La UE da carpetazo al tope al gas pese a las reticencias de Italia y de los grupos de izquierda del sur

La crisis energética derivada de la invasión a Ucrania por parte de Rusia quedó atrás hace tiempo, pero los precios altos del gas han llegado a la Unión Europea para quedarse. Este combustible, esencial para alimentar calefacciones e industria, ronda hoy los 50 euros por megavatio hora, en zona de máximos desde la crisis energética. Pese a este panorama, agravado por una bajada más rápida de lo previsto en los depósitos subterráneos, el Ejecutivo comunitario dará carpetazo este viernes al tope al gas, el límite con el que capeó la fase más aguda del temporal y que contribuyó a atajar la especulación en los siempre nerviosos mercados de la energía. El fin de esta medida, una suerte de cortafuegos frente a futuras escaladas, cuenta con la oposición de algunos Estados miembro —en especial, de Italia, el segundo mayor consumidor de la Unión, tras Alemania— y de un nutrido grupo de eurodiputados de izquierdas.

En Bruselas, la Comisión Europea tiene muy claro que el momento de esa válvula de seguridad —activada a raíz de la subida de los precios energéticos que se produjo cuando se limitó de golpe la compra de gas y petróleo a Rusia como represalia por la invasión a gran escala de Ucrania— quedó atrás. Pero los precios de este combustible llevan tiempo al alza y se acercan a los máximos de hace dos años, presionando también a las cotizaciones eléctricas. “La limitación del precio del gas se introdujo como parte de las medidas de emergencia en un contexto particular, la crisis energética en 2022. Estaban pensadas para un periodo de tiempo limitado con el fin de sacar a los Estados miembros de la UE de la crisis”, explica Anna-Kaisa Itikonen, la portavoz del Ejecutivo comunitario para asuntos energéticos. Ese “tiempo limitado” acaba justo este viernes 31 de enero, según aquella regulación que se aprobó hace algo más de dos años.

Entonces, urgida por un grupo de países del sur y la periferia, y frente a la sempiterna resistencia alemana, austriaca y neerlandesa, la UE terminó de dar el paso, en lo más crudo de la crisis. Fijaba, por la vía de urgencia, un precio máximo de 180 euros por megavatio hora (MWh) en la cotización del gas en los Veintisiete; un potente órdago a los especuladores, que estaban haciendo dinero a manos llenas, y un mensaje a los mercados que recuerda al ya manido “haré lo que tenga que hacer” de Mario Draghi, allá por 2012. La efectividad de la medida llevó al bloque a renovarla un año después. Hasta hoy.

Animada porque la crisis inflacionaria que trajeron las cotizaciones disparadas del gas ya parece quedar atrás y que en sus más de dos años de vigencia nunca se ha activado el tope, la intención de la Comisión Europea confirma que ya lo deja caer. Pero esos argumentos no sirven de escudo frente a la polémica. Primero, porque, aunque a años luz de los más de 300 euros alcanzados en el verano de 2022, las recientes subidas han llevado la cotización de esta materia prima a máximos de más de un año. Segundo, y más importante, por las reticencias mostradas por el Italia —tercera economía del euro— y por una treintena de eurodiputados, sobre todo procedentes de la izquierda de la Europa meridional, en una carta remitida a la Comisión Europea.

En ambos casos, la petición es clara: que los Veintisiete no renuncien a esta herramienta para evitar quedar “a merced de los especuladores” —en palabras de los eurodiputados que enviaron la misiva a al Ejecutivo comunitario— y que se reduzca el umbral para adecuarlo a la nueva realidad de los precios. El ministro italiano de Medio Ambiente y Energía, Gilberto Pichetto, ha llegado a poner cifras: el tope, ha dejado caer en varias entrevistas con medios locales, “debería ser de entre 50 y 60 euros [por MWh] (...) para poner fin a operaciones puramente financieras que luego pesan sobre las familias y las empresas”.

La posición italiana se explica porque su industria depende mucho del gas. Y ese es un tema muy importante en este país y en el conjunto de la UE; Italia es la segunda potencia industrial de la UE después de Alemania. Ambos eran muy dependientes del gas ruso hasta que estalló la invasión de Ucrania. Roma ahora se ha volcado hacia el gas argelino, ya que en su mix energético no hay muchas renovables y nada de combustible nuclear.

Uno de los firmantes de la carta es el eurodiputado socialista español Nicolás González. Él no es un entusiasta del tope al gas, cree que puede tener efectos perversos si los proveedores de este combustible deciden venderlo a otras zonas geográficas donde no existe. Pero también defiende que su existencia también sirve para “dar una señal al mercado”.

Esa carta, promovida por el parlamentario italiano Dario Tamburrano, del grupo de La Izquierda, está dirigida concretamente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la vicepresidenta Teresa Ribera y el comisario de Energía, Dan Jorgensen. Curiosamente, Ribera, ahora número dos del Ejecutivo de la Unión, fue, como vicepresidenta española, una de las voces que más insistieron en la conveniencia del tope.