Dimite el fiscal general de Ucrania por una red de sobornos organizada para librar a funcionarios del alistamiento

El fiscal general de Ucrania, Andrii Kostin, ha dimitido este martes por un escándalo de corrupción que llevaba semanas provocando la ira de la opinión pública. Kostin deja su puesto tras las críticas vertidas contra él por el propio presidente, Volodímir Zelenski. Los medios y la policía revelaron que Tatiana Krupa, jefa de la Comisión de Expertos Médicos del Estado (MSEC, por sus siglas en ucranio) en la provincia de Jmelnitski, había amasado una fortuna en sobornos para expedir documentos falsos de invalidez, para que el beneficiado recibiera una pensión y, sobre todo, para librarse de ser reclutado por el ejército. Medio centenar de estos eran funcionarios de la fiscalía de Jmelnitski. Kostin ha justificado su marcha porque no ha sabido hacer frente a la situación.

Hay mucha tensión en la sociedad ucrania por la corrupción, es la válvula de escape de la rabia y el agotamiento tras dos años y ocho meses de guerra. Una encuesta presentada este martes en Kiev, desarrollada por la Fundación por la Investigación en el Futuro, indica que la lucha contra la corrupción es el ámbito en el que menos se ha avanzado desde el inicio de la invasión en 2022, según la opinión del 79% de los ucranios.

Es habitual en las entrevistas que EL PAÍS ha realizado este año con civiles que estos esgriman la corrupción como la razón por la que quieren evitar incorporarse a filas. Y casos como el conocido el 5 de octubre en Jmelnitski son los que irritan más a la población. Los Servicios de Seguridad de Ucrania (SSU) comunicaron aquel día que habían encontrado 6 millones de dólares (5,5 millones de euros) en metálico en un registro en el domicilio de Krupa. En su oficina también hallaron 104.000 dólares en metálico ingresados en dos días de octubre para sellar documentos de invalidez a 30 personas. Esto supone que el soborno por persona era de hasta 3.600 euros.

El medio Censor Net desveló que 49 de los beneficiados son funcionarios de la fiscalía provincial. Estos documentos de invalidez permitían a estas personas recibir subsidios de hasta 17.000 euros anuales, según Censor Net. Pero la principal finalidad es salvarse de ir al frente. Algunos casos son anteriores a la guerra pero la mayoría son recientes. El modus operandi es similar al que muchos hombres utilizan para salir del país o para salvarse de ser reclutados: mediante el pago de la mordida, un funcionario de la MSEC entrega un documento de invalidez para un familiar directo y el beneficiado es nombrado persona responsable de esta persona supuestamente dependiente. Esto le libra de la movilización militar y levanta menos sospechas que si él mismo tiene que presentar un documento de invalidez.

También en Mikolaiv

La policía también halló este martes 450.000 dólares en metálico en la residencia de la jefa de la MSEC en la provincia de Mikolaiv. La fiscalía general solicitó el registro del domicilio porque había detectado que la acusada había adquirido tres nuevas viviendas y las había donado a su hijo.

Los sobornos pueden darse en la MSEC pero también en las oficinas de reclutamiento del ejército, por ejemplo, para conseguir que la revisión médica indique que esa persona no es apta para el servicio militar. Fue sonado en 2023 el caso del jefe de la oficina de alistamiento de Odesa, Yevgen Borisov, del que se descubrió que durante la guerra había adquirido un chalé en Marbella por 2,7 millones de euros. Zelenski relevó en agosto de 2023 a todos los jefes de las oficinas provinciales de reclutamiento por la acumulación de denuncias.

La caída de Kostin es la segunda más importante durante la guerra en el poder judicial ucranio. El presidente del Tribunal Supremo Vsevolod Kniaziev fue detenido en 2023 tras ser acusado de recibir un soborno de 2,5 millones de euros. En septiembre fue cesado Gizo Uglava, subdirector de la Oficina Anticorrupción, porque se había detectado una presunta filtración por parte de su equipo de información confidencial a investigados.

El fiscal general ya estaba en la cuerda floja desde el pasado verano cuando medios ucranios informaron de que la pareja del vice fiscal general era reciente propietaria de activos inmobiliarios 10 veces superiores a sus ingresos anuales. Durante la guerra se han disparado las donaciones a esposas o a madres de propiedades que eran de sus esposos o hijos.

Zelenski ha reconocido este martes que el sistema de sobornos en la Administración es generalizado: “No se trata solo de fiscales. Hay cientos de casos de invalidez injustificada en el servicio de aduanas, en hacienda, en la seguridad social y en administraciones locales”. El presidente ha indicado que las comisiones médicas deben ser “abolidas” y sustituidas por un sistema digital de verificación centralizado. La situación y el agotamiento por la guerra está pasando factura al jefe de Estado: según la encuesta de la Fundación para la Investigación en el futuro, solo un 13% de la ciudadanía confía en él, siendo la media de confianza en todas las instituciones públicas del 27%.

Este escándalo es también reflejo del compromiso de Kiev de reformar el país para llevarlo a la Unión Europea, pero sobre todo del escaqueo masivo en Ucrania para evitar incorporarse a filas. El ejército ucranio sufre un grave déficit de tropas, como explicaron a este diario militares destacados en Donetsk hace unos días. La falta de esperanza de revertir la negativa situación en el frente también ha provocado un aumento alarmante de deserciones en las Fuerzas Armadas. La fiscalía general ha registrado casi 100.000 fugas en el ejército en lo que va de guerra, la mitad, este 2024.