Israel comete crímenes de guerra en Gaza por el desplazamiento forzoso de palestinos, según HRW

Israel ha cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad por el desplazamiento “forzado, masivo y deliberado” de casi toda la población de Gaza de forma repetida y “sin razón militar imperiosa” desde que comenzó la presente guerra en octubre de 2023, según un informe de Human Rights Watch (HRW) publicado este jueves. El texto añade que los planes de expulsar de manera permanente a los palestinos de la Franja, expresados por algunos miembros del Gobierno israelí, suponen “limpieza étnica”.

Esta organización humanitaria reclama que el Estado judío sea sancionado y que se deje de venderle armas —cita a Estados Unidos y Alemania— que suponen “un cheque en blanco para nuevas atrocidades”. Además, solicita que el Tribunal Penal Internacional (TPI) de La Haya investigue esas órdenes del ejército israelí de desplazamiento de cientos de miles de personas —afecta a 1,9 de los 2,3 millones de gazatíes— y la negativa al retorno impuesto. “Nadie puede negar los crímenes atroces que el ejército israelí está cometiendo contra los palestinos en Gaza”, señala Nadia Hardman, una de las autoras del informe.

Además, añade HRW, Israel incumple también las leyes por las que se rige la guerra y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) al destruir infraestructuras y edificios en “gran parte del territorio”. En algunos casos lo han hecho para crear corredores para el ejército o espacios vacíos que van a impedir el regreso de la población a esos lugares. Los ataques se suceden también sobre las vías de escape que señala el ejército, que ha destruido también de “manera intencionada” la infraestructura que necesita la población para sobrevivir. Entre ellos, hospitales, escuelas, infraestructuras de agua y energía, panaderías o tierras agrícolas.

“Israel ha violado flagrantemente su obligación de garantizar que los palestinos puedan regresar a sus hogares, arrasando prácticamente todo a su paso en amplias áreas”, según denuncia Hardman en el informe, de 154 páginas y titulado Sin esperanza, hambrientos y asediados: el desplazamiento forzoso de palestinos en Gaza por parte de Israel. Para su elaboración, se han realizado 39 entrevistas a gazatíes, se han analizado 184 órdenes de expulsión de la población y se han estudiado imágenes de satélite, vídeo y fotografías. En él se recuerda, además, que Israel nació como Estado en 1948 y que, desde entonces y protegido por un “muro de impunidad”, impide el derecho de retorno a los lugares de donde fueron expulsados el 80% de los habitantes de Gaza que son refugiados.

Sobre la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA, según sus siglas en inglés) pesan dos leyes que prohíben sus actividades aprobadas en el Parlamento israelí a finales de octubre. Hay, incluso, miembros del Gobierno que lidera el primer ministro Benjamín Netanyahu que no ocultan que la finalidad es expulsar a los palestinos de Gaza e instalar en la Franja a colonos judíos. “Es probable que las autoridades israelíes planeen hacer permanente el desplazamiento violento y organizado de palestinos de Gaza, quienes pertenecen a otro grupo étnico, en las zonas de amortiguación y los corredores de seguridad. Estas acciones de las autoridades israelíes constituyen una limpieza étnica”, alerta HRW.

El argumento de las autoridades de Israel de que esos movimientos forzados de palestinos se han de realizar así porque Hamás y otros grupos armados combaten entre los civiles, pero “la investigación de Human Rights Watch demuestra que esta afirmación es, en gran medida, falsa”. Israel, añade esta ONG, no asume sus obligaciones como “potencia ocupante” y bloquea en gran medida la ayuda humanitaria necesaria para los civiles como agua, electricidad y combustible. Además, “las órdenes de evacuación han sido inconsistentes, inexactas y con frecuencia no se han comunicado a los civiles con tiempo suficiente” o “no se han comunicado en absoluto”, señala el informe.

La campaña militar que Israel mantiene desde hace 13 meses en Gaza se ha cobrado ya más de 43.600 vidas. Desde hace cinco semanas, el ejército mantiene una férrea ofensiva en la zona septentrional del enclave palestino, con más de un millar de muertos y cientos de miles de desplazados, según la ONU. Esa operación en el norte es, según HRW, la última prueba de la estrategia aplicada por las tropas de ocupación con ese movimiento forzoso de la población.

El ejército israelí ha decidido investigar 16 de los ataques perpetrados por sus tropas con cerca de 300 de muertos en esa área norte de la Franja ante posibles casos de violación del derecho internacional, según publica este jueves el diario Haaretz. Una investigación que se abre, añade ese medio, ante posibles demandas a nivel internacional contra militares del Estado judío. Al menos un millar de personas han muerto desde octubre en esa zona septentrional del enclave palestino, según Naciones Unidas. La mayoría ha perdido la vida en ataques israelíes sobre edificios residenciales, refugios temporales o instalaciones públicas donde se cobijaban, según ese periódico.

Los objetivos de esos 16 ataques efectuados entre el 21 de octubre y el 2 de noviembre fueron Yabalia (6), Beit Lahia (6), Shati (2), Beit Hanun (1) y Ciudad de Gaza (1) con un total de al menos 285 muertos. La mayoría son edificios de viviendas, en dos casos el objetivo de los bombardeos fueron escuelas de la ONU que sirven de refugio a la población.

La investigación va a correr a cargo de un organismo militar dependiente del Estado Mayor conocido como Mecanismo FAA (Mechanism for Fact-Finding Assessments, en inglés), cuyo informe se traslada a la Fiscalía militar, que es la que decide si procede abrir proceso criminal. Pero, según casos previos, ese proceso puede durar años y no servirá más que para “encubrir actos ilegales”, entienden organizaciones de derechos humanos.

“La mayoría de ellas se cierran sin iniciar una investigación penal contra los involucrados”, añade Haaretz, que define ese mecanismo militar como un instrumento para defender a sus tropas en caso de acusaciones de crímenes de guerra. Al abrir una investigación por la parte israelí, se frena la posibilidad de que se lleve a cabo al mismo tiempo en otro sitio. Solo un caso de 664 abiertos en anteriores contiendas en Gaza acabó en acusación formal y fue por el robo en una casa del equivalente a unos 600 euros por parte de varios militares, según la ONG israelí Yesh Din.

El mayor de esos ataques tuvo lugar el 29 de octubre contra el edificio de cinco plantas de la familia Abu Nasser en Beit Lahia, con un total de 94 muertos, según el diario israelí. Describe escenas de numerosos cadáveres mostradas en vídeos y a menudo publicadas en redes sociales, pues las autoridades israelíes siguen impidiendo el acceso a los periodistas a la Franja, donde han muerto durante esos ataques más de 120 reporteros o empleados de medios de información, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, según sus siglas en inglés).

Ya el pasado junio, la ONU acusó a Israel de crímenes de guerra y lesa humanidad por sus ataques en Gaza en reacción a la matanza liderada por Hamás el 7 de octubre de 2023 en el que fueron asesinadas en territorio israelí unas 1.200 personas y otras 250, entre civiles y militares, fueron secuestradas, de las que 101 siguen en el enclave palestino, según las autoridades del Estado judío.

El Derecho Internacional Humanitario (DIH) y los Convenios de Ginebra consideran crimen de guerra el homicidio intencional, la tortura, la deportación o el traslado ilegal o el confinamiento ilegal de personas, los ataques intencionados contra la población civil y contra bienes civiles que no constituyen objetivos militares, o el asesinato de prisioneros de guerra.

Uno de los principios fundamentales en el DIH es el de proporcionalidad, que prohíbe a las partes responder a un ataque con violencia excesiva. Es de lo que está siendo acusado Israel, cuyos efectivos, según las acusaciones de organizaciones humanitarias y la ONU, no diferencian entre civiles y combatientes. Rigen, también, otros dos principios, como el de precaución, que insta a hacer todo lo posible para evitar daños a civiles, y el de la distinción, que obliga a discriminar claramente los objetivos. Ninguno de ellos los está cumpliendo el ejército israelí: según la ONU, casi el 70% de los más de 43.000 muertos son mujeres y menores.

Si los tribunales del lugar en el que se han cometido los actos no son capaces de juzgarlos, queda en manos del Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya (Países Bajos). Se consideran responsables de esos crímenes a personas a título individual. También pueden investigarlos y juzgarlos cualquier Estado, bajo el principio de jurisdicción universal. En el caso de los Estados, corresponde a la Corte Internacional de Justicia, también con sede en La Haya y que depende de la ONU.