La deportación forzosa de 40 uigures de Tailandia a China desafía a la ONU y dispara el malestar internacional

En un mundo en el que las deportaciones de inmigrantes sin garantías legales desde Estados Unidos son ya una noticia cotidiana, el caso de los 40 uigures retornados desde Tailandia a China ha pasado en buena medida desapercibido. La repatriación forzosa fue llevada a cabo por Tailandia en secreto antes del alba el 27 de febrero, desafiando las llamadas de alerta de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas, que aseguraban que corrían peligro de sufrir torturas, malos tratos y daños irreparables si eran devueltos a la región china de Xinjiang, de donde eran originarios. China y Tailandia han defendido la legalidad del procedimiento. En un intento de conferirle transparencia, esta semana, una delegación tailandesa de alto nivel, capitaneada por el viceprimer ministro, Phumtham Wechachai, y el ministro de Justicia, Taweee Sodswong, se encuentra en Xinjiang, invitada por el Gobierno chino para evaluar la situación de los deportados.

Los emigrantes formaban parte de un grupo que huyó de China en 2014 y llevaban más de 11 años retenidos en Tailandia. Su devolución forzosa fue condenada de inmediato, entre otros, por varias agencias de la ONU, Estados Unidos y el Parlamento Europeo, además de varias ONG. El caso refleja además el actual acercamiento entre Pekín y Bangkok, tradicional aliado de Washington en la región. Tanto Canadá como Estados Unidos habían ofrecido la acogida de los uigures, pero Tailandia no lo hizo por miedo a descontentar a China, según publicó la agencia Reuters citando de forma anónima a funcionarios estadounidenses y fuentes diplomáticas.

La comitiva tailandesa ha confirmado que al menos cuatro de los retornados se encuentran bien, tras haberse encontrado con ellos, según cuenta este jueves el diario tailandés The Nation. Este medio recoge la visita a la ciudad de Kashi, donde uno de los uigures invitó a la delegación pasar a su casa y relató que antes de regresar había temido ser detenido, “pero al llegar a China se sintió seguro y expresó su gratitud hacia el Gobierno chino”. Antes del regreso, varios de los detenidos estuvieron en huelga de hambre ante el miedo de ser retornados.

“Diplomáticos y activistas presionan para que se lleve a cabo una supervisión independiente —por ejemplo, que se permita al Comité Internacional de la Cruz Roja visitarlos―, pero de momento no hay indicios de que China vaya a permitirlo”, comenta una fuente diplomática europea radicada en Pekín.

Hasta la fecha, el Gobierno chino no había dado detalle sobre su situación, de la que únicamente había informado de forma genérica: “Tras el regreso de estas personas a China y el cumplimiento de los procedimientos legales pertinentes, China ha dispuesto su regreso a sus hogares y la reunificación familiar. Esta es la mejor protección para sus derechos humanos”, indicaba a principios de marzo la embajada de la República Popular en Tailandia en un comunicado recogido por el Servicio de Noticias de China.

Crímenes contra la humanidad

Xinjiang, ubicada en el extremo oeste de China, es una región autónoma atravesada por un conflicto étnico. Un informe de la ONU de 2022 aseguraba que Pekín pudo cometer allí crímenes contra la humanidad sobre los uigures y otras minorías étnicas musulmanas al aplicar políticas que implicaron detenciones arbitrarias masivas y otros graves abusos, como el trabajo forzado. Las autoridades chinas responden, en cambio, que están llevando a cabo de forma exitosa una política antiterrorista, y consideran estas acusaciones parte de una campaña orquestada por Occidente para contener su desarrollo.

Los retornados formaban parte de un grupo de alrededor de 300 refugiados uigures que huyeron de Xinjiang en 2014 y que fueron detenidos en Tailandia, desde donde esperaban seguir su camino hacia Turquía. Algunos acabaron siendo enviados a Turquía y otros fueron retornados a China, mientras que estos 40 permanecieron bajo custodia tailandesa.

China ha circunscrito el caso a los esfuerzos “para combatir conjuntamente el tráfico de seres humanos y otros delitos transfronterizos”, según afirmó a finales de febrero Lin Jian, portavoz chino de Exteriores, en una comparecencia rutinaria en la que cargó contra las denuncias vertidas por otros países. “Nos oponemos firmemente a los intentos de utilizar los derechos humanos como pretexto para interferir en los asuntos internos de China y de utilizar las cuestiones relacionadas con Xinjiang para perturbar la normal cooperación policial entre los países”.

Condena “enérgica” de EE UU

Entre las críticas, se encuentra la de Estados Unidos, que ha condenado “en los términos más enérgicos posibles” la devolución forzosa a China, “donde carecen de garantías procesales y donde los uigures han sufrido persecución, trabajos forzados y tortura”, afirmó el mes pasado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un comunicado. El texto incluía una llamada de atención a Bangkok. “Como aliado de Tailandia desde hace mucho tiempo, estamos alarmados por esta acción, que corre el riesgo de incumplir sus obligaciones internacionales”. La semana pasada, EE UU impuso sanciones en materia de visados a varios funcionarios tailandeses vinculados a la deportación.

El episodio puede leerse tanto como un signo del cálido momento que atraviesan las relaciones entre China y Tailandia, como en clave de reajuste de la geopolítica tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. La repatriación tuvo lugar poco después de la visita a principios de febrero de la primera ministra tailandesa, Paetongtarn Shinawatra, a Pekín, y a lo largo de este año se espera también la de los reyes de Tailandia. “El hecho de percibir a Estados Unidos más lejano tanto en términos geopolíticos como en interés activo por los derechos humanos ha tenido un papel central en la decisión de Tailandia”, interpreta la citada fuente diplomática europea.