Un juez de Nueva York invoca el secreto de Estado para no revelar el espionaje de una empresa española a Assange

El juez neoyorquino John G. Koeltl ha desestimado una demanda presentada contra la CIA y David Morales, exmilitar español y dueño de la compañía que espió a Julian Assange durante su estancia en la embajada de Ecuador en Londres, invocando el secreto de Estado y por el grave daño que causaría a la seguridad de EE UU si se revelara esta operación de inteligencia.

Dos abogados y dos periodistas estadounidenses demandaron a Mike Pompeo, exdirector de la CIA y exsecretario de Estado durante el Gobierno de Donald Trump (2017-2021), a la agencia estadounidense y al dueño de la compañía española UC Global, SL, con sede en Jerez de la Frontera, que se ocupaba de la seguridad en la Embajada ecuatoriana en Londres durante el Gobierno de Rafael Correa. Los demandantes fueron víctimas del espionaje y sus teléfonos móviles registrados cuando visitaron al fundador de Wikileaks ―hoy en libertad―, que se refugió en la legación entre 2012 y 2019 para evitar ser extraditado.

El fallo del magistrado del tribunal de Nueva York, al que ha tenido acceso EL PAÍS, atiende a la petición del exdirector de la CIA William J. Burns, quien el pasado año se amparó en la Ley de Seguridad Nacional de 1947 y la ley de la Agencia Central de Inteligencia de 1949 para no facilitar ninguna información “porque podría causar graves daños a la seguridad de Estados Unidos”. “Se desestima la reclamación final de los demandantes en virtud del privilegio del secreto de Estado”, concluye la sentencia.

Privilegios y seguridad nacional

El antiguo responsable del servicio de inteligencia, reputado exdiplomático y artífice del acuerdo nuclear con Irán en 2015, entregó a Koeltl una declaración clasificada, ex parte y a puerta cerrada. Un documento de ocho folios, al que nadie salvo el juez ha tenido acceso, en el que le pedía que se le reconozcan estos “privilegios para proteger fuentes, métodos y actividades” de la CIA que tuvieran alguna relación con este caso. Semanas antes, el magistrado había resuelto que la empresa española UC Global, SL violó derechos y la privacidad de los ciudadanos norteamericanos que visitaron al fundador de Wikileaks durante su estancia en la legación diplomática ecuatoriana, derechos que garantiza la cuarta enmienda de la Constitución.

La compañía UC Global S. L. espió para EE UU las conversaciones del australiano con sus abogados y colaboradores cuando diseñaba su defensa frente a la petición de extradición de EE UU por revelar información secreta de las guerras de Afganistán e Irak. Morales fue detenido semanas después y está siendo investigado por diversos delitos por un juzgado de la Audiencia Nacional.

Para el tribunal, el Gobierno de EE UU ha demostrado que el privilegio del secreto de Estado es aplicable. “Contrariamente a lo que afirman los demandantes, el Gobierno aplica el criterio correcto en su declaración pública”. Y afirma que “existe un peligro razonable de que la revelación de los hechos concretos en litigio ponga en peligro la seguridad nacional”.

La sentencia cita la declaración clasificada entregada por el exdirector de la CIA en la que detallaba por qué exigir a la agencia de inteligencia que confirme o niegue si dispone de información relativa a la demanda podría amenazar la seguridad nacional. “El Gobierno argumenta persuasivamente que exigir a la CIA que reconozca si realizó o no determinadas actividades de recopilación de información en una embajada extranjera podría tener graves repercusiones para la seguridad nacional de Estados Unidos, aunque Assange ya no viva en la Embajada y UC Global ya no proporcione seguridad allí”.

El juez neoyorquino esgrime que el reciente relevo de William J. Burns al frente de la CIA y su sustitución por John Ratcliffe no afecta a la validez de la invocación del privilegio del secreto de Estado ni a “la contundencia” de la justificación aportada por su exdirector.

Secreto y dominio público

Tras analizar distintos supuestos y sentencias sobre el derecho del Gobierno a escudarse en el secreto de Estado, el magistrado concluye que “contrariamente a la afirmación de los demandantes, no hay forma viable de segregar la información no privilegiada en este caso. El objeto de este litigio ―si la CIA participó o no en la conducta alegada en la reclamación de los demandantes― está sujeto al privilegio de los secretos de Estado en su totalidad. Cualquier respuesta a las alegaciones de la demanda revelaría información privilegiada”. De esta forma, el juez parece cerrar la puerta a cualquier reclamación o recurso de las víctimas del espionaje porque los demandados no podrían confirmar ni negar ninguno de los hechos.

Sobre el argumento de los demandantes de que los hechos denunciados ya son de dominio público al haber sido desvelados y publicados por este diario, el juez Koeltl alega que el Tribunal Supremo de EE UU ha sostenido que “a veces la información que ha llegado a ser de dominio público puede, no obstante, entrar en el ámbito del privilegio de los secretos de Estado”. El magistrado pregunta a los demandantes si desean continuar su denuncia contra Morales, ya que este fallo se refiere únicamente a la CIA. El dueño de UC Global, SL no se personó en la causa y la acusación contra Pompeo fue archivada anteriormente.

La demanda, además de denunciar el espionaje pretendía que el juez autorizara el discovery (la desclasificación de la operación de la CIA), según señalan fuentes jurídicas. Una misión secreta durante el primer Gobierno de Donald Trump cuyos detalles (audios, vídeos, correos y documentos) fueron desvelados en 2019 por una investigación de EL PAÍS que las víctimas del espionaje presentaron ante el tribunal como prueba.