Rodrigo Duterte asegura en su primer mensaje desde La Haya que asume toda la responsabilidad por su guerra contra las drogas

El expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte ha asegurado en un mensaje publicado en sus redes sociales que asume toda la responsabilidad por la brutal guerra contra las drogas, que dirigió entre 2011 y 2019. El polémico líder filipino, de 79 años, fue arrestado el martes por la mañana en Manila por orden del Tribunal Penal Internacional (TPI) y extraditado esa misma noche a La Haya (Países Bajos), donde se encuentra la sede de la instancia judicial que lo reclama. El TPI lo acusa de crímenes de lesa humanidad por los asesinatos que se produjeron durante su violenta campaña contra el narcotráfico, en la que decenas de miles de personas fueron ejecutadas de manera extrajudicial, según grupos defensores de los derechos humanos. Duterte se encuentra bajo custodia desde el miércoles en el Centro de Detención del TPI, ubicado en la costa neerlandesa.

El portavoz del TPI, Fadi el Abdallah, ha declarado este jueves que Duterte “ha ingresado hoy en el centro de detención después de haber sido examinado exhaustivamente por los médicos”. Las declaraciones llegan después de que esta misma mañana, Salvador Medialdea, abogado y una de las personas que han acompañado al el exmandatario hasta Países Bajos, dijese a la prensa que había ido a verle a dicho centro y no lo encontró allí. “Creo que esto forma parte de su gran plan de secuestrar al presidente de Filipinas, de sacarlo y traerlo a una dirección desconocida”, añadió el abogado. El Abdallah, por el contrario, ha asegurado que cuando llega un sospechoso al TPI, “el tribunal toma de manera estándar medidas para proteger su salud y bienestar”. Duterte fue trasladado desde Manila, con escala en Dubai, en un viaje de más de 20 horas. Su primera comparecencia será anunciada por el tribunal “a su debido tiempo”, informa Isabel Ferrer desde La Haya.

“Independientemente de lo que ocurriera en el pasado, yo seré el rostro de nuestras fuerzas del orden y del Ejército. Lo dije y lo reitero: los protegeré y asumiré la responsabilidad por todo”, subraya Duterte en un vídeo compartido en su perfil de Facebook, que acumula más de 15 millones de visualizaciones. Son las primeras declaraciones que realiza desde que fue trasladado a La Haya. Aunque se ha conocido este jueves, con Duterte ya ingresado en las instalaciones del TPI, parece que se grabó dentro del avión, porque se oye un leve zumbido del motor de fondo.

“Será un proceso legal largo, pero les garantizo que seguiré sirviendo a mi país”, prosigue el político en su mensaje de vídeo, de dos minutos. “Y que así sea, si ese es mi destino”, se despide.

Se espera que la primera comparecencia del exmandatario ante el TPI se produzca en los próximos días, pero en ella no deberá pronunciarse sobre su culpabilidad o inocencia, informa la agencia Reuters.

El TPI juzga las violaciones internacionales más graves, como crímenes de guerra, de lesa humanidad y genocidio. La orden emitida contra Duterte indica que “existen motivos razonables” para creer que los miembros del llamado Escuadrón de la Muerte de Davao (que Duterte fundó y dirigió) y el personal de las fuerzas del orden nacional “atacaron a un gran número de personas que presuntamente estaban involucradas en actividades delictivas”. Davao es la segunda ciudad más grande del archipiélago filipino, y de la que Duterte había sido alcalde entre 2009 y 2015, justo antes de presidir la República, cargo que ostentó entre 2016 y 2022. Duterte, que goza de mucha popularidad, se ha postulado nuevamente a la alcaldía en las elecciones de mayo y su candidatura continúa adelante a pesar de su arresto.

Según el tribunal internacional, hay indicios de que esos “actos violentos” se produjeron, al menos, entre el 1 de noviembre de 2011 y el 16 de marzo de 2019, como parte de “una política de erradicación de la criminalidad en Filipinas por todos los medios, incluido el asesinato”. Dada la posición de Duterte, el tribunal considera que “tenía pleno conocimiento de la existencia y el alcance de estas operaciones”. El TPI sostiene que esas campañas constituyeron un “ataque sistemático contra la población civil”, con miles de víctimas.

Además, señala que el expresidente no solo permitió las ejecuciones, sino que también suministró armas, ofreció incentivos financieros y garantizó impunidad a los responsables. La hija del exmandatario y vicepresidenta de Filipinas, Sara Duterte-Carpio, aterrizó el miércoles por la noche en La Haya. La vicepresidenta filipina ha calificado la detención de su padre como “opresión política”.

Los lazos con su aliado político y presidente, Ferdinand Marcos Júnior (primogénito de Ferdinand e Imelda Marcos), se han deteriorado hasta tal punto que el líder filipino ha llegado a acusar a Duterte-Carpio de conspirar para asesinarlo. Ayer, Veronica Duterte, la menor de las hijas del exmandatario, presentó un recurso ante el Tribunal Supremo de Filipinas en el que acusa al Gobierno de “secuestrar” a su progenitor y exige su regreso. El Palacio de Malacañán, no obstante, ha expresado que ha hecho su “trabajo” en cumplimiento con una solicitud de la Interpol.