Bruselas amplía la investigación sobre la red social X por las dudas sobre la moderación de sus contenidos

Bruselas ha ampliado la investigación que ya tenía abierta sobre X (antigua Twitter) en pleno desafío del multimillonario tecnológico y activista de ultraderecha Elon Musk, propietario de la plataforma. La Comisión Europea ha extendido la investigación que ya realizaba sobre la red social X, cuyo dueño es aliado estrecho del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, consistente en determinar si la compañía hace lo suficiente para moderar los contenidos que ofrece. Esta medida llega tras las reacciones de varios gobiernos europeos y grupos parlamentarios en la Eurocámara contra el hombre más rico del planeta con acusaciones de injerencia en las elecciones alemanas, por su apoyo al partido extremista Alternativa para Alemania (AfD), y con la sospecha de que su actitud haya estimulado actitudes desafiantes por parte de otros gigantes tecnológicos como Meta.

El paso que da la Comisión este viernes consiste, concretamente, en agrandar en tres frentes el expediente que ya tiene abierto sobre X desde diciembre de 2023. El primero se trata de exigirle que antes del 15 de febrero le envíe documentación sobre el sistema de recomendación de contenidos a sus usuarios y los cambios recientes que haya podido añadir en ese mecanismo. El segundo pasa por una orden de conservación de los documentos internos e información sobre cambios en los algoritmos que emplee entre el 17 de enero -es decir, este viernes- y el 31 de diciembre de 2025. El último persigue conocer e investigar cómo funciona la moderación de contenidos y la viralidad de sus cuentas.

La medida adoptada este viernes por el departamento que dirige la vicepresidenta de la Comisión Henna Virkkunen probablemente dilatará la resolución de la investigación ya abierta. Ese expediente se encontraba ya en la fase última, pues Bruselas había presentado unas conclusiones preliminares en las que acusaba a la empresa de incumplir el reglamento europeo de servicios digitales (DSA, por sus siglas en inglés) por “cómo la plataforma maneja los riesgos para el discurso cívico y los procesos electorales”. La compañía estadounidense había presentado sus alegaciones e, incluso, las había defendido este verano delante de las instructores de la investigación.

La ampliación del expediente abierto a X tiene mucho de simbólico y desborda los límites de la propia investigación dado que la actitud del propio Musk, con su activismo en favor de la ultraderecha en Europa, ha puesto a prueba las costuras del DSA y ha desafiado a varios gobiernos europeos (Alemania y Reino Unido). El respaldo sostenido del multimillonario de origen sudafricano a partidos euroescépticos y con escaso pedigrí democrático había levantado muchos recelos en la UE.

Y esto se acentuó todavía más cuando otro gigante tecnológico, Meta, acaudillada por Mark Zuckerberg, anunció que abandonaba su política de vigilancia y contraste sobre los bulos para pasar a un modelo en el que es la comunidad de sus redes sociales (Facebook, Instagram y Threads) quien haría ese trabajo, un sistema similar al que ya tiene X. Además, Zuckerberg llegó a acusar a la UE de institucionalizar la censura en el vídeo que anunció su giro.

“Entorno digital justo, seguro y democrático”

“Hoy [por este viernes] tomamos nuevas medidas para arrojar luz sobre la conformidad de los sistemas de recomendación de X por las obligaciones del DSA. Nos comprometemos a garantizar que todas las plataformas que operan en la UE respeten nuestra legislación, cuyo objetivo es que el entorno digital sea justo, seguro y democrático para todos los ciudadanos europeos”, ha expuesto Virkkunen en el comunicado en el que se informaba de la decisión adoptada.

El mismo texto señala que con estas medidas la Comisión pretende evaluar si X se ajusta a la norma y adoptar remedios sobre los posibles riesgos que pueda tener su actividad. Esta es una de las exigencias del reglamento de servicios digitales para las grandes plataformas digitales: ser transparentes y evaluar los riesgos que su actividad puede tener para el discurso cívico y democrático para adoptar los remedios necesarios si se detectan problemas.

Si la conclusión de las autoridades europeas fuera que X no cumple con sus obligaciones legales, la sanción podría ascender al 6% de la facturación global de la red social. Y si después de eso, la compañía siguiera en rebeldía frente la norma, entonces podría llegarse al extremo de que la Comisión Europea reclamara ante un juez la suspensión de la actividad de la empresa.

En la UE todavía no se ha llegado a dar este paso, que sí ordenó en Brasil un juez hace unos meses. Las batallas que tiene Bruselas con las grandes tecnológicas, hasta ahora, han caído más dentro del ámbito de las reglas del mercado y la competencia. En este campo, las multas impuestas hasta el momento han sido milmillonarias (la más alta por ahora se le ha impuesto a Google, más de 4.000 millones de euros). Pero eso no les ha disuadido en muchos casos de continuar buscando los límites de la norma e, incluso ir más allá.

Por esto último, la UE aprobó el reglamento de mercados digitales (DMA, por sus siglas en inglés) y también el DSA. Aunque el objeto de control es diferente en sendos reglamentos -uno se encarga de vigilar los mercados y el otro de que los contenidos de las plataformas sean legales y no pongan en riesgo a menores o la democracia- su concepto es similar. Revierten la carga de la prueba en el caso de los grandes operadores digitales para que los expedientes que se abren no acaben eternizándose y perdiendo eficacia.