El exmilitar español que espió a Assange para la CIA es investigado por estafa procesal y falsedad

Nuevo frente judicial contra el exmilitar español David Morales, el hombre que espió para la CIA a Julian Assange durante su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres. El Juzgado número 45 de Madrid le investiga ahora por un presunto delito de estafa procesal y falsedad documental. El juez Fernando Fernández Olmedo ha citado a declarar a Morales en calidad de investigado, según un auto al que ha tenido acceso EL PAÍS.

El exinfante de marina falsificó presuntamente documentos oficiales y pruebas para defenderse ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que le investiga por otros delitos al haber grabado en el interior de la sede diplomática las conversaciones del fundador de Wikileaks con sus abogados. El espionaje tuvo lugar cuando el equipo jurídico del australiano diseñaba su estrategia de defensa frente a la petición de extradición de EE UU.

La apertura de diligencias del juzgado de la madrileña Plaza de Castilla tiene lugar después de que el magistrado Pedraz se inhibiera y pidiera a los juzgados de Madrid que investiguen al dueño de UC Global S.L. por delitos continuados de falsedad en documento oficial y estafa procesal. El juzgado número 45 ha aceptado la inhibición de Pedraz y abierto diligencias contra Morales.

Desde su detención, en septiembre de 2019, David Morales negó cualquier relación con los hechos, pero meses más tarde dio un giro a su defensa y afirmó ante el juez José de la Mata, el primero en instruir el caso en la Audiencia Nacional, que fue el exembajador ecuatoriano en Londres, Carlos Abad, quien le ordenó que grabara al ciberactivista australiano. Su confesión tuvo lugar semanas después del fallecimiento del diplomático.

Micrófonos

Para afianzar su testimonio, el exmilitar presentó como prueba un supuesto correo electrónico del exembajador Abad, fechado el 27 de enero de 2018, en el que le pedía colocar un micrófono en la sala de reuniones de la Embajada. Y aseguró que únicamente se colocó este dispositivo para probarlo y luego se retiró. La versión del dueño de la compañía UC Global S.L., la empresa que se ocupaba de la seguridad en la embajada, se cuestionó cuando informes policiales y peritajes presentados por la representación de Assange demostraron que el supuesto correo y otros documentos oficiales aportados en la causa por la defensa del exmilitar habían sido falsificados.

Un oficio de la policía confirmó que los correos supuestamente intercambiados entre el exembajador Abad y Morales no se encuentran en la bandeja de entrada del correo del dueño de UC Global S.L. El ordenador del exmilitar fue intervenido tras su detención, un arresto que se produjo semanas después de que una investigación de EL PAÍS desvelara los audios y vídeos grabados durante meses a Assange.

En su defensa, Morales presentó asimismo un presunto oficio del Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, que siete autoridades ecuatorianas de la época, incluyendo a dos exministros, han calificado de falso.

Antecedentes y denuncia

Hay precedentes sobre otras falsificaciones de Morales. En 2018, el embajador Abad le denunció por falsificar sus correos y su firma durante un juicio laboral en España contra un trabajador de UC Global S.L. Entonces, el diplomático le envió en correo muy explícito: “En 27 años jamás había visto algo tan mal realizado, incluso aficionados al hacking [piratería informática] realizan mejor phishing [envío de correos electrónicos suplantando la identidad]. Sigo sin comprender qué intenta conseguir con falsificaciones tan burdas y nefastas”.

El propio exembajador Abad, quien según Morales le ordenó grabar las conversaciones de Assange, fue también una de las víctimas del espionaje de UC Global S.L. El diplomático fue cesado por el Gobierno de Lenin Moreno y falleció de un cáncer pulmonar en Quito.

El exmilitar se encuentra en libertad condicional y está siendo investigado por el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional por los presuntos delitos contra la intimidad, violación del secreto de las comunicaciones abogado-cliente, apropiación indebida, cohecho y blanqueo de capitales.