La UE multiplica los guiños a la ultraderecha con medidas duras contra la inmigración
La política migratoria se recrudece con muros, controles en las fronteras interiores, centros de deportación externos y acuerdos con regímenes dudosos con los derechos humanos
Muros, controles en las fronteras interiores, centros de deportación externos y acuerdos con regímenes cuanto menos dudosos en su respeto a los derechos humanos para que actúen de escudo frente a quienes quieren alcanzar Europa. Paso a paso, en pleno auge de la ultraderecha en varios Estados miembros, la Unión Europea avanza para blindarse a la inmigración y derribar el derecho de asilo que fue una de las bases para construir el club comunitario tras la II Guerra Mundial. El último paso lo ha dado Alemania, donde la Unión Cristianodemócrata (CDU) de Friedrich Merz, que se perfila como el futuro jefe de Gobierno de la mayor economía europea tras las elecciones del próximo 23 de febrero, ha sacado adelante junto a la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) una moción no vinculante parlamentaria que exige rechazar a los demandantes de asilo que lleguen a las fronteras alemanas. Una medida que, de ponerse en marcha, supondría una prohibición de entrada de facto.
Antes, el tripartito alemán liderado por los socialdemócratas había dado ya una especie de cerrojazo al espacio Schengen de libre circulación, con nuevos controles y cierres que amenazan la libertad de movimientos europea. Y la primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, inauguró otra nueva vía con campos de expulsión en Albania. Polonia y Lituania construyeron una gran valla fronteriza para blindarse de Bielorrusia y de los migrantes que llegan enviados —a veces, empujados— por el régimen de Aleksandr Lukashenko y el ruso Vladímir Putin. Todo, mientras el Ejecutivo comunitario estudia, por indicación de los Estados miembros, “soluciones imaginativas” o “innovadoras” para aumentar las deportaciones e incluso estudia el coste de la adaptación del modelo de Meloni en Albania para la UE.
Hace tiempo que la Unión secundó, a su manera, con los patrones del club comunitario, la estela de mano dura migratoria que ahora muestra Donald Trump en Estados Unidos. Allí, nada más entrar en la Casa Blanca, el republicano ha impulsado una oleada de deportaciones multitudinarias de migrantes en situación irregular. El miércoles fue un paso más allá al anunciar que enviará a cientos de miles de personas a Guantánamo.
La Comisión Europea ha eludido comentar lo sucedido en Alemania, donde los democristianos de Merz han puesto en entredicho el cordón sanitario contra la ultraderecha. “Miraremos los textos cuando estén listos”, dijo el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner en Varsovia, donde se reunió con sus homólogos de los 27 Estados miembros de la UE. La tibieza del Ejecutivo comunitario con Alemania en un punto que, según varias fuentes comunitarias, vulneraría la ley sobre asilo, difiere con la determinación de hace unos años, cuando, en 2010, la comisaria Viviane Reding le espetó al Gobierno francés de Nicolas Sarkozy que ya era suficiente, que la deportación forzosa de decenas de gitanos a Italia era una “desgracia”.
“Se han dado pasos que eran inimaginables hace unos años. La UE blindada de hoy es distinta de la de hace solo una década”, reconoce una alta fuente europea. El cerrojazo a Schengen, con más controles terrestres en Alemania, Francia, Italia, Suecia o Finlandia, es solo un ejemplo de la mutación del espíritu europeo.
Además, el debate europeo sobre “soluciones innovadoras” —fundamentalmente campos extracomunitarios que ya sopesan varios países para deportar más y mejor— estuvo sobre la mesa este jueves en la reunión de ministros del Interior en Varsovia. En esta reunión, la presidencia polaca del Consejo de la UE propuso que el modelo de Italia en Albania —contestado por la justicia italiana y europea, pero con el que Meloni ha decidido continuar— sea en realidad un modelo europeo, en vez de estar asentado en una arquitectura de pactos bilaterales.
El giro, en 2021
El cambio definitivo, coinciden varias fuentes comunitarias, llega tras la crisis con Bielorrusia en 2021, cuando Polonia y los bálticos denunciaron que Lukashenko y Putin estaban usando a los migrantes como armas para desestabilizar a la Unión. Desde entonces, la Comisión Europea ha avalado, por ejemplo, las devoluciones en caliente y la suspensión del derecho al asilo que ya es una realidad en Polonia y en Finlandia. La UE también ha dado vía libre a una propuesta de directiva que facilita a los Estados miembros castigar penalmente a quien ayude a los migrantes por motivos humanitarios a entrar en terreno de la Unión.
Al mismo tiempo, pese a los intentos y las sucesivas regulaciones, los Veintisiete no han logrado aumentar las deportaciones de los migrantes que no han recibido el estatus de protección de refugiado. “Es por eso que los gobiernos de la UE, incluso mientras toman medidas enérgicas, parecen estar en un punto muerto en cuanto a sus futuros movimientos”, dice Matteo Villa, investigador del italiano Instituto de Estudios de Política Internacional. Hoy, la inmensa mayoría de los gobiernos europeos apoyan el endurecimiento de las leyes migratorias. Es esa vía la que ha emprendido también la presidenta de la Comisión Europea, la conservadora Ursula von der Leyen. No es el caso de España, donde el presidente Pedro Sánchez ha criticado duramente ese modelo de campos de deportación.
Todos estos elementos dejan a la UE expuesta a dos paradojas. La primera es que la mayoría de los países necesitan migrantes, abunda Villa. Este experto pone el ejemplo de Italia, donde el Gobierno sigue favoreciendo políticas de mano dura migratoria, pese a que ha permitido que, desde 2023, cada año entren más de 170.000 migrantes por razones relacionadas con el trabajo. Hace una década, esas cifras rondaban entre 30.000 y 50.000. “Se trata de una ofensiva en la superficie, pero con enfoques pragmáticos cuando así lo necesitan las empresas”, dice el investigador del Instituto de Estudios de Política Internacional.
El experto apunta una segunda paradoja: que la ofensiva contra la inmigración también puede poner en peligro el espacio Schengen. “Hay que tomar una decisión: ¿queremos libre circulación y un mercado único que funcione o queremos volver a nuestras propias fronteras nacionales? Y si es esto último, ¿se dan cuenta los gobiernos de derechas de los primeros países de llegada a Europa, como Italia, de que cerrar las fronteras significa que nos dejen solos cuando llegue el momento de gestionar las próximas oleadas de migración irregular?”, se pregunta Villa.
La Comisión Europea prepara ahora una reforma de la directiva sobre retornos para acelerar las expulsiones y deportaciones, una iniciativa que debería presentar en marzo. Es el gran objetivo de Bruselas, al tiempo que baraja la firma de nuevos pactos migratorios con países como Senegal. Estos están pensados para evitar las salidas hacia Europa a cambio de fondos europeos. Merz, en Alemania, ya ha marcado el tono que tendrá su política migratoria si gana las elecciones del próximo 23 de febrero. De convertirse en canciller alemán, sería otra de las voces duras en esta materia en una UE donde esa corriente no para de crecer.
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