Contratistas militares europeos operan en el avispero de Congo

Los relatos de los soldados rumanos en la noche del martes eran desesperados. Tras horas de combate frente a la guerrilla M23 en la ciudad de Goma, en la República Democrática del Congo, habían capitulado. Primero trataron de proteger el aeropuerto de la ciudad (un millón de habitantes), en la diana de los rebeldes desde su entrada en la ciudad este domingo, pero les superaron en número y emprendieron la retirada hasta una base de la misión de Naciones Unidas en la capital de Kivu Norte, principal objetivo del grupo armado en la ofensiva lanzada desde marzo de 2022 en el este congoleño. Después, según la narración a la que ha tenido acceso EL PAÍS, los militares rumanos se vieron asediados y superados también en el cuartel de la misión internacional hasta que las negociaciones abiertas entre las partes, con la mediación de la ONU, les permitieron salir escoltados hacia la frontera con Ruanda. Temían ser “masacrados” una vez que cruzaran la linde.

En la mañana de este miércoles, las autoridades ruandesas informaron de la llegada de alrededor de 280 soldados rumanos a su territorio. Fueron trasladados a Kigali, la capital del país. Se prevé que desde allí sean deportados hacia Bucarest. Todos ellos trabajaban para una empresa militar privada de contratistas extranjeros que opera en apoyo del ejército de Congo, uno de tantos actores armados en este gran avispero del África central. Su rendición, fotografiada al otro lado de la frontera, en la localidad ruandesa de Gisenyi, escenifica además el gran triunfo del M23 tras casi tres años de campaña contra las fuerzas de Kinshasa, acelerada en el último mes hasta la conquista de la estratégica Goma.

Este pelotón de contratistas rumanos, muchos de ellos con experiencia previa en la Legión Extranjera Francesa, ha desempeñado labores de entrenamiento y combate para las fuerzas armadas del país africano bajo el paraguas de la empresa local Congo Protection. Ocho meses antes de que el Gobierno de Félix Tshisekedi concluyera las negociaciones con esta firma de seguridad, el M23, formado por rebeldes tutsis con apoyo de Ruanda —Kigali justifica su injerencia en el combate a milicias hutus, enemigas desde el genocidio de 1994, a ambos lados de la frontera—, había relanzado su ofensiva sobre el este de Congo, rico en coltán y otros minerales muy preciados. Sin embargo, la apuesta de Kinshasa por apuntalar su ejército con la experiencia de estos contratistas para frenar a la guerrilla, al tiempo que instaba a la misión de la ONU en el país (Monusco) a hacer las maletas, ha fracasado.

La participación de militares extranjeros en África, bien en el entrenamiento de tropas o en el combate, es tan vieja como sus guerras. Ejemplos recientes de esta práctica, con un aumento notable de la llegada de nacionales rusos, hay en Malí, Níger, Burkina Faso, Libia, Sudán, Mozambique, República Centroafricana… El escenario congoleño añade una complejidad sin parangón, con decenas de guerrillas en acción, unas aliadas al propio M23 a través de la Alianza del Río Congo; otras con raíces en los hutus enemigos de Ruanda, e incluso bajo la influencia del Estado Islámico, como las Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF, en sus siglas más comunes en inglés). A la contienda se unen la citada Monusco, con mandato hasta finales de año, más el apoyo de militares de Burundi y un contingente de la Comunidad de Desarrollo del África Austral.

Según la información reunida en junio de 2023 para el Consejo de Seguridad de la ONU por el Grupo de Expertos sobre Congo, el acuerdo entre el Ejecutivo de Tshisekedi y la firma Congo Protection se hizo efectivo en diciembre de 2022. Al frente del destacamento de militares formados en Rumania está el veterano Horatiu Potra, que algunos medios de comunicación del país europeo han vinculado al servicio de seguridad del líder político de extrema derecha Calin Georgescu. Potra fue detenido a principios del pasado mes de diciembre mientras viajaba en un vehículo hacia Bucarest con armas en su interior.

La presencia de este grupo de veteranos militares rumanos es bien conocida por Bucarest. Este martes, el Ministerio de Asuntos Exteriores rumano convocó una célula de crisis para gestionar de forma urgente la salida de sus nacionales, que, a tenor del desenlace, parece haber dado sus frutos. “El grave deterioro de la situación de seguridad [en Congo]”, dijo en una nota el departamento, “bloqueó a un grupo de ciudadanos rumanos que actuaban en la zona a partir de un contrato privado”.

Según el comunicado, la misión en la que trabajaban estos soldados era de “entrenamiento”, pero los reportes elaborados y publicados por la ONU en los dos últimos años informan específicamente de su labor en la defensa activa del aeropuerto de Goma y del aeródromo de Kavumu, en la ciudad de Bukavu (Kivu Sur), posible nuevo objetivo del M23. Precisamente de Kivu Sur replegó ya sus tropas recientemente la Monusco, en una primera fase de retirada de sus cascos azules. Al menos tres militares rumanos han muerto en enfrentamientos solo durante el pasado año. El diario rumano Observator ha informado de que estos contratistas estarían ganando hasta 5.000 dólares al mes (unos 4.800 euros), muy por encima de lo que un combatiente extranjero puede ganar, sirva de ejemplo, en una contienda como la de Ucrania.

Aunque Congo Protection es la empresa militar privada con más personal en el terreno —comenzó con unos 300 hombres, pero se estima que ha llegado a reunir en torno a 900 contratistas— no es la única. Cinco meses antes de empezar a andar, en julio de 2022, Kinshasa firmó un acuerdo con una compañía de nueva creación, Agemira RDC, con sede jurídica en Bulgaria bajo la dirección del empresario franco-congoleño Olivier Bazin, veterano en el continente africano y en el teatro de operaciones.

A tenor de la información recopilada por el Grupo de Expertos de Congo para la ONU, Agemira RDC ha tenido entre sus empleados en el país africano a búlgaros, bielorrusos, georgianos, argelinos, franceses y congoleños. Si bien arrancó hace dos años y medio con unos 70 trabajadores —35 desplegados en el este y otros 35, en Kinshasa—, ahora contaría con alrededor de 100 contratistas a sueldo. Este comité de relatores, que trabaja bajo resolución del Consejo de Seguridad, otorga a Agemira RDC un rol predominante, esto es, vinculado a la estrategia a seguir por el ejército congoleño en su combate contra el M23 y sus aliados ruandeses. En un volatín solo posible en un contexto como la guerra, la propia guerrilla rebelde, asistida sin tapujos por fuerzas ruandesas, ha denunciado en varias ocasiones la participación de estos contratistas, calificados como “mercenarios”, junto con las fuerzas armadas congoleñas.