambio, denuncian que ocurrió todo lo contrario: los automóviles de ICE se lanzaron contra los coches civiles y abrieron fuego.

En Portland, la semana pasada la Administración Trump había anunciado que desplegaría a los soldados para proteger a la ciudad de la supuesta violencia desatada por el movimiento antifascista. El presidente designó el mes pasado a los antifa como una organización terrorista, pese a que los expertos consideran de manera casi unánime que esos grupos no tienen una estructura ni una organización, ni su activismo de protesta equivale ni remotamente al terrorismo.

También matizan que lo que el inquilino de la Casa Blanca califica como una violencia extrema en la capital de Oregón solo son protestas contra las redadas de los agentes del ICE, la temida entidad responsable de hacer cumplir las leyes de inmigración y cuyo trabajo se está centrando durante el mandato del republicano en localizar y deportar a la mayor cantidad posible de inmigrantes sin papeles. Los soldados, que hasta ahora estaban entrenándose para su misión en la costa del Estado, tendrían como cometido, en principio, proteger las instalaciones de la entidad.

En su orden, la jueza indica que la descripción de Trump sobre el supuesto caos en Portland “simplemente no guarda conexión alguna con los hechos”. Además de considerar probable que haya violado la Décima Enmienda, y con ello haya violado también la soberanía del Estado de Oregón, Immergut advierte que el despliegue de tropas corre el riesgo de difuminar la línea entre el mandato civil y el militar.

“Este país tiene una tradición larga y fundamental de resistirse a los excesos del Gobierno, especialmente cuando llegan en forma de una intrusión militar en los asuntos civiles”, expone la togada. “Esta tradición histórica se reduce a un enunciado muy simple: este es un Estado de derecho constitucional, no de ley marcial. (El Gobierno) ha presentado una serie de argumentos que, si se aceptan, corren el riesgo de provocar que se difumine la línea entre el poder federal civil y militar, en perjuicio de esta nación”, continúa.

La magistrada subraya que las protestas que han tenido lugar en Portland no han sido “especialmente violentas ni han alterado el orden significativamente”. Y, aunque se debe deferencia al presidente estadounidense, esa deferencia “no es equivalente a hacer caso omiso de los hechos sobre el terreno”. Y las propias declaraciones públicas de Trump sobre el despliegue “dan aún más pábulo a la idea de que su descripción no se ‘hizo de buena fe’”.

El caso, subraya Immergut, es de una enorme importancia para el sistema democrático estadounidense. “Afecta a la intersección de tres de los principios más fundamentales de nuestra democracia constitucional”, señala: la relación entre el Gobierno federal y los Estados; la relación entre las fuerzas armadas y las fuerzas del orden; y el papel de los tribunales. “Obedecer lo que la Constitución ordena con respecto a estos tres principios es la clave de lo que vivir en un Estado de derecho en Estados Unidos”, zanja la jueza.

Trump ordenó por primera vez el despliegue de tropas de la Guardia Nacional (y de la infantería de Marina) en Los Angeles en junio, para controlar las manifestaciones contra su política migratoria. Hasta 4.100 guardias nacionales y 700 marines llegaron a patrullar las calles de la ciudad californiana hasta que Trump cantó victoria en agosto y devolvió a la mayor parte de los efectivos a sus cuarteles, para dejar solo un contingente de 250 soldados. En agosto ordenó la movilización en Washington, donde todavía continúan desplegados; un mes después daba una orden similar para Memphis, en Tenessee, donde la operación acaba de empezar.