La Fiscalía de Italia investiga a Meloni por haber dejado escapar a un militar libio reclamado por crímenes contra la humanidad

La Fiscalía investiga a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, por malversación y por favorecer delitos. El motivo es la polémica puesta en libertad del jefe de policía y paramilitar libio Osama Almasri, reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y contra la humanidad, y que Italia liberó el pasado 21 de enero en un confuso trámite, que le ha sido difícil de explicar y justificar. Tanto, que el TPI ha mostrado su indignación por lo ocurrido y ha pedido explicaciones formales al Gobierno italiano.

Se trata del jefe de la terrible prisión del terror para migrantes de Libia donde se han denunciado numerosas torturas y violaciones de derechos humanos, delitos por los que se le acusa desde 2011. Según la orden de captura del TPI, Almasri es responsable, como director de la prisión de Mitiga, de al menos 35 homicidios y 22 agresiones sexuales, una de ellas a un niño de 5 años. En muchos casos, intervino personalmente, sostienen los jueces de La Haya.

El trasfondo de la cuestión es evidente para la oposición y las ONG: Italia depende de Libia para que haga el papel de policía malo y frene la inmigración en sus costas, y le financia para ello, junto a la UE, desde 2017, con poco escrutinio sobre sus métodos. En los dos días que siguieron a su arresto en Turín, el domingo 19, donde fue a ver un partido de la Juventus, llegaron de pronto a la isla de Lampedusa 500 personas. El martes ya estaba en un avión y llegó a Trípoli, donde fue recibido como un héroe y llevado a hombros por una multitud.

El Tribunal de Apelación italiano argumentó defectos de forma en su arresto. En realidad, faltaba una petición formal del ministro de Justicia, Carlo Nordio, que no movió un dedo, y los jueces explicaron que se vieron abocados a liberarlo. Al mismo tiempo y, por el contrario, el ministro de Interior, Matteo Piantedosi, se movió con rapidez para repatriar al fugitivo en un avión del Estado italiano, ni siquiera uno de línea. En una comparecencia parlamentaria, Piantedosi justificó la decisión diciendo que se trataba de un “sujeto peligroso”. Ambos ministros son también investigados, al igual que el subsecretario del Ejecutivo que gestiona los servicios secretos, Alfredo Mantovano.

Ha sido la propia Meloni la que ha desvelado el asunto en un vídeo colgado en redes sociales, subrayando que se trata del mismo fiscal que imputó a Matteo Salvini por el caso Open Arms, donde ha sido absuelto en primera instancia. También ha afirmado que la investigación parte de una denuncia de Luigi Li Gotti, de 78 años, a quien definió como “un expolítico de izquierda” y “muy cercano a Romano Prodi”, exprimer ministro de centro-izquierda. Fue subsecretario en uno de sus gobiernos, pero en sus inicios empezó, como la propia Meloni, en el partido posfascista MSI. También ha añadido que ha sido abogado defensor de arrepentidos de Cosa Nostra.

La líder de la ultraderecha, que se halla en pleno choque con la magistratura por la reforma de la carrera judicial, ha advertido: “No soy chantajeable y no me van a intimidar”. Es difícil prever el recorrido que puede llegar a tener el caso, pero lo que es seguro es que a partir de ahora será un campo de batalla explosivo en el debate político.

En su monólogo en vídeo, Meloni se defiende con los argumentos que ya ha manejado estos días el Gobierno, y que numerosos juristas y expertos han considerado poco consistentes. Insinúa que había alguna intención misteriosa en que le tocara a Italia arrestar al criminal, se supone que para poner en dificultades a Meloni con intención política. Porque antes había pasado por otros países europeos, que no habían actuado. Además, la primera ministra repite que la solicitud de arresto se tramitó mal y tuvieron que ponerlo en libertad por vicios de forma. No obstante, había muchas maneras de salvar este obstáculo, han explicado estos días juristas y magistrados. El propio TPI criticó que el criminal fue puesto en libertad y enviado a Libia “sin aviso previo o consulta”.

“Curiosamente”, dice Meloni con retintín, el TPI emitió la orden el 18 de enero, “cuando esta persona estaba a punto de entrar en territorio italiano después de que durante 12 días hubiera pasado serenamente por tres países europeos”. En realidad, la orden se activó en Interpol cuando tuvieron pistas de Almasri, porque ese día alquiló un coche a su nombre para ir a Italia y entonces se activó la alerta.

La primera ministra insiste además en que la petición de arresto no fue enviada al ministro de Justicia, como indica el protocolo, y por eso no fue convalidado por el Tribunal de Apelación de Roma. En realidad, la Fiscalía pasó dos días pidiendo la autorización al ministro para solventar este problema, pero nunca respondió, y por eso el juez no tuvo más remedio que ordenar la puesta en libertad del detenido. “En este punto, antes que dejar a este sujeto libre en territorio italiano, decidimos expulsarlo y repatriarlo inmediatamente por razones de seguridad”, arguye Meloni.