La primera ley de deportaciones de la era Trump deja al Partido Demócrata dividido

Donald Trump estrenó el lunes su segundo mandato como presidente de Estados Unidos con una avalancha decretos destinados a barrer la era de su predecesor, Joe Biden, y dar un brusco giro de timón a la política migratoria, energética y de diversidad. Aunque Trump forzó los límites de la autoridad ejecutiva, para muchas de sus prioridades no basta con los decretos presidenciales, sino que necesitan respaldo legal. El Congreso, de mayoría republicana, le ha servido en bandeja la primera ley de la nueva legislatura que permite al presidente poner el foco en una de esas prioridades: las deportaciones. La aprobación de la ley ha dejado al Partido Demócrata dividido sobre la cuestión.

El Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el miércoles por la tarde la ley Laken Riley, cuyo nombre es un homenaje a una estudiante de enfermería de Georgia que fue asesinada el año pasado por un inmigrante venezolano que previamente había sido detenido y puesto en libertad por un delito menor. La nueva ley, que encaja a la perfección en la política de Trump de deportaciones masivas, permite la detención y expulsión de los inmigrantes indocumentados que sean acusados de delitos, aunque no hayan sido juzgados ni declarados culpables.

La votación final se produjo el miércoles en la Cámara de Representantes y la ley fue apoyada en bloque por los congresistas republicanos y por 46 demócratas. El resultado global de la votación, con 263 votos a favor y 156 en contra, confirma el viraje de parte de los demócratas en la materia. La ley ya fue aprobada por la Cámara baja el año pasado, pero se atascó en el Senado, entonces controlado por el partido de Joe Biden. Ahora, los senadores demócratas han contribuido a desbloquear su tramitación por la vía rápida también en la Cámara alta.

La nueva norma exige al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detener a los inmigrantes no autorizados que sean acusados, detenidos o condenados por hurtos, robos y atracos no violentos y ordena que se mantengan bajo custodia hasta ser deportados. La propuesta se amplió en el Senado para incluir también a los acusados de agredir a un agente de policía o de delitos que hieran o maten a alguien. Con la ley anterior hacía falta haber sido condenado por dos delitos menores o por uno grave para la expulsión. El texto de la nueva norma también permite a los Estados demandar al Gobierno federal si pueden demostrar los daños causados por los inmigrantes que entran ilegalmente en el país.

Lo que la ley no incluye es nueva financiación para reforzar los medios del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El Departamento de Seguridad Interior ha calculado que la aplicación de la nueva ley costaría 26.900 millones de dólares en el primer año, incluido un aumento de 110.000 camas de detención del ICE. Trump quiere que se destinen nuevos fondos a migración en una nueva ley que también sirva para prorrogar las rebajas de impuestos de su anterior mandato, que vencen a finales de este año. Para hacer frente a nuevos gastos y menos ingresos sin aumentar el ya desbocado déficit público será necesario abordar recortes en otras partidas.

Críticas progresistas

Parte de los demócratas han criticado la ley por esa falta de financiación, pero otros lo han hecho por cuestión de principios, especialmente en el ala progresista del partido. “Es vergonzoso que la primera ley del nuevo Congreso ponga una diana en la espalda de millones de nuestros vecinos y aumente la militarización de nuestros barrios”, señaló en un comunicado la congresista por Míchigan Rashida Tlaib. “Es una violación flagrante de las garantías procesales y dará lugar a la detención y deportación obligatorias de personas que simplemente están acusadas de un delito, sin ni siquiera haber sido condenadas. Separará a las familias y conducirá a un aumento de los perfiles raciales. Dará aún más poder a Trump para desatar la deportación masiva en nuestras comunidades. Es una vergüenza que mis colegas cedan al alarmismo racista a la primera oportunidad de aprobar una ley para convertir a los inmigrantes en chivos expiatorios y alimentar el odio en nuestras comunidades”, añadió.

“Quiero que el pueblo estadounidense sepa con los ojos bien abiertos, lo que hay dentro de este proyecto de ley, porque estamos aquí justo dos días después de que el presidente Trump diera indultos incondicionales a criminales violentos que atacaron la capital de nuestra nación el 6 de enero. Y estas son las personas que quieren que creamos que están tratando de, entre comillas, ‘mantener a los criminales fuera de las calles’, cuando están abriendo las compuertas”, dijo por su parte la congresista por Nueva York Alexandria Ocasio-Cortez en el debate en la Cámara de Representantes. “Al amparo de la tragedia, estamos viendo una erosión fundamental de nuestros derechos civiles en este proyecto de ley. Si una persona es acusada de un delito, si alguien quiere señalar con el dedo y acusar a alguien de robar en una tienda, será acorralado y puesto en un campo de detención privado y enviado a la deportación, sin un día en el tribunal, sin un momento para hacer valer sus derechos y su presunción de inocencia”, continuó.

Un buen grupo de miembros del Partido Demócrata, en especial de circunscripciones donde han sido elegidos con una mayoría ajustada, han visto cómo entre el electorado ha calado el mensaje de mano dura contra la inmigración irregular de Trump y han decidido apoyar la ley. Algunos incluso la han copatrocinado como los senadores por Arizona, Rubén Gallego, y por Pensilvania, John Fetterman.

Trump ha declarado una emergencia en la frontera con México y buena parte de sus primeros decretos han ido destinados a combatir la inmigración irregular. Trump ha decidido cancelar las peticiones de asilo y refugio, enviar tropas a la frontera, reforzar las barreras físicas y otras medidas excepcionales, a pesar de que el flujo de inmigrantes ha caído en los últimos meses a niveles inferiores a los del final de su primer mandato. La demonización de los inmigrantes y el discurso xenófobo contribuyeron de forma importante a su elección, al igual que en 2016.