Memphis, Portland y Chicago: así opera el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales en las ciudades

Agentes federales con equipo táctico patrullan las calles del centro de la ciudad. Tropas de la Guardia Nacional se posicionan fuera de los centros de detención. Esta es la nueva normalidad en las ciudades de Estados Unidos que se han convertido en el blanco de la Administración Trump, que sigue adelante con una despliegue de fuerzas sin precedentes en el interior del país, a pesar de que varios gobernadores han presentado demandas para frenar al Gobierno federal. El presidente Donald Trump sostiene que el objetivo es combatir la delincuencia y proteger las instalaciones de control de la inmigración, pero críticos afirman que estas medidas representan una extralimitación que amenaza las libertades civiles. Hasta ahora, los despliegues se extienden por Memphis (Tennessee), Chicago (Illinois), y Portland (Oregón), con impacto también en Misuri, Luisiana, la capital, Washington D. C., y Los Ángeles.

Portland

En Portland, Oregón, el presidente Trump ordenó el 27 de septiembre que 200 elementos de la Guardia Nacional protegieran un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que, según él, estaba siendo asediado por “terroristas nacionales”.

La gobernadora demócrata del Estado, Tina Kotek, se negó a activar a los miembros de la Guardia de Oregón para la misión, y calificó el despliegue como ilegal, a la vez que acusó a Trump de avivar el conflicto. “Poner a nuestro propio ejército en nuestras calles es un abuso de poder y un flaco favor a nuestras comunidades y a nuestros militares”, afirmó.

El fiscal general de Oregón, el demócrata Dan Rayfield, presentó el domingo 28 de septiembre una demanda federal para solicitar una orden judicial que bloquee la decisión de Trump. Argumentó que la acción unilateral del presidente viola la Ley Posse Comitatus, que prohíbe la participación del ejército en la aplicación de la ley nacional sin la aprobación del Congreso. “Enviar a 200 soldados de la Guardia Nacional para proteger un solo edificio no es normal”, dijo Rayfield. “No se llama al ejército para manejar unas pocas protestas”.

Mientras tanto, se han realizado manifestaciones frente a las instalaciones del ICE en Portland. Los agentes federales ya se han enfrentado a la multitud, y los dirigentes municipales advierten que otra ronda de despliegues de tropas podría agravar las tensiones en lugar de calmarlas.

Memphis

Trump firmó el 15 de septiembre un decreto que autorizaba el envío de la Guardia Nacional a la ciudad, y el día 30, la fiscal general Pam Bondi anunció que una operación federal estaba en marcha en la urbe. El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, confirmó que al menos 13 agencias federales están involucradas en la misma, entre ellas el FBI y la DEA. Según Lee, efectivos de la Guardia Nacional solo están desempeñando funciones de apoyo, actuando como “ojos y oídos”, en lugar de realizar detenciones.

De acuerdo con Bondi, en su primer día, los agentes sobre el terreno realizaron nueve detenciones y confiscó dos armas de fuego. “Nuestra operación en Memphis ya está en marcha”, afirmó en una publicación de X. “Esto apenas ha comenzado”.

La presencia de los agentes federales ha causado inquietud entre los ciudadanos. El sábado 27 de septiembre, decenas de personas se reunieron frente al ayuntamiento para protestar el despliegue, mientras exigían una mayor inversión en educación, sanidad y programas juveniles. Bondi, por su parte, ha elogiado la cooperación de las autoridades de Memphis.

El miércoles 1 de octubre, Bondi visitó la ciudad junto con el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y aseguró que hasta la fecha se han “realizado 53 detenciones y confiscado 20 armas de fuego ilegales”.

Chicago

En Chicago, se lleva a cabo la operación llamada Midway Blitz, destinada a detener inmigrantes sin papeles. Desde su inicio a principios de septiembre, se ha visto a agentes fuertemente armados patrullando el centro de la ciudad. Vestidos con equipo táctico y portando rifles automáticos, han sorprendido a los residentes, que les han grabado pasando por delante de restaurantes, tiendas y teatros.

El alcalde de la ciudad, el demócrata Brandon Johnson, ha criticado la medida como “injustificada” y dijo que era parte de una estrategia de “intimidación”. “Los habitantes de Chicago y los visitantes se sienten intimidados por agentes federales enmascarados que hacen alarde de armas automáticas sin motivo aparente”, afirmó.

El gobernador de Illinois, JB Pritzker, también demócrata, calificó la medida como una “demostración de fuerza” que perjudica a las empresas locales y erosiona la confianza pública. Advirtió que si Trump intenta desplegar unidades de la Guardia Nacional en Illinois, su Administración impugnará inmediatamente la medida ante los tribunales.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirmó que la operación de Chicago tiene como objetivo detener a inmigrantes indocumentados con antecedentes penales. El DHS ha dicho que se han realizado “varias detenciones”, aunque las autoridades se han negado a aclarar si las patrullas en el centro de la ciudad estaban relacionadas con órdenes judiciales específicas.

La noche del lunes 29 de septiembre se intensificaron las tensiones después de que agentes federales dispararan balas de pimienta y gases lacrimógenos contra manifestantes que protestaban frente a un centro de procesamiento del ICE en Broadview, al oeste de la ciudad. Defensores de derechos civiles afirmaron que la represión se dirigía contra residentes legales y equivalía a “un ataque a los barrios”.

El miércoles 1 de octubre, el Departamento de Seguridad Nacional reportó a través de un comunicado que se han arrestado a más de 800 inmigrantes, incluyendo “lo peor de lo peor”, sin embargo, no se mencionó si todos los detenidos tenían antecedentes penales.

Trump ha descrito a Chicago como una ciudad plagada de delitos violentos.

Otros blancos

Aunque Memphis, Chicago y Portland se encuentran en el foco de atención, otros Estados y ciudades también han sido blanco de la Administración Trump.

En Luisiana, el gobernador republicano Jeff Landry solicitó el despliegue de 1.000 elementos de la Guardia Nacional en Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport, bajo el argumento de que ha habido un aumento en los índices de criminalidad. Si se aprueba, el despliegue duraría hasta septiembre de 2026.

En Misuri, el gobernador Mike Kehoe autorizó a 15 miembros de la Guardia Nacional a trabajar en las instalaciones del ICE en funciones administrativas y logísticas. “Misuri se enorgullece de unirse a los esfuerzos de la administración Trump para mantener la seguridad de nuestro Estado y nuestra nación”, afirmó Kehoe, también republicano.

En Los Ángeles, California, un juez federal dictaminó que el despliegue de Trump violaba la Ley Posse Comitatus, pero la decisión solo se aplicaba a ese Estado.

Trump también ha mencionado a Baltimore, Maryland como posible objetivo, al igual que Boston, Massachusetts. Wes Moore, gobernador demócrata de Maryland, rechazó la idea y se comprometió a destinar más recursos estatales a la prevención del delito. La alcaldesa de Boston, Michelle Wu, del mismo partido, se ha reunido con líderes en ciudades donde se han realizado despliegues para prepararse en caso de que su ciudad sea el siguiente blanco.

Por otra parte, en Washington D. C., agentes de inmigración aún patrullan con la policía local tras los despliegues realizados a principios de este verano, a pesar de que la orden emitida por Trump expiró hace semanas. El departamento de policía de la capital, que durante años ha tenido restringida por ley la cooperación con las autoridades migratorias, se vio obligado a colaborar en la aplicación de las leyes de inmigración durante los 30 días de emergencia que Trump declaró en agosto para combatir la delincuencia. Cuando la emergencia terminó el 10 de septiembre, la alcaldesa de Washington, Muriel E. Bowser, dijo en una conferencia de prensa que “la aplicación de las leyes de inmigración no es competencia del Departamento de Policía Metropolitana (MPD) y, con el fin de la emergencia, tampoco lo será en el futuro”. A pesar de eso, las autoridades siguen colaborando.

División partidista

Gobernadores demócratas argumentan que las órdenes de Trump pisotean los derechos de los Estados y utilizan el poder federal como arma contra las comunidades locales, mientras que los republicanos califican estas medidas como refuerzos necesarios en la lucha contra la delincuencia.

Hasta cierto punto, los despliegues dependen del consentimiento de los gobernadores. Si los gobernadores republicanos invitan o autorizan a las tropas federales, los despliegues tienen una base jurídica más sólida. Pero cuando los gobernadores se resisten, como en Oregón, Illinois y California, los tribunales pueden dictaminar una extralimitación de Trump en sus funciones.